Así va San Vicente del Caguán

El pasado 10 de septiembre el Ministerio de Defensa y su Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado (PAHD) presentó en San Vicente del Caguán una campaña para fortalecer el programa de reinserción. La emotiva celebración, que incluyó el lanzamiento de un video con reconocidos cantantes vallenatos, contrastaba con la compleja y poco conocida situación que vive este municipio caqueteño, que entre 1998 y 2002 fue epicentro del fallido proceso de paz con las Farc.

El Gobierno ve a la región como una zona neurálgica para la consolidación de la seguridad democrática en vista de la presencia histórica de las Farc. Sin embargo, en la actualidad este municipio afronta serios retos en materia de seguridad, desarrollo económico y social, que si no son superados, convertirían el gran avance militar y el tibio apoyo institucional en un ejercicio de ocupación sin resultados en el largo plazo.

La escogencia de San Vicente es simbólica y se articula a una avanzada de aproximadamente 6.000 efectivos militares que ocupan este territorio, incluyendo los denominados Llanos del Yarí.

La salida de Nestlé

Terminada la zona de distensión y tras la aparición de los primeros grupos paramilitares en la región, San Vicente fue noticia en razón a su selección como área prioritaria para la política de la seguridad democrática. A principios del año pasado el país volvió a escuchar de esta zona por los atentados que varias estructuras de las Farc realizaron contra infraestructura de la multinacional Nestlé. El 15 de enero fue dinamitada una estación de enfriamiento de Campohermoso y dos días después la planta de acopio de El Doncello fue destruida. Los atentados continuaron e inclusive en febrero de este año tres cilindros bomba fueron lanzados contra la planta de Nestlé en Florencia.

Los atentados hicieron que la compañía se retirará de la zona norte del Caquetá y buscara suplir los 150.000 litros diarios de leche que compraba en San Vicente, en municipios del Huila y Cundinamarca. Esta decisión implicó que la compañía dejara de girar cerca de $1.200 millones quincenales a los ganaderos de esta zona.

Para las Fuerzas Militares y varias fuentes consultadas en la creación de quesilleras podría haber influencia de las Farc. Lo cierto es que este nuevo escenario logró llenar un espacio en el que Nestlé había generado estabilidad por más de 30 años.

Hoy, sin embargo, la situación presenta tendencias preocupantes. Muchas quesilleras han cerrado y otras adeudan varios millones de pesos a los ganaderos de la región. Las que subsisten trabajan en su mayoría a pérdida y el circuito comercial se ha visto seriamente afectado. Una mala gestión del negocio y variables externas como el comportamiento del mercado nacional al parecer han sido las razones que explican este declive.

Paralelamente a la situación del sector lechero se está desaprovechando el  alto potencial ganadero del municipio. Mensualmente cerca de 12.000 cabezas de ganado salen de San Vicente rumbo a ciudades como Cali, Bogotá y el Eje Cafetero. Si bien es un negocio que representa cerca de 2.000 millones de pesos mensuales, gran parte de las utilidades, representadas en un impuesto al degüello, no son reinvertidas a la región ante la inexistencia de un frigorífico que según cálculos puede costar unos $24.000 millones.

El deterioro de la seguridad

En la cabecera municipal se reconoce que el trato del Ejército y de la Policía con la población civil ha mejorado. Sin embargo, en palabras del defensor comunitario de San Vicente, Óscar Prieto, el deterioro en materia de derechos humanos está escalando de manera importante. La propia Defensoría ha comprobado casos de empadronamientos —que incluyen fotografías— y recibe denuncias de ganaderos y comerciantes con estos procedimientos, sobre todo en zonas rurales en donde el campesino “por primera vez ve a un soldado del Estado”.

Pese al gran dispositivo militar y policial, en la región existe una percepción preocupante por parte de campesinos, comerciantes y los habitantes de San Vicente, quienes han visto un aumento progresivo de acciones propias de la delincuencia común, en donde no habría que descartar la posible participación de milicias de las Farc que hoy en día “andan a la deriva”.

Otras denuncias señalan que la estrategia de desmovilización por parte del Gobierno puede estar generando efectos contraproducentes. Por ejemplo, son frecuentes las avanzadas militares en compañía de supuestos desmovilizados encapuchados como guías de terreno o como informantes, que en concepto del Defensor “quebrantan el tejido social” al ser esta una zona en donde los pobladores por décadas han tenido que convivir con las Farc. Tal como le pasó a la familia de Ancízar Rojas, quien después de ser señalado por un desmovilizado como colaborador de las Farc fue asesinado en extrañas circunstancias el 8 de septiembre de 2007, en un atentado en el que fue herida su hija, que para ese entonces tenía 8 años de edad.

 ¿Y qué pasa con las Farc?

Según ‘Ideas para la Paz’,  las Farc siguen teniendo una fuerte presencia en la región de San Vicente del Caguán, con el agravante de que después de la ‘Operación Jaque’, las misiones de la Cruz Roja y de Médicos sin Fronteras han visto restringidas sus acciones. ‘Ideas para la Paz’ señala que ese grupo armado sigue extorsionando, secuestrando, produciendo desplazamiento forzado y reclutando menores. “Contrario a lo que ocurre en otras zonas del país, en donde el reclutamiento se ha detenido para prevenir filtraciones, en esta región las Farc han venido presionando sus bases sociales de confianza para que entreguen a sus hijos a las filas. Son comunes las “evacuaciones preventivas” que hacen las Farc y que han generado un incremento en el desplazamiento forzado, tal como lo muestra el último informe de Codhes, que reporta en el primer semestre de este año 692 casos”.

* Miembro de la Fundación Ideas para la Paz.