Así operaban los paramilitares en la región bananera del Urabá antioqueño

En una reciente sentencia del Tribunal Superior de Antioquia y en la que fueron restituidos once predios en Turbo (Antioquia) se retomó uno de los episodios más oscuros del conflicto armado colombiano. Esta región bananera, una de las más importanten del país, atrajo desde los años setenta y ochenta a empresarios locales e internacionales para exportar banano. A finales de los años ochenta, empezaron a nacer las primeros grupos contraguerrilleros y que luego terminaron siendo uno de los grupos paramilitares más sanguinarios en Colombia.

(En contexto: Así nació, creció y se apagó la guerra)

Según las denuncias de algunos campesinos de la región y exjefes paramilitares que comandaron esos grupos, las relaciones entre las empresas bananeras y los paramilitares fue estrecha, e incluso, los bananeros los habrían financiado a cambio de protección de la guerrilla. Sin embargo, los comerciantes de esta fruta niegan tajantemente estos vínculos. En el corregimiento de Nueva Colonia de Turbo (donde están ubicados los predios restituidos), el Frente Alex Hurtado del Bloque Bananero de las Autodefensas dominó con ley de hierro desde 1996, aproximadamente. Su líder era Raúl Emilio Hasbún, alias Pedro Bonito, quien durante esa época era un reconocido empresario bananero de Urabá. El hoy restituido predio La Niña, en Nueva Colonia, fue determinante en el propósito paramilitar en la zona. Para las familias campesinas de los once predios, todo su drama empezó en 1984, cuando llegaron a La Niña y se la dividieron “en parcelas de entre dos y tres hectáreas aproximadamente, y se dedicaron a la siembra de yuca, maíz y en mayor medida a plátano, producto que comercializaban por intermedio de la empresa Banacol”, dice la sentencia. Como se sabe, la comercializadora internacional se convirtió en todo un conglomerado industrial del banano.

Los paramilitares que habían llegado de Córdoba durante los años noventa se habían hecho camino cometiendo masacre tras masacre. El 4 de marzo de 1988, un grupo de 30 hombres armados y encapuchados, entraron a la fuerza en la hacienda Honduras, ubicada en un caserío conocido como Currulao en el municipio de Turbo (Antioquia). Allí Llegaron con una lista y masacraron a los 17 trabajadores bananeros que se encontraban allí. Este fue el primer campanazo que dieron los paramilitares y que comenzo una guerra sin cuartel en Urabá.

(Le puede interesar: 25 años de un tiempo de masacres)

En los años noventa, en Antioquia operaron unos grupos avalados por el gobierno nacional denominados las convivir. Se trataba de asociaciones de vigilancia y seguridad privada para autodefensa agraria —integradas por campesinos y hacendados—, creadas a partir de febrero de 1994 con la expedición del decreto 356, en el gobierno de César Gaviria. A Nueva Colonia y en todo Urabá operó la convivir Papagayo, dirigida por Antonio Arboleda quien, como dice el documento, “colaboró activamente con las AUC para lograr el control de la zona desde lo militar y facilitar el despojo de tierras a campesinos que explotaban predios en esta región”. Es decir, que las convivir habrían sido una simple fachada de los paramilitares. Las denuncias de los reclamantes señalan que, a comienzos de este siglo, el empresario bananero Felipe Echeverri Zapata convocó a los campesinos una reunión en la vereda La Teca, ubicada también en el Corregimiento de Nueva Colonia. A esta asistieron Rafael García alias El Viejo y Antonio Arboleda, quienes eran reconocidos jefes paramilitares del Bloque Bananero de las Autodefensas Unidas, liderado a su vez por alias Pedro Bonito. Según los campesinos, los paramilitares llegaron armados “buscando intimidar a los convocados a fin de que cedieran a la exigencia que se les imponía, que se dirigía a que pagaran cuatro millones de pesos por hectárea de tierra que detentaran, para supuestamente lograr la propiedad de la tierra”, dice el tribunal.

De acuerdo con la declaración que hizo el empresario bananero ante la Fiscalía delegada en los Juzgados Penales del Circuito de Turbo en 2005 y conocida por el portar periodístico Verdad Abierta, la familia Hasbún fue quien lo buscó para mediar un arreglo con los campesinos en la finca La Niña, que, según él, era propiedad de la Sociedad Emilio Hasbún S.A. "Dijo también que buscó a su amigo y asesor Antonio Arboleda, para que le ayudara a reunir a la gente que tenía el predio", dice el medio de comunicación.

Un fallo del mismo trubunal en 2008 contra dos exdirectores de esta convivir señaló que “el dominio de las autodefensas sobre la Convivir Papagayo era de tal magnitud, que prácticamente ambas organizaciones, una de origen legal y la otra una organización criminal, confluían en objetivos, actores y directivos”. Testimonios del mismo calibre volvieron a guiar la sentencia con la que se le devolvieron estos once predios diciendo que paramilitares y convivir se encargaban de ejercer el dominio de la zona “perpetrando extorsiones, homicidios, masacres, desplazamientos forzados y todo tipo de vejámenes contra la población civil”.

(Lea también: ​​​​​​Tribunal Superior de Antioquia pide investigar a empresarios bananeros del Urabá antioqueño)

Así las cosas, en 2001 los paramilitares empezaron exigirle pagos a los campesinos por la suma de cuatro millones de pesos que habrían sido gestionadas a través de Banacol. De acuerdo con el fallo de la Sala de Restitución del tribunal, “debe investigarse la participación que tuvieron los empresarios bananeros propietarios de Banacol, pues por conducto de esta empresa se hicieron deducciones de dinero a los campesinos reclamantes y a otros del mismo sector (como pagos exigidos para permanecer ocupando tierras inmersas en el predio baldío reservado de la Nación conocido como La Niña.

A pesar del fallo que restituyó los once predios, tres hectáreas de La Niña no fueron objeto de restitución debido a que “la sociedad Emilio Hasbún y Cia. mantuvo el derecho real de dominio, al haberse hallado construcciones y por lo tanto considerarse que la estaba explotando (…) sobre las cuales la sociedad continuó siendo propietaria”. En 2008, Raúl Hasbún cambió su testimonio luego de señalar que las convivir en Urabá fueron financiadas por las empresas bananeras, las mismas que, el Tribunal Superior de Antioquia pidió a la Fiscalía investigar por concierto para delinquir y financiación voluntaria a grupos paramilitares: Urabá S.A., Banacol y Uniban. No obstante, los empresarios bananeros han negado rotundamente haber financiado grupos paramilitares.

En una reciente sentencia del Tribunal Superior de Antioquia y en la que fueron restituidos once predios en Turbo (Antioquia) se retomó uno de los episodios más oscuros del conflicto armado colombiano. Esta región bananera, una de las más importanten del país, atrajo desde los años setenta y ochenta a empresarios locales e internacionales para exportar banano. A finales de los años ochenta, empezaron a nacer las primeros grupos contraguerrilleros y que luego terminaron siendo uno de los grupos paramilitares más sanguinarios en Colombia.

(En contexto: Así nació, creció y se apagó la guerra)

Según las denuncias de algunos campesinos de la región y exjefes paramilitares que comandaron esos grupos, las relaciones entre las empresas bananeras y los paramilitares fue estrecha, e incluso, los bananeros los habrían financiado a cambio de protección de la guerrilla. Sin embargo, los comerciantes de esta fruta niegan tajantemente estos vínculos. En el corregimiento de Nueva Colonia de Turbo (donde están ubicados los predios restituidos), el Frente Alex Hurtado del Bloque Bananero de las Autodefensas dominó con ley de hierro desde 1996, aproximadamente. Su líder era Raúl Emilio Hasbún, alias Pedro Bonito, quien durante esa época era un reconocido empresario bananero de Urabá. El hoy restituido predio La Niña, en Nueva Colonia, fue determinante en el propósito paramilitar en la zona. Para las familias campesinas de los once predios, todo su drama empezó en 1984, cuando llegaron a La Niña y se la dividieron “en parcelas de entre dos y tres hectáreas aproximadamente, y se dedicaron a la siembra de yuca, maíz y en mayor medida a plátano, producto que comercializaban por intermedio de la empresa Banacol”, dice la sentencia. Como se sabe, la comercializadora internacional se convirtió en todo un conglomerado industrial del banano.

Los paramilitares que habían llegado de Córdoba durante los años noventa se habían hecho camino cometiendo masacre tras masacre. El 4 de marzo de 1988, un grupo de 30 hombres armados y encapuchados, entraron a la fuerza en la hacienda Honduras, ubicada en un caserío conocido como Currulao en el municipio de Turbo (Antioquia). Allí Llegaron con una lista y masacraron a los 17 trabajadores bananeros que se encontraban allí. Este fue el primer campanazo que dieron los paramilitares y que comenzo una guerra sin cuartel en Urabá.

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En los años noventa, en Antioquia operaron unos grupos avalados por el gobierno nacional denominados las convivir. Se trataba de asociaciones de vigilancia y seguridad privada para autodefensa agraria —integradas por campesinos y hacendados—, creadas a partir de febrero de 1994 con la expedición del decreto 356, en el gobierno de César Gaviria. A Nueva Colonia y en todo Urabá operó la convivir Papagayo, dirigida por Antonio Arboleda quien, como dice el documento, “colaboró activamente con las AUC para lograr el control de la zona desde lo militar y facilitar el despojo de tierras a campesinos que explotaban predios en esta región”. Es decir, que las convivir habrían sido una simple fachada de los paramilitares. Las denuncias de los reclamantes señalan que, a comienzos de este siglo, el empresario bananero Felipe Echeverri Zapata convocó a los campesinos una reunión en la vereda La Teca, ubicada también en el Corregimiento de Nueva Colonia. A esta asistieron Rafael García alias El Viejo y Antonio Arboleda, quienes eran reconocidos jefes paramilitares del Bloque Bananero de las Autodefensas Unidas, liderado a su vez por alias Pedro Bonito. Según los campesinos, los paramilitares llegaron armados “buscando intimidar a los convocados a fin de que cedieran a la exigencia que se les imponía, que se dirigía a que pagaran cuatro millones de pesos por hectárea de tierra que detentaran, para supuestamente lograr la propiedad de la tierra”, dice el tribunal.

De acuerdo con la declaración que hizo el empresario bananero ante la Fiscalía delegada en los Juzgados Penales del Circuito de Turbo en 2005 y conocida por el portar periodístico Verdad Abierta, la familia Hasbún fue quien lo buscó para mediar un arreglo con los campesinos en la finca La Niña, que, según él, era propiedad de la Sociedad Emilio Hasbún S.A. "Dijo también que buscó a su amigo y asesor Antonio Arboleda, para que le ayudara a reunir a la gente que tenía el predio", dice el medio de comunicación.

Un fallo del mismo trubunal en 2008 contra dos exdirectores de esta convivir señaló que “el dominio de las autodefensas sobre la Convivir Papagayo era de tal magnitud, que prácticamente ambas organizaciones, una de origen legal y la otra una organización criminal, confluían en objetivos, actores y directivos”. Testimonios del mismo calibre volvieron a guiar la sentencia con la que se le devolvieron estos once predios diciendo que paramilitares y convivir se encargaban de ejercer el dominio de la zona “perpetrando extorsiones, homicidios, masacres, desplazamientos forzados y todo tipo de vejámenes contra la población civil”.

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Así las cosas, en 2001 los paramilitares empezaron exigirle pagos a los campesinos por la suma de cuatro millones de pesos que habrían sido gestionadas a través de Banacol. De acuerdo con el fallo de la Sala de Restitución del tribunal, “debe investigarse la participación que tuvieron los empresarios bananeros propietarios de Banacol, pues por conducto de esta empresa se hicieron deducciones de dinero a los campesinos reclamantes y a otros del mismo sector (como pagos exigidos para permanecer ocupando tierras inmersas en el predio baldío reservado de la Nación conocido como La Niña.

A pesar del fallo que restituyó los once predios, tres hectáreas de La Niña no fueron objeto de restitución debido a que “la sociedad Emilio Hasbún y Cia. mantuvo el derecho real de dominio, al haberse hallado construcciones y por lo tanto considerarse que la estaba explotando (…) sobre las cuales la sociedad continuó siendo propietaria”. En 2008, Raúl Hasbún cambió su testimonio luego de señalar que las convivir en Urabá fueron financiadas por las empresas bananeras, las mismas que, el Tribunal Superior de Antioquia pidió a la Fiscalía investigar por concierto para delinquir y financiación voluntaria a grupos paramilitares: Urabá S.A., Banacol y Uniban. No obstante, los empresarios bananeros han negado rotundamente haber financiado grupos paramilitares.