En ningún otro país del mundo el banano ha tenido una relación tan estrecha con el conflicto como en Colombia. Los hechos que derivan de su cultivo, de los sindicatos que nacieron alrededor de esos cultivos, de los empresarios que querían enriquecerse con este fruto, determinaron el camino que siguió la guerra tanto en el Urabá como en Magdalena. En ambas regiones operó la guerrilla, hubo enfrentamientos con las compañías bananeras y surgieron grupos paramilitares. La guerra, sin embargo, no ha sido la misma en esas regiones. Tampoco su desenlace.
Determinar el futuro de dos exparamilitares llamados José Gregorio Mangones Lugo y Ómar Enrique Martínez Ossías, más conocidos como Carlos Tijeras y Maicol, respectivamente, fue el pretexto en el que se basó el magistrado Eduardo Castellanos Roso para llevar a cabo una importante tarea: reconstruir acuciosamente la historia del conflicto en los dos mayores enclaves bananeros del país. Mangones Lugo y Martínez Ossías, integrantes del frente William Rivas, que a su vez era un apéndice del Bloque Norte de las Auc, resultaron ser una buena excusa para sumergirse en el pasado de las guerrillas y el paramilitarismo.
La lectura del fallo tuvo lugar hace dos días, en una sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, en el centro de la capital. El Espectador tuvo acceso a buena parte del documento –en la audiencia apenas se resumieron algunos puntos claves– y constató el trabajo juicioso del magistrado Castellanos quien, consultando otras sentencias, libros, reportes académicos o medios de comunicación, se dio a la tarea de dejar plasmado en un documento oficial cómo el Urabá y Magdalena han vivido el conflicto de una manera tan parecida y tan diferente al mismo tiempo.
Esta es la historia que reconstruyó el Tribunal Superior de Bogotá, a través de la ponencia del magistrado Castellanos.
Así empezó todo
El Urabá apenas empezó a ser colonizado hacia los años 50, por ello las empresas bananeras no llevan más de 70 años en esta, la llamada “mejor esquina” de Colombia. Otra cosa vio el Magdalena, donde el negocio del fruto comenzó desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX, justo cuando había un boom del agro. El primer factor común, eso sí, fueron las condiciones laborales: viviendas improvisadas e inhabitables, desprotección en salud, jornadas eternas. En Magdalena los salarios eran bonos solo redimibles en tiendas de las mismas empresas; en el Urabá ni siquiera había salarios.
La guerrilla tradujo esas precariedades en “trabajo político”, aunque las relaciones entre grupos guerrilleros y sindicatos no fue igual en un lado y en otro.
En el Urabá, en los años 70, Farc y Epl lograron cooptar los sindicatos Sintrabanano y Sintagro, respectivamente. Para 1985 ya había 154 convenciones colectivas y el 87%de las fincas bananeras tenían afiliados. Los trabajadores consiguieron mejoras, aunque el interés de los empresarios de la época en hacer inversión social era poco o nulo. Pero no era solo un asunto de empatías: la guerrilla presionaba también secuestrando, asesinando, quemando producción, bloqueando vías. A la larga, hizo de los sindicatos un instrumento hasta que fueron declarados ilegales por el Gobierno a finales de los 80.
En Magdalena los nexos con los sindicatos no funcionaron así. En la región donde en diciembre de 1928 una protesta contra la United Fruit Company se convirtió en la masacre de las bananeras, “las guerrillas encontraron pocos espacios para hacer proselitismo en los sindicatos”. En los años 60 revivió el movimiento obrero, pero en los años 80, cuando llegaron las Farc, su trabajo fue marginal, en buena parte porque “la mayoría de integrantes del naciente Frente 19 eran oriundos de los Llanos Orientales y Boyacá, por lo que afrontaron dificultades para adaptarse a las costumbres de los habitantes y la geografía”.
En Magdalena, la estrategia fue entonces ganarse a los campesinos de otra forma: defender los intereses de colonos y jornaleros que cultivaban marihuana. La bonanza marimbera había comenzado en este departamento en los años 70 –así como en Cesar y La Guajira–. Luego fueron designados en el área comandantes como Julián Conrado, quien superó las diferencias culturales y lideró la “costeñización” de las Farc, volviéndose la banda sonora de la subversión. (Conrado se convirtió en un hombre fundamental para las Farc y se unió a las negociaciones en La Habana en enero del año pasado).
Estaba, además, el tema de la tierra: en el Urabá, la titulación de baldíos comenzó tan tarde como la colonización misma de la zona, por lo que había mucho desorden administrativo –nada distinto a lo que pasa hoy–. En Magdalena, al contrario, la titulación empezó desde el siglo XIX: entre 1861 y 1874 se adjudicaron 16.530 hectáreas. Se advierte que, desde esa época, la tierra en ese departamento tenía pocos dueños. Para no ir más lejos, en esos 13 años el 25% de las adjudicaciones se hicieron a nombre de solo cuatro hombres, cuyos apellidos siguen siendo sinónimo de poder en la región: Dávila, Campo, Díaz-Granados y Alzamora.
Las tierras eran, por supuesto, claves para el desarrollo bananero. Y los paramilitares, a los ojos de algunos empresarios, fueron un aliado esencial para controlar cualquier posible obstáculo a su enriquecimiento. En el Urabá asesinaron a decenas de sindicalistas, especialmente a los que lideraban huelgas. En el Magdalena cometían “homicidios por encargo” para eliminar “riesgos potenciales que pudiesen afectar la producción de guineo”.
El “boom” de la droga
En el Urabá, antes de guerrilla y paramilitares no hubo nada; en Magdalena hubo narcotráfico. Por eso en el Urabá la casa Castaño tenía una influencia mucho mayor, administrada por medio de un hombre de su entera confianza: Raúl Emilio Hasbún, quien fue el primer comandante paramilitar asignado a Magdalena también. En el Urabá, los “paras” tomaron ventaja de la guerra que las Farc les declararon a los desmovilizados del Epl; en Magdalena, los paramilitares de los Castaño tuvieron que declararle la guerra a más de un grupo al servicio del narcotráfico para poder apropiarse de la zona.
En 1991, el Ejército Popular de Liberación (Epl) pasó a ser el movimiento político Esperanza, Paz y Libertad. Los guerrilleros de las Farc no estaban contentos. Se sentían traicionados y del inconformismo pasaron a la violencia, persiguiendo a los desmovilizados del Epl, los “Esperanzados”. En los siguientes cuatro años, muchos “Esperanzados” se aliaron con sicarios de Vicente, Carlos y Fidel Castaño para defenderse, y con exguerrilleros en sus filas, los “paras” comenzaron el exterminio de sindicalistas y miembros del Partido Comunista y la Unión Patriótica.
Fue también en la década de los 90 cuando la casa Castaño quiso consolidarse en Magdalena. Paradójicamente, “varios de los hombres que envió Raúl Hasbún a Ciénaga provenían de la guerrilla del Epl”. Allí, sin embargo, la casa Castaño encontró un panorama distinto: a la bonanza marimbera la sucedió la bonanza cocainera, y con ésta surgieron nueve grupos armados ilegales. Había grupos como Los Chamizos, que mezclaban características de la mafia siciliana y los señores de la guerra de África. O como el de Los Rojas, que vendían seguridad a narcotraficantes.
Esas organizaciones y otras, como la de Hernán Giraldo, se oponían al control de los hermanos Castaño, pero ése no era siempre el caso. Giovanni Cianci, por ejemplo, conformó un grupo ilegal para los empresarios acaudalados que querían repeler los ataques de la guerrilla, con el apoyo de Vicente Castaño, de quien también era socio en palma africana. Otro grupo ilegal fue el que conformó Jorge Gnecco Cerchar, amigo personal de Vicente Castaño, con el propósito de evitar que la guerrilla afectara los intereses de la Drummond. El Tribunal le pide a la Fiscalía que aclare el asesinato de Cianci y la relación de Gnecco con los “paras”.
También, “para contribuir a la verdad histórica”, invita a la Fiscalía a establecer el rol de los hermanos Pepe y Lucas Gnecco Cerchar, “un sector importante de la élite política del Cesar”.
A través del caso Gnecco, el Tribunal explica que en Magdalena, a partir de 2001, los paramilitares empezaron a debilitarse por causa de sus propias guerras internas, situación que no tuvo lugar en el Urabá. A Gnecco, supuestamente, lo asesinaron por robarse un dinero de los “paras”. Por otro lado, correos de Carlos Castaño evidenciaron diferencias profundas con Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, a quien acusaba de haberse “apropiado” del Bloque Norte. Entre 2001 y 2005, además, se registraron ocho conflictos violentos entre jefes “paras”. Los motivos: “narcotráfico, insubordinaciones y venganzas personales”.
En Magdalena, los asuntos internos también fueron un factor en contra. Según el Tribunal, las Farc a comienzos del siglo XXI “perdieron su centralidad como actores del conflicto armado debido a la indisciplina interna; al Eln lo debilitaron “los ataques recurrentes de los grupos paramilitares contra la presunta base social”. La guerra sucia de los “paras” incluyó el asesinato de cientos de civiles, señalados de “auxiliadores”, los cuales se concretaban en dos perfiles: pescadores (que supuestamente transportaban alimentos y secuestrados para la guerrilla) y trabajadores sindicalizados (consecuencia de lo que había pasado en Urabá).
La política
En el Urabá, al principio, los sindicatos fueron utilizados por las Farc para hacer presión al proceso de paz con el presidente Belisario Betancur. Pero la región, despoblada hasta los años 50, no tenía una élite política tradicional, que no era el caso en Magdalena. Los candidatos al Congreso que en 2002 impusieron los “paras” venían de otras regiones de Antioquia, mientras que los candidatos en Magdalena pertenecían a familias tradicionales del departamento, “como los Vives, los Campo, los Pinedo y los Caballero”.
El Tribunal Superior de Bogotá se detiene a analizar que en Magdalena “el poder político y económico ha sido manejado por un grupo reducido de familias que se emparentaron entre sí”, que surgieron en el boom bananero: los Díaz-Granados, los Dávila, los Campo, los Alzamora y los Vives. Por la reducción de curules en el Congreso, miembros de las élites tradicionales de Magdalena vieron en los paramilitares su oportunidad de mantenerse en el poder. Aunque la parapolítica, advierte el fallo, tenía vertientes. Y no todos los políticos de familias tradicionales buscaron a los “paras” para hacerse elegir.
Para concluir, el Tribunal señala que es difícil pensar en salidas al conflicto si los alcaldes, gobernadores y congresistas, que tienen la misión de tomar medidas contra la pobreza (una de las causas del conflicto), se alían con actores armados. En Magdalena, desde 1992, casi todos los gobernadores han sido sancionados. Le hace un llamado especial a la Fiscalía para que, en esta época de elecciones que se viene, esté atenta a las maquinarias políticas aliadas con paramilitares y, sobre todo, para que detecte si personas que trabajaron con condenados por parapolítica están obstaculizando la implementación de la Ley de Víctimas.
El próximo 20 de agosto tendrá lugar la última lectura de fallo en relación con esta historia: allí, el Tribunal dará a conocer que los hombres a través de los cuales se reconstruyó la historia del banano y el conflicto colombiano, que son José Gregorio Mangones y Ómar Enrique Martínez Ossías, serán condenados a 40 años de prisión pero, como han cooperado con Justicia y Paz, serán beneficiados y solo estarán privados de la libertad ocho años. Ambos fueron responsable de operaciones sicariales en Magdalena entre 2001 y 2005. Sobre ellos, el Tribunal concluyó: “Asesinaron más a civiles que pertenecían a bandas de delincuencia común, que a los mismos combatientes o auxiliadores de la guerrilla”.
De guerrilleros a paramilitares
La expansión territorial del paramilitarismo en la región de Urabá estuvo mediada por las alianzas que establecieron exmilitantes del Ejército de Liberación Popular (Epl) con los grupos de autodefensas. La confrontación con las Farc, tras la desmovlización del EPL, motivó el ingreso de un número considerable de reinsertados del Epl a las filas paramilitares. El vínculo entre ambos grupos resultó efectivo para la misión expansionista de las Auc gracias a que conocían desde adentro el funcionamiento de la guerrilla y los contactos con Sintrainagro, el movimiento sindical más grande de la industria bananera.
Elkin Casarrubio, alias El Cura, fue uno de los hombres que, luego de dejar el Epl, se convirtieron en asesinos a sueldo de las autodefensas e integraron los llamados Comandos Populares. En sus inicios hizo parte del grupo de seguridad de Carlos Castaño, posteriormente fue enviado a Córdoba, pero regresó en 1997 para hacerles frente a las Farc en los lugares donde actuaba el bloque Bananero. El Cura hizo parte del grupo de paramilitares que cometieron la masacre de Mapiripán.
La masacre que marcó la historia del país
La masacre de las bananeras, uno de los capítulos más dolorosos de la historia colombiana, se constituyó como referente de la represión estatal ejercida sobre la protesta social. Miles de trabajadores de la multinacional bananera United Fruit Company entraron en huelga a finales de 1928, reclamando mejoras de sus condiciones laborales. El 12 de noviembre, unas 25.000 personas bloquearon las vías férreas de Ciénaga (Magdalena).
Tras este acto, el presidente de la época, Miguel Abadía Méndez, y su ministro de Guerra, Ignacio Rengifo, casi paranoicos ante la “amenaza comunista” que veían en las manifestaciones, conjuraron la tragedia.
Le ordenaron al general Carlos Cortés que recuperara el orden en la zona. Después de varias detenciones masivas de “revoltosos, incendiarios y asesinos”, como definía a quienes protestaban, en la madrugada del 6 de diciembre ordenó que se abriera fuego contra los manifestantes desarmados. No se sabe cuántos murieron.
Guerrilleros mataron a exguerrilleros
Durante las primeras horas del 23 de enero de 1994, la fiesta continuaba en el barrio La Chinita, de Apartadó (Antioquia), en donde, con el fin de recoger dinero para la escuela de la zona, se habían reunido unas 500 personas. Veinte guerrilleros del frente V de las Farc irrumpieron en la celebración en busca de desmovilizados del Epl. Asesinaron a 35 personas.
La masacre se dio por la animadversión que suscitó dentro de las Farc la entrega de armas de la mayoría de integrantes del Epl, que se aglutinaron en el proyecto político Esperanza, Paz y Libertad. A estos hechos se le suma el asesinato de varios dirigentes de ese movimiento que, paradójicamente, se rearmó parcialmente para defender su condición de desarmados.
Por DIANA CAROLINA DURÁN NÚÑEZ
