:format(jpeg)/www.elespectador.com/resizer/X4r63y9T1LD_gMpe0ILrCNwPum0=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/FRBPMSJBCND53PAXMUSB3L6V7Q.jpg)
Además de las 41 recomendaciones que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le hizo al Estado colombiano, luego de que hace un mes visitara el país para verificar la situación de derechos humanos durante las manifestaciones del paro nacional, el organismo interamericano realizó otro anuncio importante de cara al futuro cercano de la situación social y política colombiana: la instalación de un mecanismo especial de seguimiento en materia de derechos humanos, con el fin de monitorear el desarrollo de las protestas y el estado de sus recomendaciones. El Espectador explica en qué consiste y qué implica este instrumento.
El documento de 48 páginas, que consigna las observaciones, cuestiona las diferencias de cifras sobre agresiones en las protestas, llama la atención del Gobierno por los comentarios estigmatizantes sobre el paro, entre otros fuertes llamados. Y culmina así: “La CIDH continuará monitoreando el desarrollo de las protestas sociales al tiempo que expresa su más amplia disposición para brindar asistencia técnica al Estado para el seguimiento de las recomendaciones, para lo cual anuncia la instalación de un mecanismo especial de seguimiento en materia de derechos humanos para Colombia que contribuya a la consolidación de la paz en los diversos sectores de la sociedad”.
Este mecanismo ya ha sido implementado en países como Venezuela y Nicaragua, y como le explicó a este diario María Clara Galvis, profesora de la Universidad Externado y exvicepresidenta del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, “se instala por decisión de la CIDH luego de observar que un país requiere un seguimiento especial a las recomendaciones formuladas por la CIDH”. En palabras de la Comisión, estos mecanismos “facilitan un análisis de las decisiones y recomendaciones, permiten dar una exposición pública del caso o la situación y proveen el seguimiento periódico y sistemático del tema, lo que resulta en un seguimiento más profundo y enfocado por parte de la CIDH”.
En el caso de Nicaragua, la CIDH instaló el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) en 2018 para monitorear el cumplimiento de las recomendaciones que hizo al gobierno de Daniel Ortega tras las flagrantes violaciones de derechos humanos cometidas en las protestas sociales de ese año. El Mecanismo Especial de Seguimiento para Venezuela (Meseve), por otro lado, fue instalado en octubre de 2019 y buscaba, además, vigilar el cumplimiento de las medidas cautelares ordenadas al gobierno de Nicolás Maduro y tener un mayor contacto con las organizaciones de la sociedad civil y con las víctimas.
En concreto, según la profesora Galvis, los mecanismos para Nicaragua y Venezuela han servido para “tener contacto más estrecho con organizaciones de la sociedad civil y con las víctimas de las graves violaciones de derechos humanos que ocurren en ambos países; mantener informado constantemente al Consejo Permanente de la OEA sobre la situación en estos países; monitorear de cerca, desde Costa Rica, en el caso de Nicaragua, y desde Colombia, en el caso de Venezuela, la situación de los migrantes de ambos países, que es dramática, pues la grave crisis de derechos humanos los ha obligado a salir de sus países”.
El caso colombiano, a su vez, es distinto. La CIDH manifestó en las observaciones entregadas el 7 de julio su preocupación por el uso desproporcionado de la fuerza por parte de miembros de la Policía, las denuncias de violencia sexual y de género, el uso de la figura de traslado de protección para detener a manifestantes, la desaparición de personas, la figura de asistencia militar como una forma de disuadir las protestas, la aplicación de la jurisdicción penal militar en casos de violaciones de derechos humanos, las agresiones a periodistas y las dinámicas de la protesta en internet. Y sobre todos estos temas extendió recomendaciones al Estado.
La Cancillería colombiana ya respondió públicamente que rechaza la creación de este mecanismo. “Reiteramos que nuestro Estado cuenta con una institucionalidad robusta y sólida, cimentada en principios democráticos y garantías para todos los ciudadanos y, por lo tanto, no consideramos necesario un mecanismo de seguimiento. En atención al principio de subsidiariedad que rige las actuaciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Colombia dispone de mecanismos internos para atender las denuncias presentadas por presuntos casos de vulneraciones a los derechos humanos”, se lee en el documento.
En esta crítica, el gobierno de Iván Duque se suma a la senda por la que ya otros países anduvieron con los mecanismos especiales. La relación es tan tensionante, que el Meseni apenas funcionó seis meses desde Nicaragua y el Meseve ha operado desde su nacimiento en Washington. En su labor de monitoreo, por ejemplo, el Meseve manifestó recientemente su preocupación por la detención de tres miembros de Fundaredes, organización social que ha denunciado la presencia de grupos guerrilleros colombianos en Venezuela. Y esta misma semana el Meseni condenó la detención del líder campesino Medardo Mairena, sexto aspirante a la presidencia de Nicaragua en ser arrestado.
Sin embargo, la profesora Galvis aclara que la CIDH tiene autonomía para instalar estos mecanismos de seguimiento, por lo que no necesita la aprobación del Estado para hacerlo. Otra historia sería si la Comisión hubiera recomendado, como pedían más de 600 organizaciones sociales, que se instalara un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Estos grupos suelen estar conformados por cuatro o cinco profesionales de alto nivel técnico y de reconocida trayectoria en derechos humanos, que se dedican a investigar violaciones de derechos humanos. Sin embargo, el grupo no tiene un papel sustitutivo de las autoridades locales, sino que trabajaría de la mano de ellas.
Hasta ahora han sido creados tres GIEI: uno en México, para investigar las desapariciones de estudiantes en Ayotzinapa; otro en Nicaragua, para investigar lo ocurrido en las protestas de 2018, y el tercero en Bolivia, para esclarecer lo ocurrido en la crisis electoral que llevó a la renuncia forzada de Evo Morales a finales de 2019. “Los tres han surgido de acuerdos entre el Estado y la CIDH. Sin el acuerdo del Estado es muy difícil instalar un GIEI, pues esto supone elegir a un grupo de personas expertas, independientes del gobierno, darles acceso a los expedientes, garantizar su seguridad en el país y el acceso a lugares y personas”, comentó Galvis.
Una de las organizaciones que pidió la creación de un GIEI fue la Comisión Colombiana de Juristas. Javier Galindo, coordinador de litigio internacional, le dijo a este diario: “Apoyamos a la CIDH en su decisión de adoptar el mecanismo de seguimiento a Colombia y de emitir su escrito de observaciones. Vemos que es un documento robusto con 41 recomendaciones. Si bien solicitamos la creación de un GIEI, confiamos plenamente en el mecanismo adoptado y el seguimiento que hará. Estaremos atentos para continuar informando a la CIDH, lo más importante es que el mecanismo adoptado tenga un seguimiento constante”.