Así mismo, el 29 de noviembre de 2024 el Juzgado 40 Penal del Circuito Conocimiento Bogotá, en audiencia de lectura de fallo, RESOLVIO: “DECRETAR la prescripción y de contera la extinción de la acción penal y ordenó el archivo de las diligencias a favor de JOSE RICARDO CABALLERO CALDERON … por el delito de Fraude Procesal, Fraude a Resolución Judicial ó Administrativa ó de Policía, Falsedad Material en Documento Público, Enriquecimiento ilícito de Particulares y Concierto para delinquir, y lo ABSOLVIO por los delitos de ESTAFA AGRAVADA EN LA MODALIDAD DE MASA”, decisión que fue confirmada por el Tribunal Superior de Bogotá (Sala Penal), el 28 de febrero de 2025.
La Fiscalía capturó a Mariano Alvear, José Ricardo Caballero (ver actualización de la noticia en seguida) y Juan Carlos Mahecha, quienes deberán responder por falsificar, presuntamente, documentos públicos para recuperar bienes embargados para ocultar recursos de la institución educativa.
Postrado en una cama y conectado a una bolsa de suero estaba el polémico Mariano Alvear cuando la Fiscalía lo capturó en su finca, ubicada en el lujoso condominio El Peñón en Girardot. Al fundador de la Fundación Universitaria San Martín le llegó la hora de responder por las irregularidades administrativas que llevaron a la quiebra a la institución educativa y, según las pesquisas, a estafar a 1.455 estudiantes. Junto con él también fueron arrestados José Ricardo Caballero Calderón —exrepresentante legal y secretario general de la junta directiva de la universidad—, y Juan Carlos Mahecha Cárdenas, exjefe jurídico de la San Martín, y quien escapó luego de conocer que se le había librado orden de captura.
Los problemas de Mariano Alvear comenzaron en 2005, cuando exempleados y empleados de la Fundación Universitaria San Martín demandaron a la entidad porque se les estaba vulnerando el derecho a la seguridad social. Para esa época, juzgados laborales y la Secretaria de Hacienda de Bogotá emitieron órdenes de embargo contra bienes inmuebles en poder de la institución educativa. Sin embargo, la Fiscalía evidenció que entre 2009 y 2012 —mientras se tomaban decisiones de fondo en estos procesos— Alvear, Caballero y Mahecha, al parecer, falsificaron 18 documentos públicos para recuperar las propiedades.
El fiscal general, Eduardo Montealegre, señaló que los miembros directivos de la Fundación Universitaria levantaron los millonarios embargos sobre los bienes al falsificar, en 14 oportunidades, autos y oficios de los juzgados y de la Secretaría de Hacienda. El objetivo era engañar a la Oficina de Instrumentos Públicos —que, atendiendo instrucciones aparentemente legales, efectuaba los desembargos— para vender los inmuebles a otras fundaciones, empresas y sociedades que eran de su propiedad y que tenían otra personería jurídica. En pocas palabras, Alvear y compañía, supuestamente, engañaron a las autoridades para no perder la plata con la que tenían que indemnizar a sus empleados.
Para la Fiscalía, la junta directiva de la Fundación San Martín diseñó una estrategia para desconocer las obligaciones contractuales que le ordenaban pagar las 24 sentencias condenatorias emitidas por los juzgados laborales. De esta forma, se ordenó a los estudiantes de la Universidad San Martín consignar el monto de las matrículas en cuentas bancarias diferentes a las de la institución educativa con el fin de que las autoridades siguieran convencidas de que la entidad educativa no tenía solvencia económica. De esta forma burlaron por largo tiempo la cancelación de las sanciones.
En noviembre de 2014 la Fiscalía inspeccionó las oficinas de la Universidad San Martín y del Ministerio de Educación para rastrear el dinero y los documentos falsificados. Se Recolectaron 40 carpetas con archivos oficiales y seis discos compactos con información privilegiada. Pero un informe de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Ministerio de Hacienda permitió rastrear los dineros perdidos e identificar 12 empresas de Mariano Alvear y su familia que estarían implicadas en los movimientos irregulares de dinero.
Las sociedades que están en el ojo del huracán son: el Centro Internacional de Biotecnología Reproductiva (Cibre) —el representante legal era Mahecha—, especializado en ganado y desde donde se pagaban las nóminas de los empleados de la universidad; Fundación Qualite Fish and Vegetable, conocida como la cadena de restaurante Burguer Market; el Fondo para Mejoramiento de las Necesidades Básicas Alimento Salud Educación (Foneducar), y el Fondo para el Fomento de la Educación, empresa que fue destinada para recibir los dineros de las matrículas estudiantiles y que terminó teniendo ingresos por $314.677 millones y egresos por $142.205 millones entre 2008 y 2013, años en que se cometieron la mayoría de las irregularidades.
Tanta fue la plata que administró el Fondo para el Fomento de la Educación, que manejaba ingresos anuales de $51.260 millones. Las cuentas de la Fundación Universitaria San Martín jamás vieron un peso de estos recursos por el tema de los embargos judiciales. Para las autoridades, esta sociedad se convirtió en la caja principal de la familia Alvear para distribuir la plata entre sus empresas y subsanar las deudas que dejaron los deficientes manejos gerenciales. Sin embargo, en 2014 empezaron los escándalos y el Fondo para el Fomento de la Educación tuvo una disminución del 83% en sus ingresos, porque estaba en la mira del Gobierno.
El 21 de abril de 2014 Mariano Alvear, junto con su hijo Martín y su nuera Xiani Piedad Ocampo, creó Foneducar en la Notaría 21 de Bogotá, con un capital de $1.000 millones. El objeto social era “financiar programas de créditos educativos”. Para la Fiscalía esta fue la última movida del clan Alvear para evitar que su dinero se perdiera. Sin embargo, la estrategia de estas fachadas fracasó luego de la intervención del Estado y del informe de la UIAF.
El ente investigador indicó que entre estas empresas reportadas se realizaron las ventas ficticias e ilegales de los inmuebles, se traspasó el dinero destinado al pago de las multas impuestas por los juzgados laborales y se consignaron las matrículas de los estudiantes. Asimismo, se tienen pruebas de que 1.455 jóvenes pagaron desde 2012 matrículas para estudiar programas a los que les habían cancelado los registros académicos —las carreras afectadas fueron ingeniería de sistemas, odontología, administración de empresas y medicina—.
La Fiscalía dice que la universidad sí tenía solvencia económica para pagar sus deudas, pero que los dineros fueron escondidos e invertidos en otras sociedades, inmuebles y países. Tanto así que investigan movimientos financieros, al parecer por más de un millón de dólares, que hizo Foneducar a entidades en Estados Unidos, Europa y Panamá. Por ahora, la audiencia de imputación de cargos por los delitos de concierto para delinquir, fraude procesal, falsedad en documento público, estafa y fraude a resolución judicial se realizará en Girardot, debido al delicado estado de salud de Mariano Alvear. La Fiscalía empieza a armar este rompecabezas judicial.
Por Santiago Martínez Hernández
