Auditora investigará a Sandra Morelli

El fallo del alto tribunal estuvo motivado por una demanda de nulidad que presentó la excontralora, en la que argumentó que la auditora no les podía delegar a sus subalternos los procesos que cursan en su contra por presuntas irregularidades en la ejecución de distintos contratos. Por eso, el Consejo de Estado suspendió provisionalmente tres artículos de una resolución de 2011, en virtud de los cuales el director de Responsabilidad Fiscal y el auditor delegado para la Vigilancia de la Gestión Fiscal —en primera y segunda instancia, respectivamente— podían tomar decisiones sobre procesos de responsabilidad fiscal. Una vez conoció la decisión, la auditora presentó un recurso de súplica porque, en su concepto, el fallo anuló la segunda instancia al desconocer que ella no cuenta con un “superior jerárquico” que pueda asumir eventuales apelaciones.

Desde antes de que estallara el escándalo por las presuntas irregularidades en los contratos de arrendamiento de la actual sede de la Contraloría, Morelli mantuvo un ácido enfrentamiento con la auditora. Tanto así, que la recusó alegando que no podía adelantar ninguna investigación en su contra, porque las pesquisas estaban motivadas en una presunta venganza. En febrero de 2014 la Procuraduría negó la recusación y determinó que la auditora sí podía investigar a Morelli. Desde entonces, Marulanda continuó indagando por presuntos detrimentos patrimoniales en la Contraloría. Ya en octubre de 2013 la auditora había alegado que la entonces contralora usaba recursos públicos para pagar el combustible del vehículo en el que se movilizaba su hijo. Más tarde se conocieron los detalles de las supuestas irregularidades en cuatro contratos, en virtud de los cuales Morelli vendió el antiguo edificio donde funcionaba la entidad y arrendó una nueva sede, en la segunda etapa del centro comercial Gran Estación. La Auditoría investigó el caso y determinó que se habían despilfarrado $54 mil millones.

Además, en junio de ese año, Marulanda elaboró dos informes en los que revelaba que se habían malinvertido cientos de millones de pesos con la firma de 43 contratos para la celebración de los 90 años del ente de control fiscal. Frente a esas acusaciones, Morelli alegó en múltiples ocasiones que la auditora y el fiscal mantenían una persecución en su contra y que ella sí había administrado adecuadamente los recursos de la entidad. Por ahora, la excontralora se encuentra en Italia a la espera de que un juez decida su situación jurídica en Colombia, luego de que la Fiscalía le imputara varios delitos por cuenta del trasteo de la Contraloría.

El fallo del alto tribunal estuvo motivado por una demanda de nulidad que presentó la excontralora, en la que argumentó que la auditora no les podía delegar a sus subalternos los procesos que cursan en su contra por presuntas irregularidades en la ejecución de distintos contratos. Por eso, el Consejo de Estado suspendió provisionalmente tres artículos de una resolución de 2011, en virtud de los cuales el director de Responsabilidad Fiscal y el auditor delegado para la Vigilancia de la Gestión Fiscal —en primera y segunda instancia, respectivamente— podían tomar decisiones sobre procesos de responsabilidad fiscal. Una vez conoció la decisión, la auditora presentó un recurso de súplica porque, en su concepto, el fallo anuló la segunda instancia al desconocer que ella no cuenta con un “superior jerárquico” que pueda asumir eventuales apelaciones.

Desde antes de que estallara el escándalo por las presuntas irregularidades en los contratos de arrendamiento de la actual sede de la Contraloría, Morelli mantuvo un ácido enfrentamiento con la auditora. Tanto así, que la recusó alegando que no podía adelantar ninguna investigación en su contra, porque las pesquisas estaban motivadas en una presunta venganza. En febrero de 2014 la Procuraduría negó la recusación y determinó que la auditora sí podía investigar a Morelli. Desde entonces, Marulanda continuó indagando por presuntos detrimentos patrimoniales en la Contraloría. Ya en octubre de 2013 la auditora había alegado que la entonces contralora usaba recursos públicos para pagar el combustible del vehículo en el que se movilizaba su hijo. Más tarde se conocieron los detalles de las supuestas irregularidades en cuatro contratos, en virtud de los cuales Morelli vendió el antiguo edificio donde funcionaba la entidad y arrendó una nueva sede, en la segunda etapa del centro comercial Gran Estación. La Auditoría investigó el caso y determinó que se habían despilfarrado $54 mil millones.

Además, en junio de ese año, Marulanda elaboró dos informes en los que revelaba que se habían malinvertido cientos de millones de pesos con la firma de 43 contratos para la celebración de los 90 años del ente de control fiscal. Frente a esas acusaciones, Morelli alegó en múltiples ocasiones que la auditora y el fiscal mantenían una persecución en su contra y que ella sí había administrado adecuadamente los recursos de la entidad. Por ahora, la excontralora se encuentra en Italia a la espera de que un juez decida su situación jurídica en Colombia, luego de que la Fiscalía le imputara varios delitos por cuenta del trasteo de la Contraloría.