Cuando El Espectador consultó a la saliente ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, sobre el porqué de su renuncia, respondió, entre otras razones relacionadas con presunta injerencia política en la cartera, que le querían “poner un ministro encargado de apellido Ocampo”. La semana pasada, el ministro delegatario con funciones presidenciales, Guillermo Jaramillo, no solo aceptó la renuncia de la jurista, sino que confirmó lo que Buitrago preveía: la Presidencia nombró como ministro encargado a Augusto Ocampo, quien se desempeñaba como secretario jurídico de la Casa de Nariño. Ocampo es el más sonado para quedarse con el puesto, pero llegaría al cargo con diferentes expedientes que han tocado su carrera.
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¿Quién es Augusto Ocampo, ministro de Justicia encargado?
El hoy ministro encargado ha sido magistrado auxiliar y conjuez del Tribunal Superior de Bogotá y ha cumplido funciones de fiscal en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Su carrera ha estado estrechamente ligada a los intereses del petrismo, al punto de que fue asesor legal del movimiento Colombia Humana y lideró la iniciativa de Primera Línea Jurídica para atender ciudadanos detenidos durante el Paro Nacional de 2021. De hecho, Ocampo fue funcionario público de la Alcaldía de Bogotá en 2012, cuando el hoy presidente Gustavo Petro fue alcalde, Allí ocupó el cargo de director de Asuntos Disciplinarios del distrito.
Justamente en ese contexto, en abril de 2013, la Personería de Bogotá sancionó a Ocampo por publicar en su cuenta de X, antes Twitter, expresiones irrespetuosas y calumniosas contra periodistas y la entonces veedora de Bogotá, Adriana Córdoba. La decisión administrativa lo suspendió y lo dejó 10 meses sin ocupar cargos públicos. Al exdirector de Caracol Radio, Darío Arizmendi, le dijo que era un “microfonero”. Al exdirector de CM&, Yamid Amat, lo señaló de desinformador y “resentido”. A la precandidata presidencial Vicky Dávila le preguntó si era “fleteada por las mafias”. Ocampo respondió que la decisión fue “exagerada” y por eso apeló. En segunda instancia, en noviembre de 2014, la Personería revocó la sanción.
Precisamente en la Alcaldía de Bogotá, Ocampo se cruzó con el hoy ministro Jaramillo, quien es secretario de Salud de la ciudad. Luego, la vida política llevó a Jaramillo a ocupar la Alcaldía de Ibagué en 2016 y allí nombró a Ocampo como “zar anticorrupción”. La vinculación se concretó el 26 de enero de 2018, a través de un contrato para asesorar y apoyar los procesos de gestión y prevención de ese delito en la capital tolimense. En medio de esa contratación, el medio de comunicación regional El Olfato, reportó que la pareja del zar recibió, ese mismo 26 de enero, un contrato en la Secretaría de Hacienda, y su hija otro contrato en la Tesorería.
La pareja de Ocampo es Paola Andrea Villada, quien fue contratada como coordinadora del proceso de cobro coactivo de Hacienda. Un acuerdo público que levantó sospechas, dado que Villada es enfermera de profesión. Por el otro lado, Luisa Ocampo, hija de Ocampo, fue contratada como asistente de apoyo, con honorarios por $9 millones, cuando solo tenía título de bachiller. Ocampo respondió, en su momento, que Villada no era su pareja, a pesar de que habría fotografías en su cuenta de Facebook que mostraban lo contrario. “De lo que sí puedo dar fe (...) es que por sus altas calidades personales y profesionales doy el mejor de los conceptos de ellas”, le respondió a El Olfato, en 2018.
En febrero de 2024, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Ibagué, que investiga disciplinariamente a abogados y funcionarios de la Rama Judicial de esa ciudad, sancionó con una inhabilidad de cuatro meses para ejercer como abogado a Ocampo. El ingeniero Wilmer Manchola, condenado por irregularidades en las obras de los Juegos Nacionales de 2015, contrató a Ocampo en 2020 para presentar un recurso para “salvarse” del proceso penal ante la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, Manchola presentó una queja disciplinaria contra Ocampo, pues aseguró que, a pesar de haberle pagado $10 millones, nunca radicó los papeles.
Ocampo consideró injusta la decisión de primera instancia y llevó el caso ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, para una segunda y definitiva valoración. El caso finalmente se resolvió el pasado 19 de marzo de 2025 y la Comisión Nacional revocó la decisión de primera instancia y lo absolvió de toda responsabilidad disciplinaria. Ocampo argumentó que Manchola solo le había pagado el 50% de los honorarios y que la radicación de los documentos dependía del pago total. La Comisión determinó que, si bien pudo haber falencias en la debida diligencia profesional, se demostró que Ocampo intentó reintegrar el anticipo y que negoció con su cliente antes del inicio del caso disciplinario.
Una vez conocida la decisión, Ocampo emitió un comunicado público en el que aseguró que desde hace meses, ocupando el puesto de secretario jurídico de Presidencia, ha sido “blanco de una campaña mediática despiadada y calculada”. Y concluyó que no permitirá que “se mancille mi nombre con mentiras, ni me quedaré callado ante la manipulación mediática, ni ante el uso del poder comunicativo para hacer daño. No me van a intimidar”. El Espectador lo buscó insistentemente, pero no obtuvo respuesta. Ocampo, entretanto, ocupa funciones de ministro encargado y espera razón del presidente Gustavo Petro, un viejo y confiable conocido, sobre la posibilidad de liderar en propiedad cartera de la justicia nacional.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Jhoan Sebastian Cote
