Así pidió el general (r) Torres Escalante que no lo llamaran a juicio por ejecuciones extrajudiciales

El último salvavidas que podría tener el general (r) Henry Torres Escalante para evitar ser el primer alto oficial del Ejército en la historia en ser llamado a juicio por ejecuciones extrajudiciales –o los llamados falsos positivos– fue el recurso de apelación que interpuso hace más de una semana. El documento, en manos de la Fiscalía, detalla los argumentos por los cuales se considera que los fiscales del caso obraron con falta de lealtad al no valorar las pruebas entregadas por la defensa, obviar la forma en que operan las unidades militares y la cadena de mando y, principalmente, no tener en cuenta la retractación del principal testigo del caso: el teniente Marco Fabián García Céspedes.

Como fue publicado por este diario, tanto en la medida de aseguramiento –emitida el pasado 28 de marzo– como en la resolución de acusación –radicada el pasado 8 de agosto–, al general (r) Torres Escalante lo acusan por supuestamente haber dado la orden de asesinar a Daniel y Roque Torres (padre e hijo) en el marco de la operación Misión Táctica Fragmentaria No.5 “Marte”, adelantada el 16 de marzo de 2007 en Aguazul (Casanare). Según la Fiscalía, el objetivo del entonces comandante de la Brigada XVI del Ejército con sede en Yopal (Casanare) era silenciar a los Torres, quienes venían denunciando al Ejército por falsos positivos en la región.

La Fiscalía presentó 12 pruebas periciales, 224 documentos y 93 testimonios que supuestamente evidenciarían la forma en que se planeó la misión que adelantó el Grupo Delta 6 –liderada por el teniente García– para evitar que Daniel y Roque Torres siguieran siendo testigos en procesos por ejecuciones extrajudiciales. Por esa razón, dice la Fiscalía con base a las declaraciones del teniente García, Torres Escalante le dio al orden a García de asesinar a los dos pobladores y presentarlos como auxiliadores del ELN muertos en combate.

Sin embargo, en la apelación de la defensa del general (r) Torres Escalante, que ya está en el despacho de la vicefiscal María Paulina Riveros –encargada de responder el recurso–, se critica la evaluación que hace la Fiscalía sobre la maniobra militar “golpe de mano”, pues advierte que es entendida como una orden de asesinar a una persona. Explica la defensa que ese término, según el Manual de Operaciones Irregulares del Ejército, es la acción para desplazar a una unidad a un sitio donde se prevé que hay una organización para someterla, no matarla.

Por eso, la defensa en el documento niega que esa directriz que dio el general (r) Torres fuera una orden directa para matar a Daniel y Roque Torres, y que una cosa muy distinta es que el teniente García –condenado a 22 años de cárcel por estos hechos– haya decidido “matar a sangre fría” a los dos campesinos que venían denunciando al Ejército por otras posibles ejecuciones extrajudiciales. Además, se agrega en la apelación, la coartada del general (r) para asegurar que no tenía interés en asesinar a los Torres es que una de las muertes que ellos denunciaron ocurrió antes de que él fuera el comandante de la Brigada XVI. Se trata del homicidio Hugo Edgar Araque, ocurrido el 10 de octubre de 2005, dos meses antes de la posesión del general (r) Torres Escalante.

En el documento, la defensa del general (r) expresa que en la Brigada podían existir militares interesados en la matar a los Torres para evitar que el propio Torres Escalante descubriera a los militares implicados en las otras muertes. La prueba serían los testimonios que ha entregado a la justicia el teniente García, en los que asegura que asesinó a varias personas. Además, que el 7 de diciembre de 2015, contrario a lo que había sostenido entre 2011 y 2014, García les dijo a los fiscales del caso que jamás recibió una orden directa de Herny Torres Escalante para asesinar a los Torres y que se trató de error porque fue “iniciativa” de él mismo: “Fue al algo (de lo) que hoy día le he pedido perdón a Dios porque quitarle la vida a las personas es grave y estoy pagando lo que hice y fue decisión mía”.

Además, García en su retractación agregó que él siempre cargaba las armas que les fueron plantadas a los Torres porque, supuestamente, en muchas ocasiones, al levantar cuerpos de guerrilleros en combate el armamento no estaba. Agregó que el cambio de versión no obedecía a ninguna amenaza, que él había declarado anteriormente contra el general (r) Torres Escalante para obtener beneficios judiciales pese a que se había acogido a sentencia anticipada.

“Me acabo de sentir más tranquilo, pues eso no debió haber sido así y no me quiero ver más enredado. Yo no quisiera más en la vida me volvieran a llamar más a esto porque me ha marcado. Si yo en algún momento, como lo dice el doctor, cambié una cosa primero y luego otra, fue por el encierro del problema en que me vi (…) La embarré feo. Ni la familia de uno lo acepta”. Más adelante el teniente (r) García añadió: “Actué de la manera más inmadura y más estúpida porque no lo debí hacer (…) Me he dado cuenta que a través de esta irresponsabilidad estoy perjudicando a personas y ellos son seres humanos como lo soy yo. La verdad, ante todo esto yo no saco nada porque aquí el único responsable fui yo (…) Mi coronel Torres que en ese tiempo fue un excelente comandante y siempre nos habló de actuar ante lo que era la ley, nada por fuera de la ley”.

En la apelación radicada en la Fiscalía, se lee que la defensa plantea que el testimonio del teniente García no podía ser considerado como una prueba, pues ha dado cuatro versiones diferentes de cómo ocurrieron los hechos, cómo se dio la orden de ejecutar el operativo y contra quién iba dirigido. Además, reprocha que la Fiscalía desestime la retractación al decir que el testigo tiene problemas psicológicos y que está bajo efecto de medicamentos, cuando en la mayoría de sus relatos supuestamente se hacen evidentes sus contradicciones.

Según el documento, la defensa argumentó que “para la Fiscalía no es importante el hecho de que cuatro años después de los hechos García empezara a declarar de manera descontextualizada en contra de Henry William Torres Escalante. Pese a ello lo que hace la Fiscalía es dar credibilidad a un testimonio de cargo cuatro años después de los hechos, y que para rematar y desprovisto de cualquier interés en continuar su farsa, se retracta en el 2015. De las múltiples versiones dadas por García, la Fiscalía solo encuentra validas aquellas que incriminan de manera incoherente al general (r) Torres, contrariando los principios de la sana crítica y de la correcta valoración de las pruebas”.

Finalmente, en la apelación se establece que ningún otro testimonio de los oficiales o soldados de la Brigada XVI, o de los mismos implicados en los hechos, verifique lo dicho por García y, al contrario, indican que nunca recibieron una orden del general (r) Torres para matar a alguien. Al ser consultados sobre el tema, la defensa del Torres Escalante no respondió e indicó que solo se pronunciarán ante la respuesta que de la vicefiscal Riveros a su recurso de apelación.

El último salvavidas que podría tener el general (r) Henry Torres Escalante para evitar ser el primer alto oficial del Ejército en la historia en ser llamado a juicio por ejecuciones extrajudiciales –o los llamados falsos positivos– fue el recurso de apelación que interpuso hace más de una semana. El documento, en manos de la Fiscalía, detalla los argumentos por los cuales se considera que los fiscales del caso obraron con falta de lealtad al no valorar las pruebas entregadas por la defensa, obviar la forma en que operan las unidades militares y la cadena de mando y, principalmente, no tener en cuenta la retractación del principal testigo del caso: el teniente Marco Fabián García Céspedes.

Como fue publicado por este diario, tanto en la medida de aseguramiento –emitida el pasado 28 de marzo– como en la resolución de acusación –radicada el pasado 8 de agosto–, al general (r) Torres Escalante lo acusan por supuestamente haber dado la orden de asesinar a Daniel y Roque Torres (padre e hijo) en el marco de la operación Misión Táctica Fragmentaria No.5 “Marte”, adelantada el 16 de marzo de 2007 en Aguazul (Casanare). Según la Fiscalía, el objetivo del entonces comandante de la Brigada XVI del Ejército con sede en Yopal (Casanare) era silenciar a los Torres, quienes venían denunciando al Ejército por falsos positivos en la región.

La Fiscalía presentó 12 pruebas periciales, 224 documentos y 93 testimonios que supuestamente evidenciarían la forma en que se planeó la misión que adelantó el Grupo Delta 6 –liderada por el teniente García– para evitar que Daniel y Roque Torres siguieran siendo testigos en procesos por ejecuciones extrajudiciales. Por esa razón, dice la Fiscalía con base a las declaraciones del teniente García, Torres Escalante le dio al orden a García de asesinar a los dos pobladores y presentarlos como auxiliadores del ELN muertos en combate.

Sin embargo, en la apelación de la defensa del general (r) Torres Escalante, que ya está en el despacho de la vicefiscal María Paulina Riveros –encargada de responder el recurso–, se critica la evaluación que hace la Fiscalía sobre la maniobra militar “golpe de mano”, pues advierte que es entendida como una orden de asesinar a una persona. Explica la defensa que ese término, según el Manual de Operaciones Irregulares del Ejército, es la acción para desplazar a una unidad a un sitio donde se prevé que hay una organización para someterla, no matarla.

Por eso, la defensa en el documento niega que esa directriz que dio el general (r) Torres fuera una orden directa para matar a Daniel y Roque Torres, y que una cosa muy distinta es que el teniente García –condenado a 22 años de cárcel por estos hechos– haya decidido “matar a sangre fría” a los dos campesinos que venían denunciando al Ejército por otras posibles ejecuciones extrajudiciales. Además, se agrega en la apelación, la coartada del general (r) para asegurar que no tenía interés en asesinar a los Torres es que una de las muertes que ellos denunciaron ocurrió antes de que él fuera el comandante de la Brigada XVI. Se trata del homicidio Hugo Edgar Araque, ocurrido el 10 de octubre de 2005, dos meses antes de la posesión del general (r) Torres Escalante.

En el documento, la defensa del general (r) expresa que en la Brigada podían existir militares interesados en la matar a los Torres para evitar que el propio Torres Escalante descubriera a los militares implicados en las otras muertes. La prueba serían los testimonios que ha entregado a la justicia el teniente García, en los que asegura que asesinó a varias personas. Además, que el 7 de diciembre de 2015, contrario a lo que había sostenido entre 2011 y 2014, García les dijo a los fiscales del caso que jamás recibió una orden directa de Herny Torres Escalante para asesinar a los Torres y que se trató de error porque fue “iniciativa” de él mismo: “Fue al algo (de lo) que hoy día le he pedido perdón a Dios porque quitarle la vida a las personas es grave y estoy pagando lo que hice y fue decisión mía”.

Además, García en su retractación agregó que él siempre cargaba las armas que les fueron plantadas a los Torres porque, supuestamente, en muchas ocasiones, al levantar cuerpos de guerrilleros en combate el armamento no estaba. Agregó que el cambio de versión no obedecía a ninguna amenaza, que él había declarado anteriormente contra el general (r) Torres Escalante para obtener beneficios judiciales pese a que se había acogido a sentencia anticipada.

“Me acabo de sentir más tranquilo, pues eso no debió haber sido así y no me quiero ver más enredado. Yo no quisiera más en la vida me volvieran a llamar más a esto porque me ha marcado. Si yo en algún momento, como lo dice el doctor, cambié una cosa primero y luego otra, fue por el encierro del problema en que me vi (…) La embarré feo. Ni la familia de uno lo acepta”. Más adelante el teniente (r) García añadió: “Actué de la manera más inmadura y más estúpida porque no lo debí hacer (…) Me he dado cuenta que a través de esta irresponsabilidad estoy perjudicando a personas y ellos son seres humanos como lo soy yo. La verdad, ante todo esto yo no saco nada porque aquí el único responsable fui yo (…) Mi coronel Torres que en ese tiempo fue un excelente comandante y siempre nos habló de actuar ante lo que era la ley, nada por fuera de la ley”.

En la apelación radicada en la Fiscalía, se lee que la defensa plantea que el testimonio del teniente García no podía ser considerado como una prueba, pues ha dado cuatro versiones diferentes de cómo ocurrieron los hechos, cómo se dio la orden de ejecutar el operativo y contra quién iba dirigido. Además, reprocha que la Fiscalía desestime la retractación al decir que el testigo tiene problemas psicológicos y que está bajo efecto de medicamentos, cuando en la mayoría de sus relatos supuestamente se hacen evidentes sus contradicciones.

Según el documento, la defensa argumentó que “para la Fiscalía no es importante el hecho de que cuatro años después de los hechos García empezara a declarar de manera descontextualizada en contra de Henry William Torres Escalante. Pese a ello lo que hace la Fiscalía es dar credibilidad a un testimonio de cargo cuatro años después de los hechos, y que para rematar y desprovisto de cualquier interés en continuar su farsa, se retracta en el 2015. De las múltiples versiones dadas por García, la Fiscalía solo encuentra validas aquellas que incriminan de manera incoherente al general (r) Torres, contrariando los principios de la sana crítica y de la correcta valoración de las pruebas”.

Finalmente, en la apelación se establece que ningún otro testimonio de los oficiales o soldados de la Brigada XVI, o de los mismos implicados en los hechos, verifique lo dicho por García y, al contrario, indican que nunca recibieron una orden del general (r) Torres para matar a alguien. Al ser consultados sobre el tema, la defensa del Torres Escalante no respondió e indicó que solo se pronunciarán ante la respuesta que de la vicefiscal Riveros a su recurso de apelación.