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El 27 de junio de 2017, una noticia inusual dio pie a uno de los escándalos judiciales de la década: un alto funcionario de la Fiscalía fue capturado ese día dentro de su propia oficina. Se trataba del entonces director de la Unidad Anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, quien había llegado a ese cargo tras ser abogado de congresistas y altos funcionarios. La detención tenía que ver con haberle exigido $100 millones al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, en Estados Unidos, para frenar las múltiples investigaciones en su contra. Moreno no se hundió solo y sus declaraciones han salpicado a, por lo menos, veinte personas. Tres años y medio después de su captura, así va el escándalo del cartel de la toga.
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Moreno prendió el ventilador al poco tiempo de ser aprehendido y dijo que su exigencia a Lyons no había sido aislada, sino que se dio porque, junto a magistrados y abogados, tenía una organización criminal dedicada a torcer procesos en la Corte Suprema. Sus dichos fueron claves para que el expresidente de ese alto tribunal y exsocio de Moreno en una firma de abogados, Francisco Ricaurte, fuera hallado culpable esta semana. Según ha dicho Moreno, de la empresa delictiva también harían parte los exmagistrados Leonidas Bustos y Gustavo Malo, quien tenía en su despacho procesos como los de los excongresistas Álvaro Ashton y Musa Besaile, que ya aceptaron haber pagado sobornos.
¿Declaraciones infladas?
Moreno también habló del excongresista de La U, Mauricio Lizcano. Según declaró en 2018, Leonidas Bustos le habría dicho: “Se viene un caso importante. Vamos a cobrar unos $5.000 millones, es el caso de Lizcano”. La Corte ordenó investigar al exsenador de La U por estos hechos, pero, tras su salida del Congreso en 2018, el caso pasó a la Fiscalía y este diario conoció que en noviembre de ese mismo año se ordenó archivar a favor de Lizcano. En esa decisión, firmada por el exfiscal Fabio Espitia, se lee que el propio Moreno aclaró después que no le constaba que se hubiera “dado trámite” a un acto de corrupción y, por ende, “no es posible afirmar la existencia de delito”.
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“Para evitarle a Mauricio Lizcano un largo y penoso banquillo, al que someten a tantos colombianos, le pedimos a la Corte y a la Fiscalía que fueran muy intensivos y detallados en las investigaciones, las hicieron, archivaron y quedó demostrada la probidad del exsenador”, dijo a este diario su abogado, Mauricio Pava. Algo similar ocurrió con el exsenador conservador Hernán Andrade: en 2018 la Corte Suprema le archivó el proceso, luego de concluir que no hubo delito en los $2.300 millones que le giró a Moreno, sino que estos dineros eran en pago por sus servicios de abogado, que siempre se ajustaron a la legalidad.
Las movidas recientes
Tres de los supuestos clientes de la organización criminal de Moreno pidieron cupo en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y a los tres ya los aceptaron. Los exsenadores Álvaro Ashton (del Partido Liberal) y Musa Besaile (de La U) lograron que, además de los casos en su contra por presuntos nexos con grupos paramilitares en el Caribe, el tribunal especial asumiera las investigaciones que tenían por el cartel de la toga. Aunque la Fiscalía y la Procuraduría se opusieron a que este caso de corrupción entrara a la justicia creada para investigar hechos del conflicto, la JEP terminó ratificando sus decisiones, incluso con bendición de la Corte Constitucional.
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El tercero en esa lista es el exsenador conservador Julio Manzur, quien, aunque ha sido señalado en este escándalo, no ha aceptado haber pagado sobornos. Solo entró a la JEP por el caso que tiene hace años por parapolítica y la Fiscalía quedó con la investigación en su contra por el cartel de la toga. De hecho, El Espectador supo que la semana pasada Gustavo Moreno detalló en entrevista cómo fueron las reuniones que, supuestamente, sostuvo con Wadith Manzur, hijo de Julio y representante a la Cámara. Al parecer, fue Manzur hijo quien medió con Moreno y su organización criminal para torcer el proceso que había contra su padre en la Corte. La Fiscalía pidió a Moreno ampliar su versión.
Los demás condenados
Aunque la de Ricaurte será la quinta condena por este escándalo de corrupción, su caso tiene un ingrediente particular: es el primero de los sentenciados que no ha admitido responsabilidad alguna. Moreno fue sentenciado a cuatro años y diez meses de prisión, y su socio, el también abogado Leonardo Pinilla, recibió una pena similar. En febrero de 2020, la justicia aceptó los preacuerdos con el exfiscal Alfredo Bettín, condenado por abuso de autoridad, y con el exmagistrado auxiliar Camilo Ruiz, quien paga cinco años de cárcel por haber recibido sobornos de excongresistas que buscaban frenar sus procesos. Los cuatro han prendido el ventilador.
Alfredo Bettín, como fiscal delegado ante la Corte, llevaba el proceso del exgobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía, por la supuesta dotación irregular de unas bibliotecas del departamento. Aunque tuvo lista la imputación de cargos contra Abadía por más de tres años, no lo vinculó formalmente a una investigación por sugerencia, dijo Bettín, del exmagistrado Ricaurte. Camilo Ruiz, por su parte, era el auxiliar del magistrado de la Sala Penal Gustavo Malo y habría recibido $200 millones de los excongresistas Nilton Córdoba (del Chocó) y Argenis Velásquez (del Putumayo) para entorpecer los procesos que había en su contra por hechos de corrupción en sus departamentos.
Los casos en curso
Moreno se convirtió en el testigo estrella y, en buena medida, son sus declaraciones las que tienen hoy en juicio a los exmagistrados Gustavo Malo y Camilo Tarquino. El juicio contra Malo entró en recta final en la Sala de Primera Instancia de la Corte esta semana. Luego de que su defensa pidiera decenas de pruebas y se las negaran una y otra vez, esta vez optó por recusar a los magistrados que llevan su caso, recurso que tendrá que ser resuelto antes de entrar a alegatos de conclusión y conocer un fallo. Por otro lado, el proceso contra Tarquino entró a fase de preparatoria en febrero pasado y, según supo este diario, su defensa pidió prácticamente los mismos testigos que tiene la Fiscalía.
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Además, continúa el juicio en contra de los excongresistas Julio Eugenio Gallardo (de San Andrés), Argenis Velásquez (Putumayo) y Nilton Córdoba (Chocó). Habrían entregado, respectivamente, $300, $200 y $200 millones a Gustavo Moreno cuando todavía era abogado litigante para que sacara decisiones a su favor en la Corte Suprema. Los tres se han declarado inocentes, como lo ha hecho el exgobernador Juan Carlos Abadía. Aunque va más de un año desde que el exfiscal Bettín se comprometió a hablar en su contra, este diario supo que a Abadía no lo han llamado siquiera a interrogatorio como indiciado, pues, al parecer, no se han podido encontrar indicios de que el exgobernador le haya pagado a la organización del cartel de la toga.