“Asumimos el riesgo o seguimos corriendo”: periodista Robert Posada Rosero

¿Quién es Robert Posada Rosero?

Nací en Tuluá y he vivido casi toda mi vida en este municipio. Soy periodista egresado de la Universidad Central, de Bogotá. Trabajé en Radionet, en época de Yamid Amat y Jaime Garzón. Estuve en El Tiempo durante siete años. Fui editor político y general de El Liberal, de Popayán, y reportero de orden público en La Crónica, de Quindío. He sido columnista del semanario El Tabloide y colaborador de medios extranjeros. En mi reciente cargo de secretario de Desarrollo Institucional de la actual Alcaldía, mi primera tarea será reorganizar y revisar la planta de personal, entre otros motivos, para verificar los antecedentes de los funcionarios vinculados a la administración con el fin de evitar la infiltración de las bandas criminales.

¿Cómo así? ¿Infiltración de bandas criminales en la Alcaldía?

Sí. Por ejemplo, hay dos personas que trabajan en la Secretaría de Tránsito que fueron imputadas por la presunta comisión de los delitos de concierto para delinquir, homicidio, tráfico de drogas y extorsión. Una de ellas ya aceptó cargos por concierto para delinquir. Otros funcionarios de esa misma Secretaría, que habían pedido licencia no remunerada para fin de año, no se han presentado a trabajar, aunque ya se venció el término. Estamos procediendo, en el marco de la ley, para que se autorice su desvinculación. Pero lo preocupante es que uno de ellos también tiene requerimientos de la justicia.

Esos funcionarios, ¿cuándo llegaron a la Alcaldía y recomendados por quién?

Vienen de la administración anterior y, de acuerdo con lo que se ha dicho en las diligencias realizadas por la Fiscalía, esas personas podrían tener conexiones con la estructura criminal La Inmaculada o la Oficina”, como se hace llamar ahora esa banda organizada.

El alcalde recién posesionado, Gustavo Adolfo Vélez, su actual jefe, es conocido como el mandatario local “más amenazado de Colombia”. Usted, en su profesión de reportero, también califica como el periodista más perseguido. ¿Sus denuncias y las del alcalde sobre el dominio criminal en Tuluá tienen que ver con los ataques que han sufrido?

Sí. La respuesta más agresiva de los grupos delictivos tiene relación con las denuncias del alcalde y las mías sobre la alianza entre los políticos locales y las bandas criminales. Por ejemplo, esa alianza queda en evidencia con nuestra denuncia sobre la expedición irregular de licencias urbanísticas en sitios prohibidos, porque estaban por fuera del POT (Plan de Ordenamiento Territorial), por ser terrenos con alto riesgo de inundación. Otro tema molesto para ellos es la publicación de informaciones sobre extorsiones a propietarios o administradores de actividades como el transporte público, el comercio y casi todos los negocios legales o ilegales de la ciudad. Primero intimidan y extorsionan a los ciudadanos y después, cuando sus víctimas ya están arrinconadas, se adueñan de sus negocios. Por señalar solo dos casos, las bandas son propietarias de varias ambulancias y de vehículos del transporte urbano de Tuluá.

¿Cuántas amenazas y atentados ha sufrido el alcalde Vélez?

El alcalde ya fue mandatario local entre 2016 y 2019. Cuando terminó su período su imagen positiva era superior al 85 %, por la buena percepción que tenían los tulueños sobre el manejo que le dio a la administración. Por eso muchos tulueños le pidieron volver, pero de inmediato empezó a recibir amenazas. Cuando anunció su aspiración se desataron los atentados: el sitio de trabajo de uno de sus hijos recibió nueve disparos. Como él es ingeniero, le quemaron una maquinaria, quemaron también las vallas de su campaña y amedrentaron a los medios locales para que no lo mencionaran ni le hicieran eco a su propaganda. Asesinaron al parapentista que había sido contratado para desplegar, desde el aire, publicidad del alcalde. En medio de esa situación fue imposible asistir a reuniones presenciales. Y por eso todos los actos de su campaña se hicieron solamente de modo virtual. La persecución contra él y contra mí ha sido atroz.

El alcalde lo acaba de nombrar a usted como su secretario de Desarrollo Institucional. ¿Cómo se enfrentarán a una banda criminal del tamaño y violencia que, según se dice, tiene la autodenominada La Inmaculada?

Ante todo, Dios nos da el valor y la fortaleza que necesitamos. Por mi parte, hay graves riesgos, porque pese a las constantes amenazas y actos violentos en mi contra y contra mi familia, la Unidad Nacional de Protección (UNP) solo me asignó un escolta. Hoy, el alcalde y yo, por generosidad de él, tenemos que vivir refugiados en una propiedad del mandatario en las afueras de Tuluá, en donde es más segura la instalación y funcionamiento de esquemas de vigilancia compuestos por personal militar del Ejército, uniformados de la Policía y escoltas de la UNP. Durante el día vamos a la sede de la Alcaldía, pero siempre rodeados por grupos de seguridad y usando únicamente vehículos blindados que el mismo alcalde paga de su bolsillo. Su situación y la mía son todavía más críticas después del asesinato a tiros del único concejal elegido por el movimiento del alcalde. Se llamaba Eliecid Ávila y fue atacado a tiros, en la parte exterior de su casa, el 31 de diciembre, pocas horas antes de que se pudiera posesionar.

¿La propiedad rural en la que se refugian el alcalde y usted está blindada de ataques?

Lo cierto es que ya hubo disparos contra la propiedad. Fue cuando se reforzó la seguridad con más uniformados y durante las 24 horas del día. Adicionalmente, tomamos otras precauciones: no vamos a restaurantes, a centros comerciales, no visitamos a nadie. Nuestras actividades se limitan, por ahora, al trabajo oficial y a cumplir la responsabilidad que nos delegó el pueblo tulueño. Tenemos claro que no podemos fallar, pero también entendemos que solo con el apoyo del Gobierno Nacional podemos revertir esta grave situación.

Pese a todos los obstáculos violentos y a no poder presentarse personalmente en ninguna reunión de campaña, el alcalde Vélez logró el doble de la votación sobre el segundo candidato: por encima de 41 mil votos contra 20 mil del aspirante que más se le acercó. ¿Cómo fue posible esa elección a pesar de que él no pudo reunirse con sus electores?

Tuluá es una ciudad agobiada por estar sometida a unos políticos corruptos y a sus aliados en el crimen organizado. No se requieren miles de denuncias públicas para saberlo: la contundente votación del actual alcalde Vélez sobre el segundo, quien era apoyado por esa alianza, se convirtió en un grito de rechazo a la época más oscura que ha vivido la ciudad. Nuestra gente tuvo coraje, valor civil y cambió el miedo por la esperanza. Se rebeló antes de que le impusieran otros cuatro años de una dudosa administración, máxime cuando públicamente se supo quiénes eran los candidatos protegidos por la deplorable alianza ilegal.

¿Cómo se supo?

Fue evidente para todo el mundo quiénes eran esos candidatos, porque las bandas criminales prohibieron hacer campaña en sus territorios, y también prohibieron votar por Gustavo Vélez. Entretanto, dos aspirantes a la Alcaldía, exsecretarios de la administración pasada presidida por John Jairo Gómez, hicieron alarde de los eventos de sus campañas que tuvieron lugar en los barrios controlados por esas organizaciones. En Tuluá no hay nadie que no sepa quiénes son los responsables de lo que vive la ciudad.

La pregunta ahora es: ¿cómo van a gobernar ustedes y cómo van a administrar el municipio si ni siquiera pueden estar libremente en ningún sitio?

Estamos adoptando una serie de medidas de protección para todos los funcionarios de la Alcaldía. Y hemos decidido que iremos a trabajar, cada día, a la sede del CAM (Centro Administrativo Municipal), aunque tengamos que protegernos en nuestros desplazamientos con los esquemas que ya le he mencionado. Es una situación totalmente atípica, pero tenemos confianza en el triunfo de las instituciones y la convicción de que si trabajamos unidos y contamos con el apoyo de la ciudadanía, se impondrá el Estado de derecho en esta ciudad.

Para hacerlo primero tendrían que ser judicializadas, capturadas, condenadas y desarticuladas las bandas y sus miembros. Si no, no podrá haber plena seguridad. ¿Ustedes han presentado denuncias judiciales y la Fiscalía está investigando?

He interpuesto por lo menos cinco denuncias. En el caso del alcalde y su familia, puede haber más de 10 o 12 reclamaciones judiciales. Pero hasta el momento no sabemos de mayores avances en ninguno de los casos. En el CAM es de conocimiento público que la Fiscalía allanó varias dependencias para recoger documentación sobre funcionarios. Esa documentación fue allegada, como prueba, en diferentes procesos.

Perdone la crudeza, pero es inevitable decir que en esas condiciones es casi imposible llegar con vida al final de este cuatrienio. ¿Están resignados a morir como mártires o tienen motivos para ser optimistas y creen que pueden vencer a los criminales?

No somos nosotros los que vamos a vencer a los criminales. Lo tiene que hacer el Estado, responsable de la seguridad de todos los ciudadanos del país. Eso sí, nosotros ponemos la cara por Tuluá y por Colombia. O asumimos el riesgo o seguimos corriendo.

¿Es cierto que continúan llegando amenazas a la Alcaldía?

Al alcalde lo amenazan cada semana. Toda su familia tuvo que salir del país. Vengo recibiendo ataques desde 2021. Cinco días antes del asesinato, por sicarios en moto, de mi amigo y colega de periodismo Marcos Efraín Montalvo, fui atacado por cuatro sujetos. Aunque suministré el nombre y los datos de quien me estaba amenazando, nunca pasó nada. El exsecretario de Gobierno de la Alcaldía pasada, coronel (r) Jorge Gallego (denunciado por acoso), nos tildó, en una sesión del Concejo, de ser tan criminales como los extorsionistas por denunciar lo que sucede en Tuluá. Nos puso una lápida en el pecho. A Marcos lo mataron. Yo tuve la suerte de contar con el apoyo de varias organizaciones periodísticas que, como dije, me permitieron mantenerme un tiempo en el exterior.

¿Quién era el periodista asesinado Marcos Efraín Montalvo?

Marcos era un gran periodista, muy conocido en el Valle del Cauca y en Tuluá, en donde era una institución. Pero, por encima de todo, era mi amigo, compartíamos información, y tristemente también amenazas, como cuando denunciamos la entrega ilegal de licencias de urbanismo. Días antes de su asesinato un sujeto se apareció en el edificio donde yo vivía. Le dijo a uno de los porteros que había escuchado una conversación, en la Secretaría de Tránsito del municipio, durante la cual alguien había dicho que yo “estaba caliente” y que ya me “tenían listo”. Poco después, en las audiencias por el homicidio de Marcos, fueron capturados, precisamente, dos agentes del Tránsito: la Fiscalía los vinculó a la investigación por su presunta participación en ese execrable crimen. Ciertamente, Marcos y yo compartíamos noticias y nos rebelamos ante el silencio que querían imponernos a todos los reporteros y medios las bandas criminales.

El asesinato del parapentista Jorge Iván González, que ocurrió en octubre del año pasado en las afueras de Tuluá, también fue muy impactante. ¿Hay pruebas de que ese crimen se relaciona con la propaganda del actual alcalde, su jefe, que el señor González había desplegado en el aire?

Esa estructura criminal autodenominada La Inmaculada se adjudicó el homicidio del parapentista. Con ese vil asesinato, las bandas pretendían aterrorizar a los tulueños para que no votaran por Gustavo Vélez y sacarlo del camino por la vía electoral. También mataron al concejal Eliecid Ávila, que apoyaba al alcalde actual, sin ninguna misericordia. Lo más triste es que toda la clase política lo sabe y nadie parece inmutarse.

Teniendo en cuenta que el alcalde del cuatrienio pasado, John Jairo Gómez, es del Partido de la U, ¿la gobernadora Dilian Francisca Toro está enterada de la situación tan grave que vive Tuluá? ¿Intervendría ella, de manera eficaz, en el saneamiento del ejercicio político en el Valle del Cauca o no?

La gobernadora conoce al alcalde anterior, puesto que es de su propio partido. El candidato que pudo hacer campaña en los barrios prohibidos también era de la U. Ella debe conocer la situación, pero no puedo determinar hasta dónde sabe sobre la cercanía de sus copartidarios con estos hechos.

El alcalde conservador Gustavo Adolfo Vélez ha denunciado duramente a su antecesor, el exmandatario John Jairo Gómez, del Partido de la U. ¿Cómo se relaciona la situación de riesgo de muerte que ustedes enfrentan con la lucha partidista?

Hace mucho tiempo lo que sucede en Tuluá dejó de ser un tema de confrontación netamente política: es un asunto criminal, porque el poder político fue utilizado para poner la institucionalidad al servicio de la criminalidad. Por eso nuestra primera tarea es la de recuperar la confianza ciudadana en las instituciones: Alcaldía, Policía, Cámara de Comercio, Fiscalía y la propia justicia. Es muy importante que el mensaje de los jueces sea que quien delinque, sea quien sea, recibirá todo el peso de la ley.

Permítame ser pesimista, aunque ojalá no sea realista: si las condiciones en Tuluá, en lugar de mejorar, empeoran, ¿renunciaría el alcalde y renunciarían usted y el resto de la administración recién posesionada a sus funciones oficiales?

No. Y no tenemos opción. Reitero que Dios nos dará fortaleza y modo de resistir. Les pedimos a los tulueños que sean nuestros oídos y ojos en las calles y en los barrios. E insistimos en que la responsabilidad no recae solo en nosotros: incluye a los gobiernos nacional y departamental. Se requiere la acción del Estado y no solo en seguridad, sino en desarrollo social y oportunidades de progreso para nuestros jóvenes: es el único modo de arrebatárselos al crimen organizado.

Tuluá traspasó los límites que puede tolerar la civilización

Usted tuvo que salir del país durante un tiempo y decidió regresar ¿En dónde estuvo? ¿Es cierto que sus familiares también fueron amenazados y atacados?

Desde cuando empezaron las amenazas en mi contra, en 2021, también han involucrado a mi familia. El momento más delicado fue cuando expusieron públicamente el nombre de mi mamá y de algunos de mis hermanos en un panfleto que circuló por redes y que publicaron algunos medios de comunicación. Un día le hicieron una llamada a uno de mis hermanos y le dijeron que se habían enterado de que yo estaba en el exterior pero que también sabían que toda mi familia seguía en Tuluá. La alianza criminal que hay entre sectores del poder legal e ilegal, ha traspasado todos los límites que puede tolerar una sociedad civilizada.

¿Vivió en el exterior apoyado por organizaciones periodísticas?

Sí. He recibido protección y apoyo de organizaciones como la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, y otras agrupaciones periodísticas internacionales cuando era inminente un ataque para matarme. Estuve un tiempo en México y, otro, en España aunque nunca dejé de denunciar.

Estado de derecho en riesgo por dominio de bandas criminales

La alcaldía que se inició en Tuluá hace 15 días, está presidida por el conservador Gustavo Adolfo Vélez quien había salido con una imagen positiva del 85%, de una administración anterior, entre 2016 y 2019. Según las denuncias formuladas, sin ninguna investigación eficiente en la Fiscalía, políticos de la alcaldía que lo sucedió, prefirieron aliarse, antes que enfrentarse, con las bandas criminales, en particular, con la autodenominada la Inmaculada o la Oficina que hace presencia en barrios y zonas empresariales a través de sus sicarios para tomar dominio de las actividades productivas, como comercio, ventas de mercados, transporte público y hasta empresas de salud. Mediante la extorsión, el chantaje, las amenazas y no pocos atentados, la “Oficina” ha terminado por apropiarse de bienes inmuebles y de negocios en todos los campos. El actual mandatario los ha enfrentado y debido a eso, tiene que estar refugiado en sitios asegurados por el Ejército, la Policía y escoltas de civil, simultáneamente. El Estado de Derecho está en riesgo en Tuluá pero la institucionalidad debe prevalecer, cree el mandatario local y sus secretarios.

¿Quién es Robert Posada Rosero?

Nací en Tuluá y he vivido casi toda mi vida en este municipio. Soy periodista egresado de la Universidad Central, de Bogotá. Trabajé en Radionet, en época de Yamid Amat y Jaime Garzón. Estuve en El Tiempo durante siete años. Fui editor político y general de El Liberal, de Popayán, y reportero de orden público en La Crónica, de Quindío. He sido columnista del semanario El Tabloide y colaborador de medios extranjeros. En mi reciente cargo de secretario de Desarrollo Institucional de la actual Alcaldía, mi primera tarea será reorganizar y revisar la planta de personal, entre otros motivos, para verificar los antecedentes de los funcionarios vinculados a la administración con el fin de evitar la infiltración de las bandas criminales.

¿Cómo así? ¿Infiltración de bandas criminales en la Alcaldía?

Sí. Por ejemplo, hay dos personas que trabajan en la Secretaría de Tránsito que fueron imputadas por la presunta comisión de los delitos de concierto para delinquir, homicidio, tráfico de drogas y extorsión. Una de ellas ya aceptó cargos por concierto para delinquir. Otros funcionarios de esa misma Secretaría, que habían pedido licencia no remunerada para fin de año, no se han presentado a trabajar, aunque ya se venció el término. Estamos procediendo, en el marco de la ley, para que se autorice su desvinculación. Pero lo preocupante es que uno de ellos también tiene requerimientos de la justicia.

Esos funcionarios, ¿cuándo llegaron a la Alcaldía y recomendados por quién?

Vienen de la administración anterior y, de acuerdo con lo que se ha dicho en las diligencias realizadas por la Fiscalía, esas personas podrían tener conexiones con la estructura criminal La Inmaculada o la Oficina”, como se hace llamar ahora esa banda organizada.

El alcalde recién posesionado, Gustavo Adolfo Vélez, su actual jefe, es conocido como el mandatario local “más amenazado de Colombia”. Usted, en su profesión de reportero, también califica como el periodista más perseguido. ¿Sus denuncias y las del alcalde sobre el dominio criminal en Tuluá tienen que ver con los ataques que han sufrido?

Sí. La respuesta más agresiva de los grupos delictivos tiene relación con las denuncias del alcalde y las mías sobre la alianza entre los políticos locales y las bandas criminales. Por ejemplo, esa alianza queda en evidencia con nuestra denuncia sobre la expedición irregular de licencias urbanísticas en sitios prohibidos, porque estaban por fuera del POT (Plan de Ordenamiento Territorial), por ser terrenos con alto riesgo de inundación. Otro tema molesto para ellos es la publicación de informaciones sobre extorsiones a propietarios o administradores de actividades como el transporte público, el comercio y casi todos los negocios legales o ilegales de la ciudad. Primero intimidan y extorsionan a los ciudadanos y después, cuando sus víctimas ya están arrinconadas, se adueñan de sus negocios. Por señalar solo dos casos, las bandas son propietarias de varias ambulancias y de vehículos del transporte urbano de Tuluá.

¿Cuántas amenazas y atentados ha sufrido el alcalde Vélez?

El alcalde ya fue mandatario local entre 2016 y 2019. Cuando terminó su período su imagen positiva era superior al 85 %, por la buena percepción que tenían los tulueños sobre el manejo que le dio a la administración. Por eso muchos tulueños le pidieron volver, pero de inmediato empezó a recibir amenazas. Cuando anunció su aspiración se desataron los atentados: el sitio de trabajo de uno de sus hijos recibió nueve disparos. Como él es ingeniero, le quemaron una maquinaria, quemaron también las vallas de su campaña y amedrentaron a los medios locales para que no lo mencionaran ni le hicieran eco a su propaganda. Asesinaron al parapentista que había sido contratado para desplegar, desde el aire, publicidad del alcalde. En medio de esa situación fue imposible asistir a reuniones presenciales. Y por eso todos los actos de su campaña se hicieron solamente de modo virtual. La persecución contra él y contra mí ha sido atroz.

El alcalde lo acaba de nombrar a usted como su secretario de Desarrollo Institucional. ¿Cómo se enfrentarán a una banda criminal del tamaño y violencia que, según se dice, tiene la autodenominada La Inmaculada?

Ante todo, Dios nos da el valor y la fortaleza que necesitamos. Por mi parte, hay graves riesgos, porque pese a las constantes amenazas y actos violentos en mi contra y contra mi familia, la Unidad Nacional de Protección (UNP) solo me asignó un escolta. Hoy, el alcalde y yo, por generosidad de él, tenemos que vivir refugiados en una propiedad del mandatario en las afueras de Tuluá, en donde es más segura la instalación y funcionamiento de esquemas de vigilancia compuestos por personal militar del Ejército, uniformados de la Policía y escoltas de la UNP. Durante el día vamos a la sede de la Alcaldía, pero siempre rodeados por grupos de seguridad y usando únicamente vehículos blindados que el mismo alcalde paga de su bolsillo. Su situación y la mía son todavía más críticas después del asesinato a tiros del único concejal elegido por el movimiento del alcalde. Se llamaba Eliecid Ávila y fue atacado a tiros, en la parte exterior de su casa, el 31 de diciembre, pocas horas antes de que se pudiera posesionar.

¿La propiedad rural en la que se refugian el alcalde y usted está blindada de ataques?

Lo cierto es que ya hubo disparos contra la propiedad. Fue cuando se reforzó la seguridad con más uniformados y durante las 24 horas del día. Adicionalmente, tomamos otras precauciones: no vamos a restaurantes, a centros comerciales, no visitamos a nadie. Nuestras actividades se limitan, por ahora, al trabajo oficial y a cumplir la responsabilidad que nos delegó el pueblo tulueño. Tenemos claro que no podemos fallar, pero también entendemos que solo con el apoyo del Gobierno Nacional podemos revertir esta grave situación.

Pese a todos los obstáculos violentos y a no poder presentarse personalmente en ninguna reunión de campaña, el alcalde Vélez logró el doble de la votación sobre el segundo candidato: por encima de 41 mil votos contra 20 mil del aspirante que más se le acercó. ¿Cómo fue posible esa elección a pesar de que él no pudo reunirse con sus electores?

Tuluá es una ciudad agobiada por estar sometida a unos políticos corruptos y a sus aliados en el crimen organizado. No se requieren miles de denuncias públicas para saberlo: la contundente votación del actual alcalde Vélez sobre el segundo, quien era apoyado por esa alianza, se convirtió en un grito de rechazo a la época más oscura que ha vivido la ciudad. Nuestra gente tuvo coraje, valor civil y cambió el miedo por la esperanza. Se rebeló antes de que le impusieran otros cuatro años de una dudosa administración, máxime cuando públicamente se supo quiénes eran los candidatos protegidos por la deplorable alianza ilegal.

¿Cómo se supo?

Fue evidente para todo el mundo quiénes eran esos candidatos, porque las bandas criminales prohibieron hacer campaña en sus territorios, y también prohibieron votar por Gustavo Vélez. Entretanto, dos aspirantes a la Alcaldía, exsecretarios de la administración pasada presidida por John Jairo Gómez, hicieron alarde de los eventos de sus campañas que tuvieron lugar en los barrios controlados por esas organizaciones. En Tuluá no hay nadie que no sepa quiénes son los responsables de lo que vive la ciudad.

La pregunta ahora es: ¿cómo van a gobernar ustedes y cómo van a administrar el municipio si ni siquiera pueden estar libremente en ningún sitio?

Estamos adoptando una serie de medidas de protección para todos los funcionarios de la Alcaldía. Y hemos decidido que iremos a trabajar, cada día, a la sede del CAM (Centro Administrativo Municipal), aunque tengamos que protegernos en nuestros desplazamientos con los esquemas que ya le he mencionado. Es una situación totalmente atípica, pero tenemos confianza en el triunfo de las instituciones y la convicción de que si trabajamos unidos y contamos con el apoyo de la ciudadanía, se impondrá el Estado de derecho en esta ciudad.

Para hacerlo primero tendrían que ser judicializadas, capturadas, condenadas y desarticuladas las bandas y sus miembros. Si no, no podrá haber plena seguridad. ¿Ustedes han presentado denuncias judiciales y la Fiscalía está investigando?

He interpuesto por lo menos cinco denuncias. En el caso del alcalde y su familia, puede haber más de 10 o 12 reclamaciones judiciales. Pero hasta el momento no sabemos de mayores avances en ninguno de los casos. En el CAM es de conocimiento público que la Fiscalía allanó varias dependencias para recoger documentación sobre funcionarios. Esa documentación fue allegada, como prueba, en diferentes procesos.

Perdone la crudeza, pero es inevitable decir que en esas condiciones es casi imposible llegar con vida al final de este cuatrienio. ¿Están resignados a morir como mártires o tienen motivos para ser optimistas y creen que pueden vencer a los criminales?

No somos nosotros los que vamos a vencer a los criminales. Lo tiene que hacer el Estado, responsable de la seguridad de todos los ciudadanos del país. Eso sí, nosotros ponemos la cara por Tuluá y por Colombia. O asumimos el riesgo o seguimos corriendo.

¿Es cierto que continúan llegando amenazas a la Alcaldía?

Al alcalde lo amenazan cada semana. Toda su familia tuvo que salir del país. Vengo recibiendo ataques desde 2021. Cinco días antes del asesinato, por sicarios en moto, de mi amigo y colega de periodismo Marcos Efraín Montalvo, fui atacado por cuatro sujetos. Aunque suministré el nombre y los datos de quien me estaba amenazando, nunca pasó nada. El exsecretario de Gobierno de la Alcaldía pasada, coronel (r) Jorge Gallego (denunciado por acoso), nos tildó, en una sesión del Concejo, de ser tan criminales como los extorsionistas por denunciar lo que sucede en Tuluá. Nos puso una lápida en el pecho. A Marcos lo mataron. Yo tuve la suerte de contar con el apoyo de varias organizaciones periodísticas que, como dije, me permitieron mantenerme un tiempo en el exterior.

¿Quién era el periodista asesinado Marcos Efraín Montalvo?

Marcos era un gran periodista, muy conocido en el Valle del Cauca y en Tuluá, en donde era una institución. Pero, por encima de todo, era mi amigo, compartíamos información, y tristemente también amenazas, como cuando denunciamos la entrega ilegal de licencias de urbanismo. Días antes de su asesinato un sujeto se apareció en el edificio donde yo vivía. Le dijo a uno de los porteros que había escuchado una conversación, en la Secretaría de Tránsito del municipio, durante la cual alguien había dicho que yo “estaba caliente” y que ya me “tenían listo”. Poco después, en las audiencias por el homicidio de Marcos, fueron capturados, precisamente, dos agentes del Tránsito: la Fiscalía los vinculó a la investigación por su presunta participación en ese execrable crimen. Ciertamente, Marcos y yo compartíamos noticias y nos rebelamos ante el silencio que querían imponernos a todos los reporteros y medios las bandas criminales.

El asesinato del parapentista Jorge Iván González, que ocurrió en octubre del año pasado en las afueras de Tuluá, también fue muy impactante. ¿Hay pruebas de que ese crimen se relaciona con la propaganda del actual alcalde, su jefe, que el señor González había desplegado en el aire?

Esa estructura criminal autodenominada La Inmaculada se adjudicó el homicidio del parapentista. Con ese vil asesinato, las bandas pretendían aterrorizar a los tulueños para que no votaran por Gustavo Vélez y sacarlo del camino por la vía electoral. También mataron al concejal Eliecid Ávila, que apoyaba al alcalde actual, sin ninguna misericordia. Lo más triste es que toda la clase política lo sabe y nadie parece inmutarse.

Teniendo en cuenta que el alcalde del cuatrienio pasado, John Jairo Gómez, es del Partido de la U, ¿la gobernadora Dilian Francisca Toro está enterada de la situación tan grave que vive Tuluá? ¿Intervendría ella, de manera eficaz, en el saneamiento del ejercicio político en el Valle del Cauca o no?

La gobernadora conoce al alcalde anterior, puesto que es de su propio partido. El candidato que pudo hacer campaña en los barrios prohibidos también era de la U. Ella debe conocer la situación, pero no puedo determinar hasta dónde sabe sobre la cercanía de sus copartidarios con estos hechos.

El alcalde conservador Gustavo Adolfo Vélez ha denunciado duramente a su antecesor, el exmandatario John Jairo Gómez, del Partido de la U. ¿Cómo se relaciona la situación de riesgo de muerte que ustedes enfrentan con la lucha partidista?

Hace mucho tiempo lo que sucede en Tuluá dejó de ser un tema de confrontación netamente política: es un asunto criminal, porque el poder político fue utilizado para poner la institucionalidad al servicio de la criminalidad. Por eso nuestra primera tarea es la de recuperar la confianza ciudadana en las instituciones: Alcaldía, Policía, Cámara de Comercio, Fiscalía y la propia justicia. Es muy importante que el mensaje de los jueces sea que quien delinque, sea quien sea, recibirá todo el peso de la ley.

Permítame ser pesimista, aunque ojalá no sea realista: si las condiciones en Tuluá, en lugar de mejorar, empeoran, ¿renunciaría el alcalde y renunciarían usted y el resto de la administración recién posesionada a sus funciones oficiales?

No. Y no tenemos opción. Reitero que Dios nos dará fortaleza y modo de resistir. Les pedimos a los tulueños que sean nuestros oídos y ojos en las calles y en los barrios. E insistimos en que la responsabilidad no recae solo en nosotros: incluye a los gobiernos nacional y departamental. Se requiere la acción del Estado y no solo en seguridad, sino en desarrollo social y oportunidades de progreso para nuestros jóvenes: es el único modo de arrebatárselos al crimen organizado.

Tuluá traspasó los límites que puede tolerar la civilización

Usted tuvo que salir del país durante un tiempo y decidió regresar ¿En dónde estuvo? ¿Es cierto que sus familiares también fueron amenazados y atacados?

Desde cuando empezaron las amenazas en mi contra, en 2021, también han involucrado a mi familia. El momento más delicado fue cuando expusieron públicamente el nombre de mi mamá y de algunos de mis hermanos en un panfleto que circuló por redes y que publicaron algunos medios de comunicación. Un día le hicieron una llamada a uno de mis hermanos y le dijeron que se habían enterado de que yo estaba en el exterior pero que también sabían que toda mi familia seguía en Tuluá. La alianza criminal que hay entre sectores del poder legal e ilegal, ha traspasado todos los límites que puede tolerar una sociedad civilizada.

¿Vivió en el exterior apoyado por organizaciones periodísticas?

Sí. He recibido protección y apoyo de organizaciones como la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, y otras agrupaciones periodísticas internacionales cuando era inminente un ataque para matarme. Estuve un tiempo en México y, otro, en España aunque nunca dejé de denunciar.

Estado de derecho en riesgo por dominio de bandas criminales

La alcaldía que se inició en Tuluá hace 15 días, está presidida por el conservador Gustavo Adolfo Vélez quien había salido con una imagen positiva del 85%, de una administración anterior, entre 2016 y 2019. Según las denuncias formuladas, sin ninguna investigación eficiente en la Fiscalía, políticos de la alcaldía que lo sucedió, prefirieron aliarse, antes que enfrentarse, con las bandas criminales, en particular, con la autodenominada la Inmaculada o la Oficina que hace presencia en barrios y zonas empresariales a través de sus sicarios para tomar dominio de las actividades productivas, como comercio, ventas de mercados, transporte público y hasta empresas de salud. Mediante la extorsión, el chantaje, las amenazas y no pocos atentados, la “Oficina” ha terminado por apropiarse de bienes inmuebles y de negocios en todos los campos. El actual mandatario los ha enfrentado y debido a eso, tiene que estar refugiado en sitios asegurados por el Ejército, la Policía y escoltas de civil, simultáneamente. El Estado de Derecho está en riesgo en Tuluá pero la institucionalidad debe prevalecer, cree el mandatario local y sus secretarios.