Así se vendían 'libertades' en los juzgados de Paloquemao

Este domingo, en los juzgados de Paloquemao en Bogotá, se cumple el tercer día de audiencia en contra de 10 funcionarios judiciales de esa misma sede, entre ellos dos jueces, y un estudiante de derecho que, al parecer, crearon una especie de cartel dedicado a direccionar expedientes y favorecer con beneficios jurídicos, como órdenes de libertad, a personas investigadas por conductas graves. La Fiscalía ya les imputó cargos por siete delitos: concierto para delinquir, falsedad ideológica en documento público, prevaricato con acción, concusión, cohecho, revelación de secreto y tráfico de influencias. El único a la fecha que ha aceptado haber cometido irregularidades es el joven Daniel Esteban Hurtado Rey, de 21 años, quien dijo haber ofrecido dinero a cambio de información reservada.

Esta historia de corrupción llegó a conocimiento de las autoridades el 2 de marzo de 2012, cuando Élber Mahecha Silva, un funcionario del Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao, reveló cómo desde este lugar se estaban cobrando desde $5.000.000 para direccionar expedientes a despachos judiciales de conveniencia. La decisión de Mahecha se dio después de que la jueza quinta penal de Bogotá denunciara ciertas irregularidades que había conocido sobre cómo había llegado un expediente de Agro Ingreso Seguro a su despacho.

Según contó el testigo de la Fiscalía, quien se convirtió en eje central de la investigación, al conocer la denuncia que la funcionaria había interpuesto fue hasta donde la jueza coordinadora del Centro de Servicios Judiciales y le confesó minucias de la manera como se negociaban expedientes. El primer dato que aportó correspondía al 11 de octubre de 2011: Mahecha Silva detalló que ese día uno de los actualmente procesados, Jaime Camargo, un funcionario del Centro de Servicios, le habría pedido el favor de que le ayudara a poner una carpeta en un despacho específico y que si lo hacía “le colaboraba con los buses”.

“A uno le pagaban $500 mil por sólo hacer un click”, se lee en una de las confesiones de Mahecha que dio a conocer la fiscal 13 de la Unidad de Investigaciones contra funcionarios judiciales, Leonor Oviedo, durante la audiencia de imputación de cargos. Asimismo, Mahecha relató cómo el 15 de noviembre le entró una llamada al celular. Era Camargo. Le proponía direccionar otro proceso a un juez específico, el 26 de control de garantías, Ricardo del Cristo Rodríguez, por otro medio millón de pesos. Hoy Rodríguez está siendo procesado. Mahecha Silva en sus declaraciones también manifestó que el modus operandi era sencillo, lo único que Camargo tenía que hacer era pasarle un papel con el número del juzgado elegido y la diligencia a realizar.

Según explicó la Fiscalía, para seleccionar qué juzgado se va a encargar de una carpeta radicada en el Centro de Servicios existen dos maneras. La primera es de manera aleatoria y se elige el despacho que primero arroje el sistema. La segunda es de forma manual, y sólo un número de personas tiene acceso a realizar este procedimiento, siempre y cuando, cuenten con la autorización del juez coordinador del Centro de Servicios. Este procedimiento únicamente se hace en casos excepcionales. Mahecha, con su usuario, podía hacer esta maniobra las veces que quisiera y eso fue lo que hicieron para direccionar más de una decena de procesos, aseguró la Fiscalía.

El 29 de agosto de 2012, en otro de sus reportes a la Fiscalía sobre estas operaciones ilegales, Mahecha contó que la notificadora del Centro de Servicios, Carmen Garzón –una de las detenidas–, lo llamó para ofrecerle $100 mil a cambio de direccionar un proceso de narcotráfico en el que unos policías estaban involucrados y estaban pidiendo que se les concediera la libertad. En interceptaciones realizadas, una de las conversaciones se escucha a la notificadora hablando de cómo le iban a pagar al ‘chino’ por la colaboración. Asimismo, que el 15 de agosto de ese año, Jaime Camargo le entregó otros $500 mil para que favoreciera a los hermanos Macaco, según la Fiscalía, unos narcos que estaban buscando el beneficio de libertad. Finalmente el juzgado 27 de garantías que recibió el expediente no realizó la audiencia porque no se especificó en la solicitud la diligencia a realizar.

Contra el otro juez investigado, Francisco Javier Barbón, la Fiscalía señaló que tiene pruebas para establecer su responsabilidad. Al parecer, el administrador de justicia tomó una decisión que “raya con lo absurdo” el 20 de diciembre después de realizar una audiencia contra Jazmín Osorio Rodríguez, una mujer que solicitaba la revocatoria de la medida de aseguramiento en prisión domiciliaria. Barbón terminó por favorecer a la implicada. De este suceso habló Mahecha, quien aseguró que Camargo se había comunicado con él, le ofreció la misma suma de dinero por direccionar esta carpeta al despacho de Barbón.

Según indicó la Fiscalía, el juez 26 de garantías era el preferido para amañar procesos. Mahecha contó que en el 19 de diciembre de 2012 le pagaron por enviar una carpeta a ese despacho. Esa audiencia terminó dándole la libertad a Jaime Castelblanco, un hombre que estaba bajo arresto mientras era procesado por el delito de fabricación, tráfico y porte ilegal de armas. El juez Rodríguez le otorgó la libertad. Tras observar que Élber Mahecha era un elemento esencial para la investigación, el ente investigador decidió el 27 de diciembre de 2012 que se convertiría en un agente infiltrado en el Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao. Desde ese entonces empezó a realizar grabaciones y el ente investigador a interceptar los teléfonos de los implicados.

Tras iniciar la operación de infiltración la Fiscalía aseguró que otro de los notificadores implicados en este escándalo, Alejandro Navas, estaba direccionando procesos. Al parecer, Navas envió al juzgado 26 de garantías el expediente de Jair Andrei Campo, quien el 11 de marzo fue puesto en libertad después de que el juez Rodríguez alegara vencimiento de términos. Pero uno de los casos en el que más pudieron encontrar pruebas las autoridades, fue en una audiencia de legalización de captura que adelantó este mismo despacho contra una persona por tráfico de estupefacientes. Por estos hechos, en el radar del ente investigador entraron los funcionarios judiciales Javier Español y Manuel Humberto González.

El 10 de mayo de 2013, la Fiscalía siguió a estos hombres hasta la Olímpica de la calle 53 con Boyacá en Bogotá donde se reunieron con unas personas para recibir $5 millones por direccionar el proceso. Asimismo, la fiscal Oviedo aseguró que Español y González pidieron $150 millones para asegurar que no enviarán a prisión a los procesados. En este caso, encontraron que el usuario de Marvi Quecano, funcionaria de depósitos judiciales en Paloquemao, realizó en más de tres ocasiones el reparto aleatorio de la audiencia. En vez de reportar la noticia criminal al primer despacho seleccionado, solamente radicó la audiencia cuando apareció en las pantallas el juzgado 26 de garantías. Es decir, la carpeta rotó por más de 10 juzgados.

Otro de los hechos relevantes que halló la Fiscalía fue una interceptación telefónica del 6 de junio de 2013 entre Ana Adelina Corredor y una mujer que estaba buscando como trasladar de cárcel a un familiar. Según apartes de la conversación Corredor le dice a esta mujer que ya había ido hasta el Inpec con su jefe (el juez Rodríguez) para contactar a una persona que no les cobrara más de $13 millones para realizar el cambio de la cárcel La Picota a un centro de reclusión en Facatativá (Cundinamarca). Finalmente Carlos Enrique Rodríguez, el beneficiado, ingresó a la prisión el Facatativá el 6 de agosto de 2013. En otra de las interceptaciones al teléfono de la secretaria Corredor, se escucha cuando habla con Javier Español quien le dice que ya el dinero por la diligencia echa está listo.

El pasado 29 de julio Alejandro Navas direccionó un proceso al juzgado 26 de garantías para que se otorgara una libertad. El juez Rodríguez utilizó los mismos argumentos, vencimiento de términos, pero según la Fiscalía siempre lo hacía basándose en una ley que ya no existía. Ana Adelina llamó a Español para decirle que su jefe lo estaba buscando ya que esa plata se la iban a dar a ella para pagar unas deudas. Español le contestó que con gusto se la daba y que se encontraran en una banca de un parque en el que solían reunirse. Esta operación permitió que a Nelson Raúl Marulanda, un hombre procesado por enriquecimiento ilícito, le dieran el beneficio de prisión domiciliaria el 9 de agosto de 2013.

Al otro día de que Marulanda saliera de prisión se reunió con Español y González en el supermercado Olímpica. En esa oportunidad las autoridades los grabaron y en un momento se acercaron a los implicados para identificarlos. Un video en poder de las autoridades reveló el momento en que el beneficiario entregó el dinero a los funcionarios judiciales. De hecho, uno de los abogados de estos hombres, en micrófonos abiertos mientras se celebraba la audiencia de imputación de cargos, manifestó el interés que tiene su defendido de llegar a un preacuerdo con la Fiscalía.

En el caso del joven estudiante de derecho, Daniel Hurtado, la situación se dio directamente con el testigo estrella Mahecha. Mientras realizaba sus labores de infiltración, este joven se comunicó con él para manifestarle su interés de que le diera información sobre unas posibles órdenes de captura. En un principio, el universitario se presentó como Camilo Huertas y dijo que necesitaba que le dieran copias de unas audiencias reservadas en las que se pedían, además de las capturas, interceptaciones a unos números telefónicos.

De esta forma, Hurtado se comunicó con Manuel Velásquez, el secretario del juzgado 55 de garantías en el cual se habían adelantado estas audiencias. Velásquez se comprometió a conseguirle los audios de las audiencias reservadas, y toda la operación la hizo sin el consentimiento de su jefe, la jueza 55 de garantías quien ante la Fiscalía relató su versión. Igualmente, el joven tenía comunicación directa con Camargo, quien en un encuentro el 9 de mayo de 2013 en el centro comercial Calima, lo grabó con una cámara tipo esfero mientras le entregaba $50.000 y le hacía sus peticiones.

Todos estos hechos y declaraciones de Élber Mahecha se convierten en el arsenal de pruebas que la Fiscalía tiene en contra de los 11 implicados en este llamado cartel que, al parecer, vendía ‘justicia’. Además, el ente investigador presentó los papelitos que Javier Camargo le entregaba a Mahecha para que este direccionara las carpetas y los billetes con los cuales le pagaron más de $5 millones al testigo estrella. En estos momentos la defensa de los implicados continúa argumentando el por qué no se les debe dictar medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras Fiscalía insiste en que las 11 personas arrestadas, jugaron con la justicia colombiana y deben estar detenidas mientras la investigación continúa.
 

Este domingo, en los juzgados de Paloquemao en Bogotá, se cumple el tercer día de audiencia en contra de 10 funcionarios judiciales de esa misma sede, entre ellos dos jueces, y un estudiante de derecho que, al parecer, crearon una especie de cartel dedicado a direccionar expedientes y favorecer con beneficios jurídicos, como órdenes de libertad, a personas investigadas por conductas graves. La Fiscalía ya les imputó cargos por siete delitos: concierto para delinquir, falsedad ideológica en documento público, prevaricato con acción, concusión, cohecho, revelación de secreto y tráfico de influencias. El único a la fecha que ha aceptado haber cometido irregularidades es el joven Daniel Esteban Hurtado Rey, de 21 años, quien dijo haber ofrecido dinero a cambio de información reservada.

Esta historia de corrupción llegó a conocimiento de las autoridades el 2 de marzo de 2012, cuando Élber Mahecha Silva, un funcionario del Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao, reveló cómo desde este lugar se estaban cobrando desde $5.000.000 para direccionar expedientes a despachos judiciales de conveniencia. La decisión de Mahecha se dio después de que la jueza quinta penal de Bogotá denunciara ciertas irregularidades que había conocido sobre cómo había llegado un expediente de Agro Ingreso Seguro a su despacho.

Según contó el testigo de la Fiscalía, quien se convirtió en eje central de la investigación, al conocer la denuncia que la funcionaria había interpuesto fue hasta donde la jueza coordinadora del Centro de Servicios Judiciales y le confesó minucias de la manera como se negociaban expedientes. El primer dato que aportó correspondía al 11 de octubre de 2011: Mahecha Silva detalló que ese día uno de los actualmente procesados, Jaime Camargo, un funcionario del Centro de Servicios, le habría pedido el favor de que le ayudara a poner una carpeta en un despacho específico y que si lo hacía “le colaboraba con los buses”.

“A uno le pagaban $500 mil por sólo hacer un click”, se lee en una de las confesiones de Mahecha que dio a conocer la fiscal 13 de la Unidad de Investigaciones contra funcionarios judiciales, Leonor Oviedo, durante la audiencia de imputación de cargos. Asimismo, Mahecha relató cómo el 15 de noviembre le entró una llamada al celular. Era Camargo. Le proponía direccionar otro proceso a un juez específico, el 26 de control de garantías, Ricardo del Cristo Rodríguez, por otro medio millón de pesos. Hoy Rodríguez está siendo procesado. Mahecha Silva en sus declaraciones también manifestó que el modus operandi era sencillo, lo único que Camargo tenía que hacer era pasarle un papel con el número del juzgado elegido y la diligencia a realizar.

Según explicó la Fiscalía, para seleccionar qué juzgado se va a encargar de una carpeta radicada en el Centro de Servicios existen dos maneras. La primera es de manera aleatoria y se elige el despacho que primero arroje el sistema. La segunda es de forma manual, y sólo un número de personas tiene acceso a realizar este procedimiento, siempre y cuando, cuenten con la autorización del juez coordinador del Centro de Servicios. Este procedimiento únicamente se hace en casos excepcionales. Mahecha, con su usuario, podía hacer esta maniobra las veces que quisiera y eso fue lo que hicieron para direccionar más de una decena de procesos, aseguró la Fiscalía.

El 29 de agosto de 2012, en otro de sus reportes a la Fiscalía sobre estas operaciones ilegales, Mahecha contó que la notificadora del Centro de Servicios, Carmen Garzón –una de las detenidas–, lo llamó para ofrecerle $100 mil a cambio de direccionar un proceso de narcotráfico en el que unos policías estaban involucrados y estaban pidiendo que se les concediera la libertad. En interceptaciones realizadas, una de las conversaciones se escucha a la notificadora hablando de cómo le iban a pagar al ‘chino’ por la colaboración. Asimismo, que el 15 de agosto de ese año, Jaime Camargo le entregó otros $500 mil para que favoreciera a los hermanos Macaco, según la Fiscalía, unos narcos que estaban buscando el beneficio de libertad. Finalmente el juzgado 27 de garantías que recibió el expediente no realizó la audiencia porque no se especificó en la solicitud la diligencia a realizar.

Contra el otro juez investigado, Francisco Javier Barbón, la Fiscalía señaló que tiene pruebas para establecer su responsabilidad. Al parecer, el administrador de justicia tomó una decisión que “raya con lo absurdo” el 20 de diciembre después de realizar una audiencia contra Jazmín Osorio Rodríguez, una mujer que solicitaba la revocatoria de la medida de aseguramiento en prisión domiciliaria. Barbón terminó por favorecer a la implicada. De este suceso habló Mahecha, quien aseguró que Camargo se había comunicado con él, le ofreció la misma suma de dinero por direccionar esta carpeta al despacho de Barbón.

Según indicó la Fiscalía, el juez 26 de garantías era el preferido para amañar procesos. Mahecha contó que en el 19 de diciembre de 2012 le pagaron por enviar una carpeta a ese despacho. Esa audiencia terminó dándole la libertad a Jaime Castelblanco, un hombre que estaba bajo arresto mientras era procesado por el delito de fabricación, tráfico y porte ilegal de armas. El juez Rodríguez le otorgó la libertad. Tras observar que Élber Mahecha era un elemento esencial para la investigación, el ente investigador decidió el 27 de diciembre de 2012 que se convertiría en un agente infiltrado en el Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao. Desde ese entonces empezó a realizar grabaciones y el ente investigador a interceptar los teléfonos de los implicados.

Tras iniciar la operación de infiltración la Fiscalía aseguró que otro de los notificadores implicados en este escándalo, Alejandro Navas, estaba direccionando procesos. Al parecer, Navas envió al juzgado 26 de garantías el expediente de Jair Andrei Campo, quien el 11 de marzo fue puesto en libertad después de que el juez Rodríguez alegara vencimiento de términos. Pero uno de los casos en el que más pudieron encontrar pruebas las autoridades, fue en una audiencia de legalización de captura que adelantó este mismo despacho contra una persona por tráfico de estupefacientes. Por estos hechos, en el radar del ente investigador entraron los funcionarios judiciales Javier Español y Manuel Humberto González.

El 10 de mayo de 2013, la Fiscalía siguió a estos hombres hasta la Olímpica de la calle 53 con Boyacá en Bogotá donde se reunieron con unas personas para recibir $5 millones por direccionar el proceso. Asimismo, la fiscal Oviedo aseguró que Español y González pidieron $150 millones para asegurar que no enviarán a prisión a los procesados. En este caso, encontraron que el usuario de Marvi Quecano, funcionaria de depósitos judiciales en Paloquemao, realizó en más de tres ocasiones el reparto aleatorio de la audiencia. En vez de reportar la noticia criminal al primer despacho seleccionado, solamente radicó la audiencia cuando apareció en las pantallas el juzgado 26 de garantías. Es decir, la carpeta rotó por más de 10 juzgados.

Otro de los hechos relevantes que halló la Fiscalía fue una interceptación telefónica del 6 de junio de 2013 entre Ana Adelina Corredor y una mujer que estaba buscando como trasladar de cárcel a un familiar. Según apartes de la conversación Corredor le dice a esta mujer que ya había ido hasta el Inpec con su jefe (el juez Rodríguez) para contactar a una persona que no les cobrara más de $13 millones para realizar el cambio de la cárcel La Picota a un centro de reclusión en Facatativá (Cundinamarca). Finalmente Carlos Enrique Rodríguez, el beneficiado, ingresó a la prisión el Facatativá el 6 de agosto de 2013. En otra de las interceptaciones al teléfono de la secretaria Corredor, se escucha cuando habla con Javier Español quien le dice que ya el dinero por la diligencia echa está listo.

El pasado 29 de julio Alejandro Navas direccionó un proceso al juzgado 26 de garantías para que se otorgara una libertad. El juez Rodríguez utilizó los mismos argumentos, vencimiento de términos, pero según la Fiscalía siempre lo hacía basándose en una ley que ya no existía. Ana Adelina llamó a Español para decirle que su jefe lo estaba buscando ya que esa plata se la iban a dar a ella para pagar unas deudas. Español le contestó que con gusto se la daba y que se encontraran en una banca de un parque en el que solían reunirse. Esta operación permitió que a Nelson Raúl Marulanda, un hombre procesado por enriquecimiento ilícito, le dieran el beneficio de prisión domiciliaria el 9 de agosto de 2013.

Al otro día de que Marulanda saliera de prisión se reunió con Español y González en el supermercado Olímpica. En esa oportunidad las autoridades los grabaron y en un momento se acercaron a los implicados para identificarlos. Un video en poder de las autoridades reveló el momento en que el beneficiario entregó el dinero a los funcionarios judiciales. De hecho, uno de los abogados de estos hombres, en micrófonos abiertos mientras se celebraba la audiencia de imputación de cargos, manifestó el interés que tiene su defendido de llegar a un preacuerdo con la Fiscalía.

En el caso del joven estudiante de derecho, Daniel Hurtado, la situación se dio directamente con el testigo estrella Mahecha. Mientras realizaba sus labores de infiltración, este joven se comunicó con él para manifestarle su interés de que le diera información sobre unas posibles órdenes de captura. En un principio, el universitario se presentó como Camilo Huertas y dijo que necesitaba que le dieran copias de unas audiencias reservadas en las que se pedían, además de las capturas, interceptaciones a unos números telefónicos.

De esta forma, Hurtado se comunicó con Manuel Velásquez, el secretario del juzgado 55 de garantías en el cual se habían adelantado estas audiencias. Velásquez se comprometió a conseguirle los audios de las audiencias reservadas, y toda la operación la hizo sin el consentimiento de su jefe, la jueza 55 de garantías quien ante la Fiscalía relató su versión. Igualmente, el joven tenía comunicación directa con Camargo, quien en un encuentro el 9 de mayo de 2013 en el centro comercial Calima, lo grabó con una cámara tipo esfero mientras le entregaba $50.000 y le hacía sus peticiones.

Todos estos hechos y declaraciones de Élber Mahecha se convierten en el arsenal de pruebas que la Fiscalía tiene en contra de los 11 implicados en este llamado cartel que, al parecer, vendía ‘justicia’. Además, el ente investigador presentó los papelitos que Javier Camargo le entregaba a Mahecha para que este direccionara las carpetas y los billetes con los cuales le pagaron más de $5 millones al testigo estrella. En estos momentos la defensa de los implicados continúa argumentando el por qué no se les debe dictar medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras Fiscalía insiste en que las 11 personas arrestadas, jugaron con la justicia colombiana y deben estar detenidas mientras la investigación continúa.