Así montaron los 'paras' su proyecto de aceite de palma

Replicando el modelo que utilizaron a inicios de los años 90 en el Urabá y en la región de Tulapas (Córdoba), los paramilitares comandados por los hermanos Castaño desplazaron a centenares de personas de las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó para desarrollar el proyecto agroindustrial de aceite de palma en el departamento del Chocó. Varios fueron los cerebros detrás del masivo éxodo, sin embargo, gran parte del proceso estuvo liderado por Sor Teresa Gómez, la reina del despojo.

Todo comenzó con la operación 'Génesis' en febrero de 1997, adelantada por militares de la Brigada XVII del Ejército –comandada por el polémico general (r) Rito Alejo del Río– y miembros de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), quienes a sangre y fuego tomaron control de las cuencas de los ríos Cacarica, Salaquí y Truando del municipio Ríosucio (Chocó), hasta llegar al bajo Atrato chocoano, donde se encuentran las cuencas de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó, jurisdicción Carmen del Darién.

Desde ese momento, según han relatado distintos comandantes paramilitares de la región –como Hebert Veloza, alias 'H.H.', Fredy Rendón Herrera, alias el 'Alemán', Raúl Hasbún, alias 'Pedro Bonito' e Ignacio Roldán Pérez, alias 'Monoleche'–, Vicente Castaño puso como objetivo iniciar un plan de explotación de aceite de palma para favorecer los intereses económicos de la organización. Sin embargo, el primer obstáculo eran las comunidades raízales afrodescendientes, por lo que se ideó una estrategia que consistió en presionar a los habitantes, amenazarlos y obligarlos a vender sus tierras por precios irrisorios.

Fue entonces que apareció sor Teresa Gómez, la mano derecha de Vicente Castaño y quien en ese entonces manejaba todos los negocios de la familia. Según el fallo de 356 páginas del juzgado quinto especializado de Medellín, Gómez llegó a la región para implementar un modelo similar al que se había utilizado en Córdoba y Urabá con la Fundación para la Paz de Córdoba (Funpazcor). A finales de 1998 la Casa Castaño ya había gestado alianzas con empresario de palma para financiar el proyecto y comprar las tierras –algunas de ellas baldías y otras adjudicadas en el 2000 por el Instituto de Reforma Agraria (Incora) a las comunidades negras– de forma irregular.

El 28 de junio de 2001 se constituyó entonces la Asociación de Productores Agrícolas de Belén de Bajirá (Asoprobeba), cuya representante legal era Sor Teresa. La riqueza hídrica de las cuencas de Jiguamiandó y Curvaradó se convirtió un fortín para los paramilitares. Las víctimas señalaron entonces que 'paras' bajo el mando de Sor Teresa comenzaron a amenazarlos y a obligarlos a vender sus tierras a través de registros falsos y a precios irrisorios, al punto que la hectárea no sobrepasaba los $200.000.

La Palma Africana comenzó a emerger en tierras chocoanas y también los líos con distintas sociedades también. La primera en empresa en ser constituida fue Urapalma, creada el 30 de diciembre de 1999 gracias al apoyo de Vicente Castaño y la asesoría de Sor Teresa. Aparecieron entonces Javier José Daza Pretelt –hoy preso en Panamá–, Katia Sánchez Mejía y su esposo Hernán Iñigo de Jesús Gómez. Los dos primeros fungieron como representantes legales de la empresa y el tercero como la mano derecha de los Castaño.

Uno de los testigos que permitió conocer en detalle como estas personas desplazaron a las familias de Curvaradó y Jiguamiandó fue Carlos Daniel Merlano, un hombre que aceptó su responsabilidad y reveló que la idea para empezar a recibir créditos del Finagro (Fondo para el financiamiento par el sector agropecuario) consistió en crear empresas fachadas, especialmente asociaciones de pequeños cultivadores. Con estas figuras tendrían garantizado el financiamiento de sus actividades.

Otro de los implicados es Juan José Palacios, alias el 'Diablo', un desmovilizado que aparecía como fundador de ciertas sociedades vinculadas a Urapalma, pero en realidad era el encargado de llevar la plata que Sor Teresa entregaba para la compra de predios. Asimismo, se evidenció que era uno de los más cercanos a Daza Pretelt. Entre los condenados está Mario León Pacheco, quien fungía como representante legal de la Asociación de Pequeños Cultivadores, sociedad que pedía los créditos a favor de Urapalma.

Para las autoridades uno de los cerebros de toda la operación fue el abogado Mario Alberto Vélez Giraldo, un hombre que era del círculo más cercano de Carlos Castaño y a través de resoluciones falsas compró centenares de hectáreas que luego vendió a empresarios que estaban deseosos de ingresar al negocio. El cliente principal de Vélez Giraldo fue Gabriel Jaime Sierra Moreno, un hombre de negocios que se interesó en la explotación de Palma Africana y, según el jefe paramilitar 'Pedro Bonito', hasta se entrevistó con Vicente Castaño para pedirle su autorización.

Sierra Moreno compró ilegalmente varios predios, especialmente tres grandes baldíos adjudicados irregularmente por el Incora y terrenos de 52 familias que terminaron perdiendo todo lo que tenían por culpa de uno de los miembros de su comunidad. En total, Sierra Moreno se apropió de más de 4.500 hectáreas para que su empresa Palmas del Curvaradó explotara el terreno. Su principal aliado fue el raizal Manuel Denis Blandón, representante de familias desplazadas de Jiguamiandó y curiosamente uno de los denunciantes de estos hechos.

En el fallo se estableció que junto a Sierra Moreno –quien supuestamente financió al Frente paramilitar Arlex Hurtado–, Denis Blandón permitió el despojo de 405 hectáreas que pertenecían a 52 familias. Al parecer, el líder de la comunidad instó a sus pares a vender por precios irrisorios las tierras con la promesa hacer parte de una sociedad que recibiría parte de la productividad del trabajo que realizara la empresa Palmas del Curvaradó. Sin embargo, está situación nunca se dio y, según la Fiscalía, Denis ocasionó el desplazamiento "abjurando de su condición de afrodescendiente al presionar a sus coterráneos para que cedieran a las exigencias de los poderosos compradores".

Entre los otros condenados están Sor Enid Ospina Rendón, representante legal de Inversiones Agropalma y persona cercana a 'Monoleche'. Según el fallo, esta mujer sostenía importantes relaciones con Urapalma. Asimismo, entre los sentenciados están los desmovilizados Remberto Manuel Álvarez y Dagoberto Montiel, quienes fueron socios fundadores de la Asociación Colombiana de Pequeños Cultivadores (Acopalma). Álvarez fungió como representante legal y, además de propiciar los desplazamientos, su rol era conseguir créditos a favor de la organización criminal para explotar el aceite de palma.

La mayoría de los procesados fueron condenados por los delitos de concierto para delinquir, desplazamiento forzado e invasión de áreas de especial importancia ecológica, ya que se comprobó que el proyecto agroindustrial para la explotación de Palma Africana alteró la biodiversidad del suelo y agua y, además, secó ciénagas. En conclusión para para la jueza Sor Teresa fue uno de los pilares de este despojo, ya que "se hallan un cúmulo de declaraciones que asocian a la procesada con la estructura paramilitar, cuya función fue ser parte de las negociaciones que se realizaron de los terrenos de las comunidades de las cuencas de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó, además que algunos de los testigos la relacionaron con fundaciones de las cuales era propietario Vicente Castaño, como Asoprobeda y Funpazcor".
 

Replicando el modelo que utilizaron a inicios de los años 90 en el Urabá y en la región de Tulapas (Córdoba), los paramilitares comandados por los hermanos Castaño desplazaron a centenares de personas de las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó para desarrollar el proyecto agroindustrial de aceite de palma en el departamento del Chocó. Varios fueron los cerebros detrás del masivo éxodo, sin embargo, gran parte del proceso estuvo liderado por Sor Teresa Gómez, la reina del despojo.

Todo comenzó con la operación 'Génesis' en febrero de 1997, adelantada por militares de la Brigada XVII del Ejército –comandada por el polémico general (r) Rito Alejo del Río– y miembros de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), quienes a sangre y fuego tomaron control de las cuencas de los ríos Cacarica, Salaquí y Truando del municipio Ríosucio (Chocó), hasta llegar al bajo Atrato chocoano, donde se encuentran las cuencas de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó, jurisdicción Carmen del Darién.

Desde ese momento, según han relatado distintos comandantes paramilitares de la región –como Hebert Veloza, alias 'H.H.', Fredy Rendón Herrera, alias el 'Alemán', Raúl Hasbún, alias 'Pedro Bonito' e Ignacio Roldán Pérez, alias 'Monoleche'–, Vicente Castaño puso como objetivo iniciar un plan de explotación de aceite de palma para favorecer los intereses económicos de la organización. Sin embargo, el primer obstáculo eran las comunidades raízales afrodescendientes, por lo que se ideó una estrategia que consistió en presionar a los habitantes, amenazarlos y obligarlos a vender sus tierras por precios irrisorios.

Fue entonces que apareció sor Teresa Gómez, la mano derecha de Vicente Castaño y quien en ese entonces manejaba todos los negocios de la familia. Según el fallo de 356 páginas del juzgado quinto especializado de Medellín, Gómez llegó a la región para implementar un modelo similar al que se había utilizado en Córdoba y Urabá con la Fundación para la Paz de Córdoba (Funpazcor). A finales de 1998 la Casa Castaño ya había gestado alianzas con empresario de palma para financiar el proyecto y comprar las tierras –algunas de ellas baldías y otras adjudicadas en el 2000 por el Instituto de Reforma Agraria (Incora) a las comunidades negras– de forma irregular.

El 28 de junio de 2001 se constituyó entonces la Asociación de Productores Agrícolas de Belén de Bajirá (Asoprobeba), cuya representante legal era Sor Teresa. La riqueza hídrica de las cuencas de Jiguamiandó y Curvaradó se convirtió un fortín para los paramilitares. Las víctimas señalaron entonces que 'paras' bajo el mando de Sor Teresa comenzaron a amenazarlos y a obligarlos a vender sus tierras a través de registros falsos y a precios irrisorios, al punto que la hectárea no sobrepasaba los $200.000.

La Palma Africana comenzó a emerger en tierras chocoanas y también los líos con distintas sociedades también. La primera en empresa en ser constituida fue Urapalma, creada el 30 de diciembre de 1999 gracias al apoyo de Vicente Castaño y la asesoría de Sor Teresa. Aparecieron entonces Javier José Daza Pretelt –hoy preso en Panamá–, Katia Sánchez Mejía y su esposo Hernán Iñigo de Jesús Gómez. Los dos primeros fungieron como representantes legales de la empresa y el tercero como la mano derecha de los Castaño.

Uno de los testigos que permitió conocer en detalle como estas personas desplazaron a las familias de Curvaradó y Jiguamiandó fue Carlos Daniel Merlano, un hombre que aceptó su responsabilidad y reveló que la idea para empezar a recibir créditos del Finagro (Fondo para el financiamiento par el sector agropecuario) consistió en crear empresas fachadas, especialmente asociaciones de pequeños cultivadores. Con estas figuras tendrían garantizado el financiamiento de sus actividades.

Otro de los implicados es Juan José Palacios, alias el 'Diablo', un desmovilizado que aparecía como fundador de ciertas sociedades vinculadas a Urapalma, pero en realidad era el encargado de llevar la plata que Sor Teresa entregaba para la compra de predios. Asimismo, se evidenció que era uno de los más cercanos a Daza Pretelt. Entre los condenados está Mario León Pacheco, quien fungía como representante legal de la Asociación de Pequeños Cultivadores, sociedad que pedía los créditos a favor de Urapalma.

Para las autoridades uno de los cerebros de toda la operación fue el abogado Mario Alberto Vélez Giraldo, un hombre que era del círculo más cercano de Carlos Castaño y a través de resoluciones falsas compró centenares de hectáreas que luego vendió a empresarios que estaban deseosos de ingresar al negocio. El cliente principal de Vélez Giraldo fue Gabriel Jaime Sierra Moreno, un hombre de negocios que se interesó en la explotación de Palma Africana y, según el jefe paramilitar 'Pedro Bonito', hasta se entrevistó con Vicente Castaño para pedirle su autorización.

Sierra Moreno compró ilegalmente varios predios, especialmente tres grandes baldíos adjudicados irregularmente por el Incora y terrenos de 52 familias que terminaron perdiendo todo lo que tenían por culpa de uno de los miembros de su comunidad. En total, Sierra Moreno se apropió de más de 4.500 hectáreas para que su empresa Palmas del Curvaradó explotara el terreno. Su principal aliado fue el raizal Manuel Denis Blandón, representante de familias desplazadas de Jiguamiandó y curiosamente uno de los denunciantes de estos hechos.

En el fallo se estableció que junto a Sierra Moreno –quien supuestamente financió al Frente paramilitar Arlex Hurtado–, Denis Blandón permitió el despojo de 405 hectáreas que pertenecían a 52 familias. Al parecer, el líder de la comunidad instó a sus pares a vender por precios irrisorios las tierras con la promesa hacer parte de una sociedad que recibiría parte de la productividad del trabajo que realizara la empresa Palmas del Curvaradó. Sin embargo, está situación nunca se dio y, según la Fiscalía, Denis ocasionó el desplazamiento "abjurando de su condición de afrodescendiente al presionar a sus coterráneos para que cedieran a las exigencias de los poderosos compradores".

Entre los otros condenados están Sor Enid Ospina Rendón, representante legal de Inversiones Agropalma y persona cercana a 'Monoleche'. Según el fallo, esta mujer sostenía importantes relaciones con Urapalma. Asimismo, entre los sentenciados están los desmovilizados Remberto Manuel Álvarez y Dagoberto Montiel, quienes fueron socios fundadores de la Asociación Colombiana de Pequeños Cultivadores (Acopalma). Álvarez fungió como representante legal y, además de propiciar los desplazamientos, su rol era conseguir créditos a favor de la organización criminal para explotar el aceite de palma.

La mayoría de los procesados fueron condenados por los delitos de concierto para delinquir, desplazamiento forzado e invasión de áreas de especial importancia ecológica, ya que se comprobó que el proyecto agroindustrial para la explotación de Palma Africana alteró la biodiversidad del suelo y agua y, además, secó ciénagas. En conclusión para para la jueza Sor Teresa fue uno de los pilares de este despojo, ya que "se hallan un cúmulo de declaraciones que asocian a la procesada con la estructura paramilitar, cuya función fue ser parte de las negociaciones que se realizaron de los terrenos de las comunidades de las cuencas de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó, además que algunos de los testigos la relacionaron con fundaciones de las cuales era propietario Vicente Castaño, como Asoprobeda y Funpazcor".