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La Procuraduría fue fuertemente criticada, hace poco, por una sanción irrisoria con que una procuradora delegada castigó a uno solo de los uniformados de la Policía investigados por el asesinato y abandono, en la calle, del joven Cristian Hernández que murió, sin ningún tipo de atención médica, durante una de las manifestaciones de los paros del 2020. Siendo usted el procurador delegado para la defensa de los Derechos Humanos, ¿Qué opina sobre esa actuación de una de sus colegas?
Es lamentable. Sin embargo, el procurador General reaccionó y le envió un mensaje a toda la sociedad cuando declaró insubsistente a la funcionaria, de manera inmediata. El respeto por los derechos humanos debe tomarse en serio y no puede banalizarse. Cuando haya material probatorio, las sanciones deben ser severas, acordes con la gravedad de la conducta. La decisión que se tomó, solo de inhabilidad y por 160 días, corresponde, en todo caso, a la primera instancia, es decir, no está en firme y, seguramente, será apelada por las víctimas. Se revisará en segunda instancia y se aplicará la ley con el rigor que merece la gravedad de las conductas de los uniformados implicados.
El martes pasado fue asesinado por sicarios - mientras veía el partido Colombia vs. Venezuela -, el secretario de Gobierno del municipio de Pradera, Valle del Cauca, José Dorian Jiménez, en una escena similar a la del crimen cometido contra la vida del precandidato Miguel Uribe Turbay. En su opinión, ¿estamos ante una ola de ataques con objetivos políticos para perturbar la etapa electoral?
Tengo el convencimiento de que es así pero, a la vez, la certeza y el compromiso de que los criminales no lograrán impedir la realización de las elecciones, el próximo año. Colombia no puede permitir que la violencia política se normalice, menos aún, en tiempos electorales. La Procuraduría está dispuesta a cumplir con la tarea de garantizar que el calendario electoral se adelante sin ninguna variación para que los votantes puedan renovar las autoridades nacionales, en libertad y con las garantías necesarias para el debate y las votaciones. Los asesinatos de Miguel Uribe Turbay y del secretario de Gobierno del municipio de Pradera, José Dorian Jiménez, son execrables por la pérdida de sus jóvenes vidas; por el dolor de sus familias, de sus seres queridos y copartidarios y porque, ese tipo de actos busca sembrar zozobra en toda la sociedad e intimidar a quienes ejercen liderazgo.
La similitud entre los atentados a Uribe Turbay y al secretario Jiménez es inquietante: sin amenazas previas, en presencia de muchas personas; ejecutados por sicarios que dispararon apuntando a la cabeza para evitar la supervivencia de sus víctimas, y con una evidente despreocupación de los asesinos ¿Los grupos ilegales involucrados, cuentan con que la justicia no podrá determinar la identidad de los determinadores?
La sevicia de estos crímenes muestra un desprecio absoluto por la vida y por la justicia. Sus autores intelectuales no sólo confían en que permanecerán impunes sino que utilizan a los autores materiales como objetos fungibles que adquieren y desechan, según sus intereses. Estos últimos, con frecuencia niños o personas muy jóvenes, provienen del mundo de la exclusión: sin familia, sin oportunidades de educación y crecimiento, sin amor, víctimas, a su vez, de violencia endémica. He visto, no obstante, que la justicia es hoy mucho más efectiva: las capturas y avances frente al asesinato de Miguel Uribe Turbay así lo demuestran. Es cierto que aún no se ha develado quiénes son los autores intelectuales del atentado al senador, pero las investigaciones han permitido esclarecer la cadena criminal, mucho más allá de los simples ejecutores físicos del homicidio. No descarto que lleguemos a estremecernos, como sociedad, cuando sepamos quiénes ordenaron ese homicidio.
¿A qué se refiere cuando afirma que podríamos “estremecernos” cuando se sepa quiénes ordenaron estos homicidios?
Muchos han dicho, de manera irresponsable, que el Gobierno actual podría tener alguna responsabilidad en estos crímenes, particularmente, el del precandidato Uribe. Al parecer, la investigación podría consolidar otras hipótesis relacionadas con el intento de desestabilizar el país, o de obtener un lucro criminal mafioso.
A propósito de la utilización de sicarios niños o personas muy jóvenes, ¿está de acuerdo con las propuestas sobre incremento de penas y la eliminación de regímenes suaves para ellos, como se ha pedido, por la indignación que también produjo la condena a 7 años de cárcel para el adolescente que asesinó a Miguel Uribe?
No, no estoy de acuerdo. Modificaciones como esa, no solucionan nada. El reclutamiento de menores por parte de las organizaciones criminales tiene causas ya diagnosticadas que se solucionan con políticas de inclusión y no, simplemente, con actos de represión.
Su oficina especializada en la defensa de los derechos humanos entre estos, el más relevante, el derecho a la vida, ¿qué ha hecho tanto en el caso del crimen cometido contra Miguel Uribe como en el más reciente del asesinato del segundo funcionario más importante de la alcaldía de Pradera?
Ojalá tuviéramos las herramientas y atribuciones suficientes para impedir que estos casos ocurrieran, pero ciertamente no es así. Quisiera contarle, sin embargo, que el mismo día del atentado contra Miguel Uribe, la Procuraduría estuvo presente en los distintos trámites que se abrieron y, también, en el hospital al que había sido trasladado el joven sicario que disparó contra el senador. La presencia de nuestros agentes en el hospital, impidió que asesinaran al detenido, en ese lugar. Los detalles de este episodio han permanecido en discreción, pero lo cierto es que contribuimos a mantenerlo con vida y a que, gracias a su sobrevivencia, él pudiera declarar. Su confesión fue el inicio de la investigación penal y de la captura de otros involucrados.
Desconocía esa información… ¿Cómo sucedió el intento de asesinar al sicario y cómo intervino la Procuraduría para evitarlo?
Mientras algunos funcionarios de la Procuraduría se encontraban en el hospital en donde estaba siendo examinado el adolescente que estaba herido, llegó un sujeto y afirmó que era un pariente cercano y que quería verlo. El personal que custodiaba al menor, iba a permitir su ingreso cuando una delegada distrital para la infancia, de nuestra entidad, se interpuso y, antes de que el hombre se acercara, le preguntó al menor si lo conocía y si deseaba su visita. El muchacho, aterrado, pidió que, de ningún modo, lo fueran a autorizar. Probablemente él estaba en alto riesgo.
¿Cuáles investigaciones y contra quiénes, ha iniciado la Procuraduría en el caso del crimen contra el senador Miguel Uribe?
la Procuraduría delegada para la Vigilancia Administrativa inició una indagación preliminar frente a una queja presentada por el presidente del partido Centro Democrático contra el director de la Unidad Nacional de Protección, por una presunta renuencia frente a solicitudes de protección de los militantes de ese partido, con anterioridad al caso de Miguel Uribe. Y también se inició de oficio otra indagación por el caso específico de las 23 comunicaciones remitidas por Miguel Uribe en las que solicitaba reforzamiento de su esquema de protección. En estas indagaciones, se avanza en la etapa probatoria. La Procuraduría también interviene, mediante sus agentes, en los distintos procesos penales que se han abierto, tanto en el caso del senador Uribe como en el del secretario Jiménez, del municipio de Pradera, y en otros casos semejantes.
En cuanto a las investigaciones disciplinarias contra el director de la Unidad Nacional de Protección pareciera difícil establecer la verdad de los hechos salvo si existen documentos escritos, porque las declaraciones del abogado de la familia Uribe Turbay han tenido el interés político del Centro Democrático ¿Cómo se está adelantando ese caso?
Ese proceso se adelanta con absoluta neutralidad y teniendo en cuenta las capacidades - y las normas - que limitan la actuación de la UNP así como las circunstancias específicas que definían el comportamiento del esquema de protección del senador Miguel Uribe.
Hace menos de un mes también fue asesinado, a tiros, el líder local José Erley Velasco, excandidato del Pacto Histórico a la alcaldía de Balboa, Cauca; Hace 3 meses murió acribillado un concejal discapacitado de San Andrés de Cuerquia (Antioquia); hace poco más de un año perdieron la vida dos concejales de Tuluá (Valle del Cauca) y, así, sucesivamente ¿Se trata de violencias territoriales o hay señales que permitan afirmar que existe un plan nacional para eliminar a los voceros de unas ideologías?
Los patrones de violencia revelan que no se trata de hechos aislados. Existe una estrategia sistemática de silenciar liderazgos locales, especialmente aquellos que representan alternativas políticas o que afectan intereses de las estructuras criminales. Esa tendencia es muy peligrosa para la democracia y debe ser enfrentada como una amenaza nacional. Por eso consideramos que tales hechos no deben seguir siendo analizados de manera separada, sino en el marco de un contexto de violencia sistemática que afecta a los líderes sociales, políticos y comunitarios. En ese sentido entendemos la preocupación del parlamento europeo expresada el pasado jueves, frente a los debates electorales del próximo año.
No solo Colombia sino el continente americano, son víctimas de una ola creciente de crímenes políticos. En el país cuyo gobierno ha aplicado el plan más fuerte de seguridad interna y externa (Estados Unidos y la administración Trump), se han cometido atentados a bala contra el propio presidente cuando era candidato; y hace tres días, contra el reconocido activista Charlie Kirk, muerto en el ataque. Desde su perspectiva de analista, ¿cree que, en pleno siglo XXI, estamos frente a un auge guerrerista que enfrenta a grupos ideológicos opuestos?
En el continente y en el mundo hay un retroceso muy preocupante de la convivencia democrática. La convicción que muchos tuvimos sobre el triunfo histórico de la democracia, los derechos humanos y la paz, se está desvaneciendo a punta de insultos y tiros. El resurgimiento de los fascismos ha hecho que, de nuevo, la violencia sea el lenguaje que usa la política. Los extremismos políticos campean a sus anchas con sus mensajes inequívocamente dirigidos a las emociones más básicas de los seres humanos: el miedo, el odio y las pasiones. La razón no pasa por un buen momento. Pero, frente a estas trágicas circunstancias, estoy convencido de que la única posibilidad de rescatar los valores culturales es con mayor bienestar colectivo, más respeto por los derechos y el incremento de las oportunidades. Un estado de cosas así, permitiría contar con una opinión pública mejor formada y con un relato efectivo que rescate el civismo y las virtudes de la convivencia.
La preponderancia y poder de presidentes, líderes políticos o grupos con posiciones extremas de derecha o izquierda en la América actual, ¿tiene alguna relación con el recrudecimiento de los ataques a muerte contra quienes desempeñan roles dirigentes?
No debemos descartar que los atentados contra destacados dirigentes en varios de nuestros países, puedan provenir de estructuras criminales sin ninguna afiliación política conocida. Y que su propósito sea puramente criminal con intenciones de desestabilización, extorsión y chantaje a las autoridades y a la sociedad para incrementar su lucro criminal. Dicho esto, también es necesario decir que es cierto que el auge de los liderazgos extremos de derecha o de izquierda, suelen coincidir con picos de violencia política. Cuando se exacerban los discursos de odio, los actores violentos encuentran justificación para eliminar físicamente a sus contradictores. Esa es la deriva que hay que detener.
Los discursos públicos y las confrontaciones verbales fuertes en boca de líderes como el propio Trump, Bukele, Milei, Ortega, Maduro y el propio Petro, entre otros dirigentes, ¿son activadores de violencia política en sus respectivos países, como se ha dicho?
Los gobernantes y demás líderes de opinión tienen que ser conscientes del impacto que producen sus palabras para bien y para mal. Los discursos incendiarios sin duda tienen efectos en la violencia política. Cuando los líderes legitiman la descalificación y el insulto, abren la puerta para que algunos pasen del lenguaje a las balas. Este efecto no solo se predica de los líderes políticos que ejercen el Gobierno o la oposición. También tienen responsabilidad de construir o destruir con sus palabras, los líderes de opinión, los académicos, los artistas y en fin, todos quienes cuentan con influencia pública. Si, por ejemplo, en un programa radial se dedican varias horas diarias a difundir odio, el resultado puede ser violento y desazón social.
A propósito de su último punto, ¿Cuál es el papel que, a su juicio, han jugado los medios de comunicación, en Colombia, en cuanto a aplacar – o incentivar - los ánimos políticos alterados de la escena nacional?
Mi percepción, muy personal, es que el periodismo colombiano no está pasando por un buen momento. Esto puede resultar cierto en el caso, no de todos pero sí de algunos grandes medios de comunicación. Les están concediendo más importancia al cinismo populista y a la crítica escandalosa, que al análisis sosegado y bien informado de la realidad política.
En el plano netamente local, y según las estadísticas de la Procuraduría, ¿cuántos, ya no voceros políticos directos sino líderes sociales o activistas comunitarios han sido víctimas de atentados en los últimos doce meses?
En lo que va el año 2025 han sido asesinados 119 líderes sociales y en los últimos doce meses (de septiembre/24 a septiembre/25) hemos registrado más de 160 casos semejantes. Desde cuando se firmó el Acuerdo de Paz (2016) han sido asesinados 1.607 líderes en el país. Detrás de cada uno de ellos hay una comunidad atemorizada y un proyecto colectivo truncado. No se trata de un simple número: es un daño profundo al tejido social del país.
¿En cuáles fuentes se basan ustedes para tener certeza en el fundamento real de esas cifras?
Es necesario aclarar que la información que maneja la Procuraduría, se apoya, además de las propias, en las quejas o datos que se reciben la fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia. Con la acumulación de esos informes hemos elaborado el índice de prevención del riesgo de amenaza al liderazgo social, IPRA, una herramienta mediante la cual se supervisa la capacidad de respuesta institucional a nivel territorial ¿Cómo? Con actos de verificación y con la aplicación de instrumentos de política pública entre los cuales están los planes integrales de prevención, contingencia, seguridad y convivencia ciudadana, entre otros. Este instrumento permite identificar brechas y hacer recomendaciones de prevención a gobernadores y alcaldes.
Usted fue ministro de Justicia del gobierno Petro ¿Cree, como los críticos de la oposición, que la política de “paz total” y los procesos de negociación con diversos grupos armados ilegales, ha incidido en el aumento de la inseguridad regional y en la pérdida de control territorial del país por parte del Gobierno nacional?
Estoy convencido de que la política de paz total no es la causa de la violencia; al contrario, busca frenarla. Es cierto que su implementación enfrenta resistencias de los grupos ilegales y de quienes se lucran de la guerra. Pero abandonar las posibilidades de diálogo sería como rendirle homenaje el poder de las armas. La política de “paz total” (nombre que, dicho sea de paso, nunca me ha convencido) es un proyecto humanista ambicioso que requiere de diferentes etapas y tiempos en su preparación, formulación e implementación. Cuando fui ministro de Justicia, elaboramos un proyecto de ley de sometimiento, dirigido al desmantelamiento de las estructuras criminales. Ese proyecto cuya sensatez y moderación nadie puso en duda con seriedad, no gozó, sin embargo, del favor parlamentario. Si hubiera sido aprobado, las negociaciones con las bandas habrían tenido cauces de certeza de las que carecen hoy. El Gobierno ha insistido, ahora, en otro proyecto que tiene un sentido semejante; creo que es acertado persistir en ese empeño, pero las circunstancias ahora son más difíciles.
La oficina delegada de derechos humanos dirigida por usted, ¿tiene posición tomada sobre los diversos diálogos de paz con esos grupos armados ilegales y su carencia de avances?
Mi postura en esa materia está enteramente alineada con la del procurador General: hay apoyo a las conversaciones; las acompañamos si nos lo solicitan; no entorpecemos las atribuciones del Gobierno nacional, pero reclamamos que los diálogos se traduzcan en protección real para la población y en compromisos verificables de no repetición de la violencia.
“Exministro vitalicio”
Desde su retiro del Gobierno, usted no se ha pronunciado sobre su experiencia en el ministerio de Justicia y su salida del gabinete ¿Cómo se sintió por la forma abrupta en que el presidente lo remplazó?
Fueron dos años de entrega total a un proyecto político del que estoy convencido. Conservaré siempre el orgullo de haber contribuido al cambio en la política de drogas del país, a la creación de la jurisdicción agraria, a proponer alternativas al populismo punitivo y a poner un granito de arena para la humanización del sistema penitenciario. También celebro haber hecho parte de un Gobierno que se la jugó por los excluidos, a sabiendas de los riesgos y desafíos que eso acarreaba. En los cargos de alta responsabilidad política, se sabe que el relevo llegará en cualquier momento, por causas que son impredecibles. Es verdad que, en mi caso, me sorprendí y que había proyectos en curso que se truncaron. La lección es que en esas posiciones, uno debe actuar como si cada día fuera el único.
¿Le queda algún resentimiento con el presidente Petro?
Ninguna. Por el contrario, le guardo gratitud por la oportunidad de contar con una experiencia como la del ministerio de Justicia; y le agradezco que me haya hecho exministro con carácter vitalicio (risas).
“Tengo toda la intención de acertar”
¿Cómo se siente en el cargo de procurador delegado? ¿Es un poco extraño estar ahí, después de ser ministro de Justicia, teniendo – se lo digo con respeto pero con franqueza – un jefe como el actual Procurador General?
Después de 7 meses en el cargo, mi percepción es que, desde la Procuraduría, se puede hacer mucho más por el respeto a los derechos humanos de los colombianos, de lo que tradicionalmente se venía haciendo. Le cuento que, por fortuna, tengo la colaboración del procurador Eljach en el fortalecimiento de esta dependencia, de tal modo que podamos poner, en práctica, planes ambiciosos para conseguir resultados a corto y mediano plazo. Muy pronto se expedirá una directiva que me permitirá iniciar acciones judiciales en defensa de los derechos ciudadanos. Parece increíble pero esta delegada no tenía esa posibilidad. También nos ocuparemos de temas que antes estaban desatendidos como la protección de datos personales, de intimidad, y demás derechos que pueden ser conculcados por el poder de las nuevas tecnologías; la protección de la libertad de conciencia y cultos y el seguimiento a la política de seguridad ciudadana. Es un trabajo tan retador e inspirador como el ministerio de Justicia, y tengo toda la intención de acertar.
