Así se cocina la decisión que podría frenar los poderes que tiene la Procuraduría

El futuro de la Procuraduría y su poder entró en una fase crucial en el Consejo de Estado. El alto tribunal está próximo a tomar una decisión que delimitaría de una vez por todas la facultad que tiene el Ministerio Público para destituir, suspender e inhabilitar a funcionarios de elección popular, como gobernadores, concejales, alcaldes, diputados y congresistas. Aunque actualmente existe una división en el alto tribunal, porque algunos consejeros no están seguros de si meter las manos al fuego y quitarle semejante poder a una de las entidades públicas más grandes del país, este diario conoció pormenores de una discusión del más alto nivel que sentará un precedente crucial en el ámbito jurídico y político de Colombia.

El futuro de la Procuraduría y su poder entró en una fase crucial en el Consejo de Estado. El alto tribunal está próximo a tomar una decisión que delimitaría de una vez por todas la facultad que tiene el Ministerio Público para destituir, suspender e inhabilitar a funcionarios de elección popular, como gobernadores, concejales, alcaldes, diputados y congresistas. Aunque actualmente existe una división en el alto tribunal, porque algunos consejeros no están seguros de si meter las manos al fuego y quitarle semejante poder a una de las entidades públicas más grandes del país, este diario conoció pormenores de una discusión del más alto nivel que sentará un precedente crucial en el ámbito jurídico y político de Colombia.

La trascendencia de la decisión radica en un choque de trenes entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) y la Corte Constitucional. Desde 2014, cuando el hoy presidente Gustavo Petro ganó un pleito contra la Nación por su destitución como alcalde de Bogotá cuando Alejandro Ordóñez era el procurador, la Corte IDH determinó que el Ministerio Público, como entidad administrativa, no puede hacer las veces de juez y destituir funcionarios de elección popular porque va en contra de los derechos políticos. Sin embargo, en febrero de 2023, la Corte Constitucional dijo que sí puede imponer esas sanciones, pero que tienen que ser revisadas por el Consejo de Estado.

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Las dos posturas causaron una división entre magistrados en el Consejo de Estado, porque tener que revisar las sanciones de la Procuraduría significa, dentro de otras cosas, más trabajo para ellos y, en últimas, una función que no está dispuesta en la Constitución Política. Aunque algunos togados estuvieron de acuerdo en hacer la revisión, como lo ordenó la Corte Constitucional, otros dejaron claro que esa labor es de un juez penal y no de una entidad administrativa como la Procuraduría. El choque entre los consejeros y la falta de claridad llevó a que la Sala Plena decidiera estudiar el caso para que todos los togados decidan sobre este asunto y dejen claro qué debe hacer realmente la Procuraduría.

Fuentes cercanas al Consejo de Estado le dijeron a El Espectador que ese es uno de los temas primordiales que tratará en las primeras sesiones la Sala Plena del alto tribunal, después de la elección de presidente, que se disputa entre Oswaldo Giraldo, Hernando Sánchez y Milton Chávez, siendo el último quien, por ahora, suena con más fuerza. En el caso de la vicepresidencia, que también se definirá en la primera sesión que sería programada para la semana del 29 de enero, Miryam Stella Gutiérrez Argüello y Luis Alberto Álvarez Parra compiten por el puesto, siendo él quien se proyecta como ganador. Serán ellos quienes guíen la discusión que en 2023, según supo este diario, arrancó en las secciones segunda y tercera.

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La postura que tuvo la sección segunda, de acuerdo con las fuentes consultadas por este diario y que pidieron reservar su identidad, fue la de no revisar las sanciones y dejar todo en manos de jueces penales. Quienes promovieron con más fuerza esta postura fueron los consejeros César Palomino y Gabriel Valbuena (quien ya terminó su periodo) por dos sencillas razones. La primera: la Corte IDH ya le dijo a Colombia que la Procuraduría no puede tener esa función. Y la segunda: si la Constitución Política no estipula que el Consejo de Estado debe revisar las decisiones del Ministerio Público, nadie, ni siquiera la Corte Constitucional, puede atribuirle esa tarea al alto tribunal.

Esa posición tuvo el espaldarazo de sus compañeros de sección, pero en diferentes instancias del mismo Consejo de Estado, otros consejeros no estuvieron de acuerdo. En la sección tercera, por ejemplo, a varios togados les correspondió estudiar recursos de funcionarios sancionados por la Procuraduría y aceptaron hacerlo. La razón radica en que, para ellos, la Corte Constitucional fue clara en que sí les corresponde revisar las decisiones de la Procuraduría y, como ese alto tribunal es el más alto a nivel constitucional, a los consejeros les corresponde cumplir con esa orden. Quienes apoyan esta posición, que no solo son miembros de la sección tercera, al parecer van ganando.

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Según conoció este diario a través de distintas fuentes del Consejo de Estado, los consejeros que están de acuerdo en revisar las sanciones del Ministerio Público están terminando de ajustar la ponencia que presentarán ante la Sala Plena. La clave de esa discusión radica en que el alto tribunal no puede quitarle el poder a la Procuraduría de sancionar y destituir a los elegidos por voto popular, pero sí tiene la responsabilidad de revisar y decidir sobre esas decisiones, como así lo ordenó la Corte Constitucional. Es decir, una especie de control judicial para cumplir la decisión de la Corte IDH que fue clara en advertir que el Ministerio Público no tiene la potestad de actuar como juez.

Además, la Sala Plena también podría definir que las únicas sanciones que revisará el alto tribunal son las emitidas después de febrero de 2023. La discusión tendrá prioridad en el Consejo de Estado, por lo que podrían emitir la decisión de fondo entre finales de febrero y mediados de marzo de este año. Además, al ser uno de los asuntos más importantes en el mundo judicial, fuentes cercanas al alto tribunal expresaron que ningún consejero quiere darle más largas. No solo por la importancia del expediente, sino por sus consecuencias políticas, justamente cuando el Ministerio de Justicia está echándole cabeza a una reforma que podría limitar los poderes, el presupuesto y la organización de la Procuraduría, cuya estructura ha defendido hasta las últimas instancias la actual procuradora Margarita Cabello.

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