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El abogado Víctor Mosquera, representante de la familia del senador del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay, anunció este 19 de junio, a las afueras de la Fundación Santa Fe, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó información urgente al Estado colombiano sobre la situación de seguridad del senador y su familia, así como las medidas de protección que se han implementado desde el atentado sicarial del pasado 7 junio.
El órgano interamericano, de acuerdo con el penalista Mosquera, pidió que se “establezca cuál es la seguridad actual del senador, cuál es la seguridad que se le ha brindado a la familia, y qué tipo de medidas se han implementado después de este accionar criminal”. Además, el abogado señaló que la CIDH cuestionó por qué el senador Uribe Turbay “no tenía la seguridad adecuada en el momento en que paso este fatídico hecho”.
Mosquera expresó que esperan todo el apoyo y acompañamiento del Estado para esclarecer el caso, y anunció que ya solicitó las medidas cautelares para Miguel Uribe, su familia y toda su campaña política. Tras la petición de la defensa, la CIDH notificó a la canciller, Laura Sarabia, que Colombia tenía un plazo de 10 días para remitir la información sobre los siguientes temas:
- Sus observaciones en relación con la presente solicitud de medidas cautelares.
- Detallar qué mecanismos de protección se estarían adoptando para proteger los derechos a la vida e integridad personal de los propuestos beneficiarios en vista de las alegadas amenaza.
- Si las medidas de protección existentes han sido concertadas con autoridades estatales durante su implementación;
- Si la situación de riesgo del propuesto beneficiario y familiares ha sido reevaluada, tras el incidente ocurrido el 7 de junio de 2025.
La dudas sobre el esquema de seguridad de Miguel Uribe
El atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay no solo conmocionó al país, sino que abrió un debate sobre las condiciones de seguridad que lo protegían y evidenció las contradicciones entre el Gobierno, la Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección (UNP).
Pese a que el acto en el que fue atacado hacía parte de su agenda política, las autoridades —incluidas la Policía y el Ejecutivo— insisten en que no se reportó con antelación. Esta situación, señalan, obligó a realizar ajustes de última hora al dispositivo de seguridad el mismo día del atentado. Para la defensa de Miguel Uribe, esos cambios redujeron su nivel de protección y propiciaron serias omisiones.
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Entre los primeros en ser señalados fue el director de la UNP, Augusto Rodríguez, contra quien fue interpuesta una denuncia penal por presunta omisión de funciones. El abogado Víctor Mosquera, defensor del senador, aseguró que desde comienzos de año se habían presentado al menos 23 solicitudes formales para reforzar la seguridad del dirigente político, sin que se hubieran atendido. La última petición, según dijo, fue radicada el 5 de junio, apenas dos días antes del ataque.
El presidente Gustavo Petro también se pronunció sobre el caso. A través de su cuenta en X, denunció que el día del atentado el número de escoltas de Uribe Turbay se redujo inexplicablemente de siete a tres. “He pedido en el consejo de seguridad la máxima profundidad en la investigación de este hecho”, indicó el jefe de Estado.
Sin embargo, la versión oficial entregada por la UNP y la Policía Nacional es distinta. Voceros consultados por El Espectador señalaron que el esquema estaba completo, compuesto por tres escoltas de la UNP y cuatro agentes de la Policía. No obstante, estos últimos estaban asignados a la protección de la familia del senador, debido a que —según afirman— no fueron notificados del evento en Fontibón.
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El director de la UNP, Augusto Rodríguez, defendió el proceder de la entidad. Explicó que el coordinador del esquema es un vicecomisario de la Policía y aseguró que no se recibieron solicitudes formales de refuerzo, sino requerimientos logísticos relacionados con los desplazamientos de Uribe Turbay. Rodríguez descartó que hubiese habido una reducción estructural en el dispositivo de seguridad.
Por su parte, allegados al senador sostienen que el evento en Fontibón fue organizado con al menos una semana de anticipación y que sí fue informado a las autoridades. De acuerdo con esta versión, el día del atentado, Uribe Turbay fue recogido alrededor de las 2:00 p.m. por tres escoltas de la UNP para dirigirse al acto político.
Mientras persisten las versiones encontradas, lo cierto es que el esquema de seguridad ese día se dividió, y una parte del equipo custodiaba a la familia del congresista y la otra lo acompañaba en el terreno. La Fiscalía Penal Militar y Policial avanza en las investigaciones para determinar si existieron fallas estructurales o responsabilidades individuales en el esquema de protección del precandidato.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
