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Una red de apoyo a las disidencias de las Farc, que operaba en los departamentos de Meta y Boyacá, fue desarticulada por la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional. La organización integrada por cuatro hombres, uno de ellos oficial activo del Ejército, filtraba información reservada de los operativos de la Fuerza Pública, para beneficiar al grupo al margen de la ley.
Según la información entregada por la Fiscalía, las investigaciones le permitieron a su Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales ubicar a los cuatro hombres y capturarlos en Sogamoso (Boyacá) y Villaviencio (Meta). Un juez de control de garantías legalizó las capturas e impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.
Los capturados fueron identificados como Néstor Orlando Ricaurte Nossa, Otoniel Forero Mosquera, Jhon Alexander Ortiz Sánchez y Juan Sebastián Tangua Corzo; este último, teniente activo del Ejército. Los hombres, según la Fiscalía, no solo filtraban información privilegiada de las Fuerzas Militares, también estarían relacionados con el tráfico de armas de uso privativo.
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Las estrategias de la red criminal
El ente investigador detalló que los cuatro capturados tenían roles y responsabilidades bien definidas al interior de la red de criminal, cuyo principal objetivo era apoyar la acción de la subestructura 28 de las disidencias de las Farc, también conocida como subestructura José María Córdoba, que opera en los departamentos de Boyacá y Meta.
Uno de los principales roles lo cumpliría el teniente Juan Sebastián Tangua Corzo, a quien las investigaciones señalan de haber entregado información reservada y de carácter confidencial a los integrantes del grupo al margen de la ley. La información estaría siendo entregada por medio de canales digitales y, a cambio, el oficial recibía beneficios económicos de las disidencias.
“El oficial sería un colaborador directo de uno de los cabecillas de dicha estructura criminal, e incluso habría facilitado la entrega de material bélico y apoyado la recuperación de armas en operaciones militares”, reseñó la Fiscalía sobre el rol de este funcionario.
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Por su parte, Néstor Orlando Ricaurte Nossa sería el encargado de manejar las finanzas de la red criminal, todas obtenidas presuntamente a través de extorsiones a personas de la región. Ese dinero era reinvertido por estas personas para entregar sobornos que les permitieran acceder a la información privilegiada de las Fuerzas Militares.
La labor de Ricaurte Nossa sería apoyada por Otoniel Forero Mosquera, quien, según la Fiscalía, “sería el responsable de la logística financiera y militar en Villavicencio”. Las investigaciones indican que este hombre estaría recibiendo a integrantes de las disidencias de las Farc que viajaban del Cauca a Arauca para fortalecer su incidencia y acciones ilegales allí.
Finalmente, Jhon Alexander Ortiz Sánchez, conocido con el alias de “Ingeniero”, es señalado por el ente investigador de estar a cargo de la inteligencia de la red criminal en Arauca. Desde Villavicencio, sería el encargado de que los disidentes de las Farc se trasladaran entre departamentos sin peligro de ser detenidos por las autoridades, así como de negociar con armas, municiones y explosivos.
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Los detalles de la captura
En los operativos que adelantaron la Policía y la Fiscalía en Boyacá y Meta, las autoridades incautaron cerca de $12 millones en efectivo, 14 celulares, armas y municiones: una pistola, un fusil, dos tubos de mortero, dos cañones de ametralladora, tres silenciadores y 95 cartuchos calibre 38.
Las autoridades también hallaron 730 gramos de pasta base de coca, cuatro panelas de 3.985 gramos de clorhidrato de cocaína, así como materiales que serán claves para procesar a los implicados: dos libretas con manuscritos, una memoria USB, dos escrituras públicas, nueve vouchers de consignaciones y un computador portátil.
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A los cuatro hombres, durante una audiencia concentrada, el juez de control de garantías les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de terrorismo, cohecho propio, lavado de activos; fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos; y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Ninguno aceptó cargos; sin embargo, mantendrán en prisión de manera preventiva mientras avanza el proceso penal.
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