Ciento ochenta funcionarios de la Policía y la Fiscalía trabajan a toda marcha para esclarecer el crimen que tiene estremecido al país desde la tarde del pasado 7 de junio: el ataque sicarial que sufrió Miguel Uribe Turbay, el senador más votado en Colombia en las últimas elecciones en 2022. El general Carlos Fernando Triana, director de la Policía, reveló detalles de dónde provino el arma con la que, como quedó registrado en videos, se ve el momento en el que un menor de 15 años disparó contra el precandidato presidencial. El alto oficial de la Policía señaló que se trata de una pistola Glock 9 milímetros, adquirida legalmente el 6 de agosto de 2020 en Arizona (Estados Unidos), por un extranjero del que no se tiene mayor información.
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La Fuerza Pública lleva años investigando cómo, desde ese país, llegan armas que terminan en manos de grupos criminales. Es decir, no es la primera vez que desde Estados Unidos se alimenta buena parte de la violencia que se vive en territorio colombiano. Informes reservados del Comando General de las Fuerzas Militares conocidos por El Espectador señalan que hay varias rutas legales e ilegales por donde ingresan armas y que, la principal modalidad es a través de encomiendas desde territorio estadounidense. El documento clasificado muestra también que, desde 2021, seis de cada 10 armas incautadas provienen de ese país. El resto proviene de Europa.
Además, los informes en poder de este diario sostienes que se trata de un mercado oscuro del que echan mano todos los grupos armados organizados: Clan del Golfo, disidencias de las FARC, ELN y otros grupos criminales. Una pluralidad de compradores que dificulta el rastreo de quién habría comprado el arma que se usó para atentar contra Uribe Turbay. Con un alarmante ingrediente adicional: al Comando General del Ejército “le preocupa” que, en ocasiones, en esa cadena criminal participan miembros y exmiembros del Ejército colombiano. Hasta el momento, la Policía ni la Fiscalía han dado pistas de quiénes serían los autores intelectuales del ataque sicarial perpetrado en la localidad de Fontibón.
Uno de los reportes reservados señala que las armas pueden ser camufladas en mercancías y, si se trata de armas de mayor envergadura, vienen separadas en distintos paquetes que pueden entrar por los aeropuertos de El Dorado y Rionegro o en contenedores por los puertos de Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y Buenaventura. En ese mismo informe de la Fuerza Pública se explica la importancia estratégica que tiene Centroamérica y el Caribe para el tráfico de armas. Según las investigaciones de inteligencia militar, estructuras criminales de la región, especialmente de República Dominicana, son las encargadas de contactar a grupos armados colombianos.
Su rol es de actuar como intermediarios o facilitadores para que los grupos colombianos concreten los envíos de armas desde Estados Unidos. El asunto es tan delicado en ese país, y otros de Centro América y el Caribe que, en febrero de 2025, los gobiernos de estas regiones se reunieron en Santo Domingo, capital dominicana, con el objetivo de consolidar políticas públicas para prevenir el tráfico y la proliferación ilícita de armas, municiones y explosivos. Los informes del Comando General señalan que existen dos tipos de introducción de armas al país. El primero es de forma directa: los traficantes viajan al exterior para realizar el proceso de compra, pero carteles se comprometen a trasladar las armas hasta Colombia.
El segundo es de forma indirecta: una persona en Estados Unidos le envía el “paquete” a un intermediario en República Dominicana y esta, a su vez, se la envía a su contacto en Colombia. Una estrategia en la que se usan nombres y direcciones falsas para no dejar el rastro, ni siquiera en los locales de mensajería en territorio nacional. Otro dato que incluyen los documentos es que, actualmente, los explosivos y armas son intercambiados por pasta de coca que se produce en el país. Además de pagar los envíos con la sustancia de uso ilícito, el informe señala que los grupos armados y delincuenciales también pagan en efectivo el armamento ilegal, con dinero producto de narcotráfico y del tráfico de personas.
En los últimos cinco años, la Policía y la Fiscalía han identificado hasta dónde ha llegado el poco control que tiene este mercado negro y su incidencia en la situación de violencia que enfrenta el país. Por ejemplo, en octubre de 2023, la propia Fiscalía capturó en Cali al mayor del Ejército Andrés Alberto Barreto Álvarez, señalado de pertenecer a una red dedicada al tráfico ilegal de armas cortas y largas provenientes de Estados Unidos. En un caso más reciente, en marzo de 2024, la Policía decomisó un arsenal compuesto por partes para 14 fusiles y al menos 10 armas cortas en el aeropuerto El Dorado. Este material de guerra proveniente de territorio estadounidense estaba camuflado entre ropa, juguetes y electrodomésticos.
Según la Policía, el destino final de este cargamento eran grupos delincuenciales que operan en Bogotá y Cundinamarca. Lo que hasta ahora se conoce del arma que perpetró el atentado contra Miguel Uribe es que se trata de una pistola que se puede conseguir por cerca de $13 millones, si se compra en Indumil, empresa industrial y comercial del Estado, que fabrica y comercializa armas. En el mercado negro, aseguran fuentes del proceso, podría conseguirse por unos $6 millones, pues es una pistola de alta demanda, que usualmente usan grupos criminales urbanos y que no es la favorita de las guerrillas, pues no se adapta bien a condiciones húmedas y selváticas.
Mientras los investigadores intentan determinar cómo ingresó la glock nueve milímetros a Colombia y el paso a paso de cómo terminó en manos del sicario, también intenta determinar el paradero del celular del menor de 15 años, el cual estuvo en su poder minutos antes de accionar el arma. Un dispositivo que daría luces sobre quiénes estuvieron detrás del atentado que tiene a Miguel Uribe en estado crítico a un país en alerta por el recrudecimiento de violencia.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por David Escobar Moreno
