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La polémica sobre el uso del glifosato para erradicar cultivos de uso ilícito volvió al centro del debate nacional, tras una denuncia del concejal de Bogotá Julián Sastoque, del partido Alianza Verde. Según Sastoque, la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional abrió una licitación por $7.700 millones para la compra de un “plaguicida químico de uso agrícola con composición garantizada de ingrediente activo: glifosato”, siguiendo una directriz del entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez.
La revelación se produce en medio de un preocupante aumento de los cultivos ilícitos en Colombia. Según cifras del Sistema Integrado de Información y Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIIMA), reveladas también por Sastoque, el país alcanzó en 2024 un récord histórico: 262.428 hectáreas sembradas, lo que representa un incremento del 6,3 % frente a las 246.693 registradas a diciembre de 2023.
“Es evidente que las hectáreas de cultivos ilícitos durante el gobierno Petro han alcanzado cifras sin precedentes y aumentan año tras año. El mismo documento de la Policía Antinarcóticos señala que SIIMA ‘permite obtener información más precisa y actualizada, lo que fortalece la capacidad de respuesta del Estado’”, detalló Sastoque en un comunicado oficial.
El documento de la Policía Antinarcóticos resalta que el SIIMA permite obtener datos georreferenciados en tiempo real, lo que, según la institución, fortalece la capacidad de respuesta del Estado. En este contexto, el proceso contractual en curso contempla la aspersión terrestre con glifosato como parte de una estrategia para frenar el avance de los cultivos ilícitos.
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La iniciativa fue confirmada inicialmente por el actual ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez Suárez, y el director de la Policía Nacional, general Carlos Fernando Triana. Este último precisó que la medida se enmarca en un plan integral que contempla erradicación manual, sustitución voluntaria y uso del agroquímico en terrenos superiores a 1,5 hectáreas, priorizando regiones como Nariño, Cauca, Putumayo y Catatumbo.
En paralelo, el ministro Sánchez argumentó que el retorno al glifosato, suspendido desde 2015, pero aun sin prohibición legal definitiva, hace parte de una estrategia sostenible para restarle rentabilidad a las economías ilegales. “En el marco de la planificación estamos hablando de la erradicación manual, pero también del uso del agroquímico en cultivos mayores a 1,5 hectáreas. Es una estrategia paralela al programa integral a la estrategia del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional”, afirmó el jefe de cartera.
No obstante, el presidente Gustavo Petro desautorizó públicamente a ambos funcionarios. “Esto no es cierto. La política del gobierno es el pago por erradicación voluntaria de cultivos de hoja y su sustitución por productos agroindustriales que generen prosperidad en las comunidades”, escribió en su cuenta de X. El mandatario no se pronunció sobre las razones técnicas que esgrime la Policía para justificar el regreso del glifosato, como la reconfiguración del narcotráfico tras la desmovilización de las Farc, la disminución de estrategias de erradicación y el incentivo que han generado los programas de sustitución en la expansión de cultivos ilícitos.
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Por el momento, el proceso de licitación se encuentra en etapa preliminar. De acuerdo con fuentes oficiales, no será sino hasta el segundo semestre de 2025 cuando se definan los lineamientos definitivos y se conozcan los pormenores de la estrategia para el uso del herbicida, que ha sido catalogado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una sustancia “probablemente cancerígena para los humanos”, y su aplicación mediante aspersión aérea ha sido ampliamente cuestionada por su impacto negativo en el medio ambiente y la contaminación de cuerpos de agua.
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