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Asonadas contra la fuerza pública: el difícil reto de judicializar a la población civil

En Huila y Meta, cientos de civiles frustraron operativos militares y judiciales contra las disidencias de las Farc, obligando a uniformados a retirarse. Los hechos, que el Gobierno califica de asonadas promovidas por grupos armados, evidencian la complejidad de llevar ante la justicia a los responsables y lograr completar sus operaciones.

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Valentina Gutiérrez Restrepo
23 de septiembre de 2025 - 01:13 a. m.
De acuerdo con las denuncias hechas por la fuerza pública, dos pelotones fueron obligados a subirse en vehículos particulares para sacarlos al corregimiento de Belén (Huila).
De acuerdo con las denuncias hechas por la fuerza pública, dos pelotones fueron obligados a subirse en vehículos particulares para sacarlos al corregimiento de Belén (Huila).
Foto: Ejército

En la vereda La Samaria, en La Macarena (Meta), el CTI de la Fiscalía y el Ejército capturaron a Oliver Lozano Serna, alias “Chimbo de Oro”, presunto líder logístico del Bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de las Farc de alias “Calarcá”. La operación, que ocurrió el pasado 21 de septiembre, marchaba tan bien que el presunto miembro del grupo armado ya tenía esposas y estaba rumbo a presentarse ante un juez de garantías para legalizar su captura.

Sin embargo, el operativo terminó en una asonada de pobladores que, como confirmó el...

Por Valentina Gutiérrez Restrepo

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