La audiencia que se adelantaba este lunes en contra del exembajador de Colombia en Argentina y exgobernador de Nariño, Camilo Romero, por presuntas irregularidades en la comercialización de licores en ese departamento, fue aplazada en medio de una polémica por la defensa del político. La diligencia se adelantaba en la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema, cuando Romero, quien estaba sin abogado titular, pidió el aplazamiento.
La solicitud tenía como fundamento que su abogado titular, el penalista Miguel Ángel del Río, no asistió a la audiencia por un percance médico. Sin embargo, en primer momento el magistrado Ariel Torres, quien lideraba la diligencia, rechazó aplazarla, porque, a su criterio, la abogada suplente podía atender el caso en ese momento.
El problema que resaltaba el exgobernador Romero era que la abogada suplente fue nombrada de oficio ante la emergencia médica del abogado del Río; además, que él ni siquiera se había enterado de esa designación en su defensa. “¿No era lo mínimo enterarme de que tenía una abogada de oficio para, al menos, vincularla al proceso y articular una estrategia de defensa?“, dijo el político ante la Corte.
Asimismo, el exembajador sostuvo que “ni siquiera me enteré de que tenía esa opción y ni siquiera ella conoce la estrategia de defensa. Ella tuvo acceso mucho antes, en la etapa preparatoria, a los documentos, pero no tiene la claridad de una estrategia. ¿Cómo se puede mantener la idea de que continúe esta audiencia?”.
Durante la audiencia, el político insistió que no aceptaba la postura del magistrado de poder continuar la diligencia con la abogada suplente. Según dijo, “el momento en que va el proceso requiere que la defensa la asuma un abogado de su absoluta confianza como Miguel Ángel del Río, que ha tenido un inconveniente”.
Romero advirtió durante la audiencia de este lunes que de seguir el juicio en esas condiciones en las que no tenía un abogado de su entera confianza para que lo defendiera, presentaría una tutela por vulneración al debido proceso. A pesar de los reclamos, el alto tribunal se opuso a que el proceso se demorara más en avanzar y citaron nuevamente a audiencia para el próximo martes en la mañana.
El caso contra Romero se remonta a las posibles irregularidades cometidas por Romero en un proceso de contratación que autorizó cuando era gobernador de Nariño, entre 2016 y 2019. En concreto, se trata de un convenio que firmó sobre la comercialización de aguardiente en el departamento, cuyo costo fue de $18.000 millones.
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