Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
El atentado contra el senador y precandidato Miguel Uribe Turbay este sábado en Bogotá revive los fantasmas de una época que el país no quiere repetir. Entre 1987 y 1990, Colombia vivió uno de los años más sangrientos de su historia: cuatro candidatos presidenciales fueron asesinados en plena campaña, en medio de una guerra sin cuartel entre el narcotráfico, la guerrilla, los paramilitares y el Estado. La violencia política se convirtió entonces en una amenaza directa contra la democracia. Hoy, más de tres décadas después, el país vuelve a mirar con preocupación una escena que creía superada: la de un candidato siendo blanco de los violentos.
El caso de Jaime Pardo Leal
La cadena de magnicidios fue la siguiente: la primera víctima fue Jaime Pardo Leal, asesinado el 11 de octubre de 1987 en el municipio de La Mesa (Cundinamarca). El líder del recién creado partido político Unión Patriótica fue atacado por sicarios mientras regresaba a la capital del país junto a su familia. La justicia logró establecer que los hermanos William y Olivera Acuña Infante recibieron $30 millones del narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El Mexicano, para cometer el crimen. Pardo Leal había denunciado públicamente a Rodríguez Gacha como financiador del paramilitarismo y fundador del grupo Muerte a Secuestradores (MAS).
El caso de Luis Carlos Galán Sarmiento
El siguiente fue Luis Carlos Galán Sarmiento, asesinado el 18 de agosto de 1989 en el municipio de Soacha (Cundinamarca). El candidato presidencial del movimiento Nuevo Liberalismo fue atacado por sicarios del cartel de Medellín, con colaboración de agentes del Estado y políticos aliados al grupo criminal liderado por Pablo Escobar. Por estos hechos fue condenado a 24 años de prisión el excongresista liberal Alberto Santofimio Botero, señalado como determinador del magnicidio. Además, el general en retiro, Miguel Maza Márquez, también fue encontrado como responsable.
El caso de Bernardo Jaramillo Ossa
Siete meses después, otro candidato presidencial fue asesinado por miembros de grupos narcoparamilitares, con presunta colaboración de agentes del Estado colombiano: Bernardo Jaramillo Ossa, también de la Unión Patriótica. Tras el asesinato de su copartidario Pardo Leal, Jaramillo se postuló a la Presidencia con el lema “Venga esa mano, país”, un llamado a la reconciliación en medio de un contexto de violencia y persecución contra los integrantes de su partido. Sin embargo, la violencia nuevamente truncó la vida de otro aspirante a la Casa de Nariño.
Aunque contaba con un esquema de seguridad conformado por 16 escoltas del DAS, Jaramillo Ossa fue baleado en la mañana del 22 de marzo de 1990. Tenía apenas 33 años. Tras una exitosa carrera como dirigente sindical en la región del Urabá antioqueño, este abogado manizaleño se desempeñaba como representante a la Cámara e integrante de la Comisión de Asuntos Laborales del Congreso. Con su designación como presidente de la UP, saltó al escenario nacional, asumiendo la defensa de su organización y denunciando a quienes ya se habían ensañado contra ese movimiento político.
El caso de Carlos Pizarro Leongómez
Tanto en este caso, como en el de Pardo Leal, reinó la impunidad. Solo hasta 2023 su familia recibió una muestra de justicia: en enero de ese año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) responsabilizó al Estado por el exterminio de la Unión Patriótica, que dejó más de 6.000 víctimas entre asesinados y desaparecidos forzadamente. Cuando el país aún no salía de la perplejidad, 36 días después otro candidato presidencial fue asesinado en circunstancias similares: Carlos Pizarro Leongómez, del partido Alianza Democrática M-19, fue atacado por un sicario el 26 de abril de 1990 en un vuelo entre Bogotá y Barranquilla.
El país volvió a estremecerse ante ese magnicidio. Pizarro había dejado las armas apenas el 8 de marzo de ese mismo año, liderando la transición de la guerrilla del M-19 hacia un movimiento político. Años después, el líder paramilitar Carlos Castaño confesó haber ordenado el asesinato. La justicia también determinó que su esquema de seguridad estaba infiltrado y que hubo intentos de desviar la investigación, así como de asesinar al sicario responsable. En 2023, la Fiscalía abrió una investigación contra el general Maza Márquez precisamente por esas presuntas irregularidades.
Además, en 2024, hubo otro avance en el caso: la Fiscalía ordenó la detención preventiva del coronel en retiro Manuel Antonio González Henríquez, exdirector del DAS, señalado de haber facilitado el crimen mediante cambios en el esquema de protección del candidato. Fue imputado por homicidio con fines terroristas, concierto para delinquir y porte ilegal de armas.
En momentos como este, en los que la violencia vuelve a sacudir la escena política, hacer memoria se vuelve indispensable. Recordar lo ocurrido hace tres décadas no es un ejercicio del pasado, sino una herramienta para exigir verdad, justicia y garantías de no repetición. El esclarecimiento rápido y transparente de los hechos que rodearon el atentado contra el precandidato Miguel Uribe no solo es fundamental para evitar que este episodio quede impune, sino que también es clave para blindar la seguridad de quienes competirán en las elecciones de 2026.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
