Así pintan las modificaciones a las organizaciones conjuntas de las FF. MM.

Confusiones sobre la posible desaparición absoluta de los grupos conjuntos en las Fuerzas Militares han aparecido por una reciente decisión del Ministerio de Defensa que habla de “suprimir” las Fuerzas de Tarea y los Comandos Conjuntos.

Se trata de la Resolución 4760 del 1 de noviembre de 2024, que ya entró en vigencia, dando lugar a interpretaciones y reacciones de militares retirados, exministros y congresistas como Juan Carlos Pinzón y Paloma Valencia, que cuestionan, incluso, si se estaría poniendo en peligro la seguridad nacional.

Las organizaciones conjuntas surgieron en Colombia ante la guerra de guerrillas que se dio al final de la década de 1990 y el inicio de la del 2000. La primera que se creó fue la Fuerza de Tarea Omega, en 2003, que reunía uniformados de las tres fuerzas (Ejército Nacional, Armada Nacional y Fuerza Aérea) para enfrentar a las guerrillas, cuyo objetivo entonces era tomarse el poder por las armas.

Justo esa es una de las razones por las que se dio el reciente cambio en su forma de operación: pasaron de querer el poder político a través de las armas, a buscar el control de rentas criminales. “Tenemos que estar mirando permanentemente nuestra estrategia, reorientándola y reestructurándonos. Este cambio se da porque vimos un cambio en la amenaza”, le dijo a este diario el general Juan Carlos Correa, subjefe de Operaciones Conjuntas de las Fuerzas Militares.

El objetivo es hacer un cambio administrativo en el funcionamiento de las organizaciones conjuntas para que los comandantes del Ejército Nacional, la Armada Nacional y la Fuerza Aérea recuperen autonomía y mando a la hora de decidir sobre el desarrollo de operaciones en territorio.

Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), coincidió en la importancia de cambiar las estrategias. “Lo que se estaba haciendo no estaba funcionando. La amenaza está metida con la gente en el territorio”, señaló. La atomización de grupos armados como el ELN y las disidencias de las Farc le han restado validez a la operación en bloque de las Fuerzas Militares, pues cada vez es más común su expansión en pequeñas células de grupos que se mezclan con las comunidades.

Por su parte, Andrés Nieto Ramírez, experto en seguridad, argumentó que es necesario definir un camino para la implementación de la resolución. “Si hay una mejor forma de operatividad de la estructura, bien; el problema es que no está clara”, expresó. Aunque en apariencia el decreto promete servir para mejorar el impacto de las Fuerzas Militares contra la ilegalidad, el punto oscuro del cambio es que su puesta en práctica no está del todo definida.

Problemas en el cambio

La Resolución 4760 hace parte del Plan Ayacucho Plus, cuyo objetivo es mantener la imagen y el funcionamiento de las Fuerzas Militares, velando por la seguridad de la ciudadanía. El plan se renueva con cada cambio de Gobierno y esta nueva versión es una actualización del que se diseñó con la llegada de Gustavo Petro a la Presidencia.

Con su entrada en vigencia cambia el funcionamiento de los grupos conjuntos de las Fuerzas Militares, organizadas en nueve divisiones y 31 brigadas. Ahora los comandos específicos no responderán a las órdenes del Comando General de las Fuerzas Militares, sino a las brigadas de las jurisdicciones en las que tengan influencia. Según la resolución, se suprimen las seis Fuerzas de Tarea Conjunta: Omega (Caquetá y Meta), Titán (Chocó), Hércules (Nariño), Marte (sur de Bolívar), Quirón (Arauca) y Vulcano (Norte de Santander).

El general Correa explicó que esa supresión no significa que desaparecerán, sino que perderán administrativamente su carácter de “conjuntas”, operarán bajo el mando del comandante del Ejército y desde la “conjuntez”. Es decir, podrán pedir apoyo de la Armada y la Fuerza Aeroespacial, sin necesidad de llevar la solicitud hasta el comandante general de las Fuerzas Militares.

“Las tropas de Ejército, Armada y Fuerza Aeroespacial que estaban en las Fuerzas de Tarea Conjuntas continúan en las mismas jurisdicciones. Solo cambia su mando directo, pero siguen con la misma tarea y propósito de siempre”, señaló. Agregó que se crearán nuevas Fuerzas de Despliegue Rápido (Fudra) por parte del Ejército, que serán ahora las encargadas de contrarrestar los ataques de los grupos armados.

Aunque los altos mandos de las Fuerzas Militares y el Ministerio de Defensa han insistido en que esas modificaciones no responden a un debilitamiento de su capacidad de acción, algunos militares no están del todo de acuerdo. Especialmente por las implicaciones que tiene la decisión en cuanto a disposición de personal.

Una fuente reservada del Ejército le dijo a El Espectador que esa institución está “a la mínima expresión”. Indicó que el número de efectivos es bajo por los que han caído en combate y otros que han pedido la baja, sumada la escasa incorporación. En 2023 se registró una disminución de 12.000 ingresos y en 2022 faltaron 18.000 para alcanzar la meta de incorporación, según información de las Fuerzas Militares.

Eso pone en cuestión el funcionamiento y efectividad de las nuevas Fudra. “El tema es complejísimo porque no hay gente para suplir. De la Décima Tercera Brigada en Cundinamarca trasladaron a 250 soldados profesionales, pero para esas unidades, en general a nivel nacional, se necesitan más de cien mayores del Ejército y más de mil suboficiales”, señaló.

Una solución incierta

La resolución plantea una alternativa para trabajar bajo el contexto de guerra actual y lograr que haya mayor agilidad en la respuesta armada del Estado, pero no parece ser la solución definitiva a la situación de conflicto del país. Esto, sin desconocer la importancia de los golpes recientes a estructuras del ELN y las disidencias de las Farc, con la captura de líderes de expansión de sus frentes y la incautación de drogas y armamento en departamentos como el Cauca.

“Eso a mediano y largo plazo nunca es bueno, pero no nos hemos inventado otra manera de hacerlo. Cuanto tú dices ‘presencia de la fuerza pública’ mandas Ejército; es lo único que podemos hacer y justo ese es el problema”, dijo Bonilla, subdirectora de Pares. Desde su postura, la respuesta armada a la acción de los grupos al margen de ley pone a las comunidades en el centro de los conflictos y los hace blanco de los efectos de las operaciones militares. Caso cercano es el del corregimiento de El Plateado (Argelia, Cauca), donde al menos 1.200 personas se desplazaron luego de la Operación Perseo, ejecutada por el Ejército desde el 12 de octubre.

Bonilla resaltó además que atender las nuevas formas de actuar de los grupos armados no solo es un asunto de estrategia militar; también es importante ponerle la lupa a la corrupción dentro de las instituciones y revisar los motivos de la baja capacidad de operación.

En la misma línea se pronunció Andrés Nieto Ramírez, señalando que el cambio “tiene implicaciones de confianza, de legitimidad y de autoridad”, pues en los territorios más alejados se desdibuja la identidad y el trabajo de cada fuerza militar. “Hacen que la gente sienta miedo de que va a estallar la guerra en cualquier momento y prefieren que el Estado no esté”, señaló.

Al final, la intención de redireccionar el accionar militar del país debería pasar por una mayor claridad en la forma en la que se aplicará; de lo contrario, será difícil medir su efectividad en la dinámica actual del conflicto. También por un “cambio cultural” que el general Correa indicó se debe dar dentro de las Fuerzas Armadas, haciendo referencia a las voces divergentes de la medida dentro de las instituciones.

En lo que sí coinciden expertos y militares es en que no es posible hacer cálculos exactos de los efectos concretos que tendrá la modificación de las organizaciones conjuntas. Solo la dinámica del conflicto y los resultados de la acción militar, respetuosa de los derechos humanos y de los protocolos institucionales, podrán dar cuenta de su efectividad o ineficiencia.

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