Así se legalizó el despojo de tierras ejecutado por los hermanos Rendón Herrera

El rearme paramilitar y el aprovechamiento económico de predios y territorios étnicos expropiados y apropiados con armas y artimañas legales han generado grandes obstáculos para que el Estado salde la deuda con las víctimas. De hecho, esas prácticas de expropiación terminaron legalizándose gracias a políticas, recursos de la nación y megaproyectos, tal como lo revela un acápite del más reciente informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz (Indepaz), con el apoyo del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) y la Embajada de Noruega.

El rearme paramilitar y el aprovechamiento económico de predios y territorios étnicos expropiados y apropiados con armas y artimañas legales han generado grandes obstáculos para que el Estado salde la deuda con las víctimas. De hecho, esas prácticas de expropiación terminaron legalizándose gracias a políticas, recursos de la nación y megaproyectos, tal como lo revela un acápite del más reciente informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz (Indepaz), con el apoyo del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) y la Embajada de Noruega.

En el informe “Macrocriminalidad con licencia legal Urabá – Darién 1980 – 2014” se expone la forma en la que altos mandos paramilitares sacaron provecho de miles de hectáreas de territorios étnicos despojados con el beneplácito y hasta la financiación de entidades públicas, mientras en el país se hablaba de la desmovilización de los paramilitares, la restitución de tierras y la implementación de políticas para robustecer la confianza inversionista conforme a los tratados de libre comercio – específicamente en el Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad para Todos 2010-2014”.

Según Indepaz, a pesar de la desmovilización colectiva de 3.680 combatientes de las Autodefensas de Colombia (AUC) el 15 de julio de 2013 cuando el entonces comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, y la cúpula de las AUC firmaron el acuerdo de Santa Fe de Ralito, “las bandas al servicio del paramilitarismo continúan ejerciendo graves, masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos con el propósito de consolidar el plan de despojo y lavado de activos del proyecto económico, social y político del paramilitarismo”.

A lo anterior, dice el documento, contribuyen las políticas de la “captura y reconfiguración cooptadas por el Estado” con las que se blinda la confianza inversionista en territorios reconfigurados “a bala y papel”. Un ejemplo de esta situación se dio en Turbo y San Pedro (Urabá) donde, a la par que aumentaron los desplazamientos, se perfeccionó el aprovechamiento de predios usurpados, con la participación de empresarios y servidores públicos que promovieron las asociaciones y empresas vinculadas a los Proyectos Pedagógicos Productivos (PPP ) y el Programa Familias Guardabosques (PFGB).

El informe destaca la participación del Fondo de Inversiones para la Paz (FIP) e Incuagro - empresa creada por la Corporación Colombia Internacional (CCI) en el 2000 y cuya labor era nada más y nada menos que la de ejecutar los recursos del crédito otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) al país en el año 97 -. Según Indepaz, esas dos entidades comprometieron más de $42mil millones. De hecho, Incuagro fue promotora y accionista mayoritario de varias empresas reforestadoras que, a su vez, estaban integradas por cooperativas de trabajo asociado creadas por desmovilizados del Bloque Elmer Cárdenas.

Un ejemplo fue la empresa Procaucho S.A. cuya composición era: Incuagro (81.83%), el Fondo Ganadero de Córdoba (9.53%) y los reinsertados del Bloque Elmer Cárdenas (8.63%). Con ese “andamiaje institucional”, señala el estudio, se implementaron los agronegocios de los hermanos Rendón Herrera y del Fondo Ganadero de Córdoba. En lo que respecta a los hermanos Rendón Herrera, dice el informe que los negocios se enmarcaron en el Proyecto de Alternatividad Social, condición impuesta por Fredy Rendón Herrera, alias El Alemán, para la desmovilización.

En esa línea, la coordinadora de la época del Programa de Familias Guardabosques, Victoria Eugenia Restrepo Uribe, visitó los cultivos de coca en la región de Tulapas (que comprende 58 veredas de los municipios antioqueños de Turbo, Necoclí y San Pedro de Urabá) y participó en reuniones con El Alemán para acordar los proyectos forestales destinados a sustituir los cultivos de coca en Turbo y Necoclí. Sin embargo, en la implementación del proyecto “Tulapa, Horizonte de Esperanza”, Jairo de Jesús Rendón Herrera (hermano de Fredy), alias Germán Monsalve, uno de los narcotraficantes más imponentes del Urabá antioqueño, recibió dineros de reconocidas entidades estatales e internacionales, gracias a la gestión del senador Ramón Antonio Valencia Duque.

El informe señala que Germán Monsalve recibió fondos del Plan Colombia, con el aval del Gobierno Nacional; el BID; la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Undoc); la Gobernación de Antioquia; las Alcaldías de Necoclí y Turbo; la Corporación Ambiental de Urabá y la Fundación Kellogs, entre otras entidades como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y la Universidad Autónoma de Manizales. Semejantes recursos les permitió a los hermanos Rendón Herrera y a sus aliados la legalización de alrededor de 10.000 hectáreas arrebatadas a víctimas del destierro.

El proceso se hizo mediante compraventas y adjudicaciones de baldíos y fue así como 15 predios adquiridos en la década de 1990 terminaron bajo propiedad de Otoniel Segundo Hoyos y Humberto León Atehortúa Salinas, alias Juan Diego, combatientes del Bloque Elmer Cárdenas. “Las transacciones se soportaron en poderes y escrituras fraudulentas – firmas de documentos por personas fallecidas, huellas dactilares falsas e imitación de firmas –, con la asesoría del abogado Antonio José Meléndez y el concurso con testaferros como Carlos Alberto Grajales Gómez, Fabián Darley Roldán Villa y Jorge Elijach Zúñiga”, señala Indepaz.

Pero los hermanos Rendón Herrera extendieron sus tentáculos hasta el Chocó. El documento indica que en terrenos del Consejo Comunitario de Cacarica, los hermanos Fredy (El Alemán) y José de Jesús Rendón Herrera (Germán Monsalve) promovieron cultivos de frutas y hortalizas en alianza con las empresas C.I. Multifruits y Del Monte S.A. La primera es una compañía creada en Cartagena por alias Germán Monsalve y Cesar de Jesús Cárdenas Rendón, hermano del paramilitar Elmer Cárdenas Rendón (campesino de Necoclí, cercano a Carlos Castaño y al Alemán. Murió en combate con la guerrilla en el 97 y en su honor se creó el Bloque que lleva su nombre).

En el propósito de legalizar el despojo masivo, paramilitares y empresas se valieron de la división interna de las comunidades y el representante legal del Consejo de Cacarica, Jesús Adán Quinto Mosquera –destituido por corrupción y complicidad en la explotación ilegal de madera –, suscribió en 2005 dos contratos estratégicos con C.I Multifruits. En el primero, firmado por Carlos Nikolai Struberg (en representación de la comercializadora), Quinto Mosquera se comprometió a entregar el usufructo de más de 20 mil hectáreas del territorio colectivo, ubicadas en Necoclí y Cacarica, por el término de ocho años prorrogables, hasta 50.

El segundo contrato fue suscrito por el exrepresentante a la Cámara por el Partido Conservador, Juan Manuel Campo Elijach, quien fungió como representante legal y miembro de la junta directiva de la cuestionada Multifuits. Esa empresa acordó con José Antonio Yock, representante de Del Monte S.A. y su filial local C.I. Conserba S.A. la exportación de 2 mil cajas de plátano semanal. Ese plátano se cultivaba en El Atravesao, un predio de 279 hectáreas ubicado en Necoclí, que fue comprado por Multifruits a Cesar de Jesús Cárdenas Rendón (creador de Multifruits) quien “sorprendentemente” se lo había comprado a su hermano Elmer Cárdenas, dos meses después de que este fuera asesinado en combate.

Por si fuera poco y con el ánimo de legitimar los negocios de ocupación ilegal en el territorio del colectivo étnico de Cacarica, Arturo Enrique Vera Varón y Guillermo Forero Álvarez, director y jefe de la oficina jurídica de Incoder – ambos destituidos e inhabilitados por la Procuraduría – reglamentaron los “contratos de asociación empresarial o contratos de riesgo compartido, celebrados por empresarios y entidades públicas para el desarrollo de proyectos productivos en los territorios colectivos adjudicados”. Como anillo al dedo.

Así, con el visto bueno de las autoridades estatales y la participación de comercializadoras internacionales como Del Monte S.A., los hermanos Rendón expropiaron y se apropiaron de tierras colectivas en las que se instalaron “los nuevos moradores” quienes, sin pelos en la lengua, alegan que son de su propiedad porque fueron “entregadas para el progreso, por el Comando de las Autodefensas Unidas de Colombia”.

“Nosotros merecemos esta tierra porque sabemos cómo afrontar la guerra (…) no vamos a devolver tierras, vamos a dar bonificaciones a quienes eran los dueños (…) nosotros hemos liberado estas tierras y son nuestras (…) el que no quiera vender, nosotros cuadramos con él. Estamos más de 1.000 hombres, las tierras son del progreso, de la paz y las tierras van a ser sembradas con palma. Las empresas van a canalizar, la tierra queda apta para que no haya tanta humedad y queda lista para el mejor negocio”, le manifestaron en 2017 repobladores paramilitares que se encuentran en la zona a la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP), según informa Indepaz.

Lo cierto es que el despojo de tierras a comunidades vulnerables con la venia y la financiación de entidades estatales por parte de los hermanos paramilitares Rendón Herrera, es apenas uno de los muchos casos que registra el informe y que se han evidenciado por las autoridades judiciales a lo largo de los años y de las investigaciones que han logrado sacar a la luz estas actuaciones criminales y deshumanizadas que han dejado a una cantidad de familias desplazadas de sus territorios ancestrales, desempleadas y con precarias posibilidades de subsistir de manera digna. Eso, sin contar el gran impacto negativo que las actividades económicas han generado en zonas de protección ambiental.

Finalmente, resalta el informe que, si bien es cierto existen condenas por desplazamiento, ocupación de áreas de especial relevancia ambiental, concierto para delinquir, fraude procesal, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y de más delitos, estás “no dan cuenta del masivo y sistemático despojo y abandono forzado de tierras, enmarcados en el racismo y la discriminación étnica y racial. Tampoco reflejan la estrategia planificada de destrucción de áreas de especial relevancia ambiental como las Zonas de Reserva Forestal de la Ley 2 de 1959 y los Parques Nacionales Naturales, localizados en el Chocó Biogeográfico”.