Atentado en Tibú: población dice que la violencia venía aumentando hace una semana

Un bus que transportaba a empleados de una importante empresa petrolera se salvó por tres segundos de quedar en medio de la destrucción que dejó la detonación de un artefacto explosivo en la tarde del 24 de mayo. El conductor frenó en seco cuando una patrulla de la Policía, al parecer el objetivo del ataque, perdió el control por la honda explosiva. Por la velocidad a la que iban ambos vehículos, terminaron chocando casi de frente. Los pasajeros se salvaron por segundos, pero quienes conocen la zona de Tibú donde ocurrió el ataque y el miedo que se siente en este y otros municipios de Norte de Santander, dicen en que este último hecho violento es uno más en una cadena de terror que inició hace una semana.

Un bus que transportaba a empleados de una importante empresa petrolera se salvó por tres segundos de quedar en medio de la destrucción que dejó la detonación de un artefacto explosivo en la tarde del 24 de mayo. El conductor frenó en seco cuando una patrulla de la Policía, al parecer el objetivo del ataque, perdió el control por la honda explosiva. Por la velocidad a la que iban ambos vehículos, terminaron chocando casi de frente. Los pasajeros se salvaron por segundos, pero quienes conocen la zona de Tibú donde ocurrió el ataque y el miedo que se siente en este y otros municipios de Norte de Santander, dicen en que este último hecho violento es uno más en una cadena de terror que inició hace una semana.

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Coinciden, además, en que lo ocurrido en el ataque es la perfecta demostración de cómo las confrontaciones entre grupos armados y la fuerza pública termina teniendo efectos colaterales que solo sufre la población civil. El ataque tuvo un saldo mortal: una esquirla que voló por los aires se incrustó en el cuello de una mujer campesina que se transportaba en su moto, ocasionándole la muerte. Su identidad todavía sigue en reserva, pero se sabe que tenía dos hijos, menores de 10 años. Dos policías también murieron: Ángelo Martínez Arévalo y Andrés Idárraga Orozco. La explosión causó también lesiones a ciudadanos y uniformados que fueron trasladado a centros de salud en la zona y en Cúcuta.

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Veinticuatro horas después de la explosión, las autoridades no habían confirmado los autores del ataque. Solo hasta el pasado viernes, el propio ELN aceptó que su mano negra estaba detrás del ataque. Lo hizo horas después de que se prorrogara el tercer ciclo de la mesa de diálogos con el Gobierno Petro, alegando que la Policía y el Ejército habrían realizado acciones en la frontera. Tras conocer la atribución del hecho, el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, aseguró que se trata de un “gesto de responsabilidad” que la guerrilla haya aceptado su autoría. Así mismo, reconoció que es necesario que el ELN asuma compromisos ciertos y contribuya a darle credibilidad a la mesa de diálogos.

Lo cierto es que, más allá de las responsabilidades, en Tibú la situación está crítica y la comunidad denuncia que la explosión del pasado miércoles es el tercer ataque en solo una semana en la que la zozobra volvió a tomarse el municipio. El primero ocurrió el 18 de mayo pasado, cuando sicarios le dispararon al líder social Sergio Luis Castro, en el momento en el que salía de una reunión en el concejo municipal. La víctima, que ya era candidato al concejo municipal de Tibú, había denunciado irregularidades en la contratación municipal, líos en contratos educativos y anomalías jurídicas para el diseño de obras de infraestructura, y en la comunidad era un reconocido activista de derechos humanos.

Juan Carlos Quintero, vocero de la Asociación Campesina del Catatumbo, dio detalles de lo que está viviendo Tibú. Explicó que desde que el gobierno de Gustavo Petro arrancó en agosto del año pasado, la comunidad vio una disminución en los índices de violencia, pero hace una semana, con el asesinato del líder social Sergio Luis Castro, la zozobra volvió a instalarse en el municipio. “Lo que ha pasado aquí son hechos totalmente repudiables que nos tienen preocupados porque vemos un escenario de zozobra y de agudización de los enfrentamientos en los que queda de por medio la población civil. Y nuestro llamado es para que se consolide con urgencia un cese al fuego con el ELN”, señaló Quintero.

El vocero de la Asociación Campesina del Catatumbo también hizo referencia al cese al fuego con las disidencias del Estado Mayor Central y pidió que, con ambos grupos armados, se pacte con urgencia un cese total de hostilidades para proteger a los civiles. Por su parte, una consejera de paz del Catatumbo, que pidió reservar su nombre por motivos de seguridad, envió un mensaje todavía más urgente de la situación que se vive en esta zona de Norte de Santander. “Aquí no se ha visto el cese al fuego de nadie. Lamentablemente, la situación cada día es más terrible”, expresó la líder, quien habló del segundo hecho violento que exacerbó la crisis de seguridad en Tibú.

Ocurrió el pasado el pasado 14 de mayo, cuando una bala perdida, al parecer de un enfrentamiento entre bandas criminales, terminó alcanzando a una comerciante. Se llamaba Lisseth Petit y, para la gestora de paz del Catatumbo que habló con El Espectador, este caso es una evidencia más de cómo “la población civil sigue metida en medio de esta guerra poniendo los muertos. Es un sufrimiento permanente”. La situación crítica es evidente, no solo por los últimos hechos violentos, sino también por las cifras y gestos de Gobierno. Por un lado, después del ataque el pasado 24 de mayo, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, no pudo llegar a Tibú porque nadie pudo garantizarle su seguridad.

Y por otro lado, el municipio está dentro de los 10 en donde más se han registrado asesinatos de líderes sociales en 2023, con un total de 19 casos, según las últimas cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). Por ahora, la respuesta del gobierno a esta escalada de violencia ha sido reforzar a Tibú con más uniformados. Al término de un consejo de seguridad el pasado jueves, el ministro Velásquez señaló que se asignaron 10 pelotones con 360 hombres para reforzarán la seguridad de Tibú y otros municipios de Norte de Santander. Un anuncio que líderes de paz de la zona ven con preocupación porque saben, más que nadie, de los efectos de esta política de seguridad.

“A más soldados, mayor la posibilidad de que haya ataques contra ellos y, de paso afecten a los campesinos. Como el caso del ataque a la patrulla de la Policía de esta semana, en el que muchos más civiles se salvaron de milagro”, comentó la líder de paz del Catatumbo. Finalmente, la gestora de paz y Juan Carlos Quintero de la Asociación Campesina del Catatumbo coincidieron en que lo más urgente es la presencia de las instituciones del Estado que realmente puedan garantizar su seguridad. Ambos pidieron que la Comisión de Paz del Congreso haga presencia en el municipio y, por último, señalaron la importancia de que en el tercer ciclo de la mesa de diálogos entre el gobierno y el ELN se consolide, de una vez por todas, un cese al fuego y de hostilidades.

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