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De acuerdo con cifras del Inpec, a corte de 4 de mayo hay 182 personas privadas de su libertad positivas por COVID-19.
Foto: EFE - Mauricio Dueñas
“Me causó indignación ver los gusanos en la comida”, dijo esta semana el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, refiriéndose a los alimentos que reciben las personas privadas de la libertad en la URI de Puente Aranda, en Bogotá. Pero la situación no se limita a la capital: en diferentes cárceles y centros de detención del país los reclusos denuncian constantemente recibir alimentos en descomposición. Andrés Díaz, director de la Unidad de Servicios Penitenciarios (Uspec) habló con El Espectador de la estrategia que está en marcha para que eso cambie y el servicio mejore, conforme a órdenes que ha dado hasta la Corte Constitucional. Lo primero será abrir una gran licitación.
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