“Aún vivimos en un país donde el prejuicio mata”: Matilda González

¿Cómo nace la iniciativa de hacer un informe anual sobre la violencia hacia personas LGBT en Colombia?

Esto empezó hace unos años. Las organizaciones que trabajamos con comunidades LGBT teníamos la intuición de que estaban matando a personas de esta población pero cuando íbamos a hacer la denuncia, no había datos suficientes para presentarla. El problema fundamental radicaba en que el Estado no tenía las variables para registrar este tipo de violencia. En 2006, Colombia Diversa empezó a hacer una base de datos muy simple basada en datos de prensa. Después presentamos varios derechos de petición a Medicina Legal, Fiscalía y Defensoría para cruzar las cifras. En los últimos años, se unieron a este trabajo grupos como Caribe Informativo, en la Costa, y Santamaría Fundación, en Cali, quienes han sido fundamentales para darle un enfoque nacional y más completo a estos informes.

¿Cuál es el objetivo del informe este año?

Hay varios. Uno de ellos es que necesitamos que se escuche con toda la fuerza posible el discurso que ya llevamos unos años diciendo: a las personas LGBT las matan por el hecho de ser LGBT. En el informe que presentamos hoy, reportamos básicamente homicidios, violencia policial y amenazas. En cada caso, revisamos los motivos para clasificar si los crímenes se motivaron por un prejuicio ante esta población o no. Tenemos que reiterar que aún vivimos en un país donde el prejuicio mata.

Usted habla de varios objetivos. ¿Cuáles más?

El primero es que con esta entrega pretendemos generar en el Estado mecanismos para reducir los niveles de violencia con un enfoque que hemos llamado el de las Tres P: prevención, protección a víctimas y persecución penal. Y el segundo es resaltar que con las cifras y los casos que reportamos el año pasado, encontramos que hay un vínculo entre exclusión y violencia.

¿Podría explicar ese vínculo?

Desde hace un tiempo, teníamos la intuición de que las personas LGBT más marginadas socioeconómicamente, las más excluidas por la sociedad, eran las más vulnerables a ser víctimas de cualquier tipo de violencia. En otras palabras, es más probable que un policía te requise o te arreste si eres una trans. Esto nos permite hablar de una nueva historia: la relación que hay entre exclusión y violencia. Antes solo hablábamos de qué era lo que debíamos hacer cuando a las personas las mataban. Llevamos muchos años diciendo que la Policía tiene que investigar los casos.

¿Qué cambia ahora? ¿Cuál es la propuesta?

Esta nueva historia del vínculo entre exclusión y violencia nos permite poner un lente preventivo. No solo decir qué es lo que hay que hacer cuando matan a personas LGBT, sino investigar por qué las están matando, a quiénes están violentando y qué se puede hacer para prevenirlo. No hay que olvidar que las que más sufren de violencia policial, por mucho, son las mujeres trans (57 %, ver gráfico). Como no tienen un espacio que las represente, siempre terminan excluidas y obligadas a trabajar en economías altamente criminalizadas, donde comparten espacio físico con mafias de drogas, por ejemplo, o se dedican al trabajo sexual. Por eso es que son mucho más vulnerables. Siempre tienen más riesgo.

A partir de ese lente preventivo que propone este nuevo informe, ¿cuáles son sus recomendaciones para que se aplique en todos los sectores de la sociedad?

Por una parte, creo que es importante que busquemos alternativas a la cárcel para solucionar los problemas de violencia. No queremos que cuando un juez condene a una persona por haber matado a una persona LGBT por el simple hecho de ser gay o lesbiana, se la aplique la pena más fuerte y dure muchos años en prisión. Queremos concentrarnos, por ejemplo, en el derecho a la verdad de las víctimas. En vez de pasar años de prisión, que el criminal diga y explique por qué lo mató. No creemos que la cárcel sea la solución para eliminar este tipo de violencias. Queremos hacer un cambio de chip. En Colombia no podemos ser así de irresponsables de decir que todo el castigo es cárcel. Tenemos que buscar otras formas y entender, desde antes, por qué están matando a las personas LGBT.

¿Qué propone el informe para que el derecho a la verdad sea una prioridad?

Creo que en este tema, el trabajo de la Fiscalía es fundamental. Ahí tenemos muchos retos. Ellos han trabajo de forma muy seria. Sabemos que está nombrando fiscales especializados en temas LGTB y esa medida es fundamental para lograr ese derecho a la verdad. Pero todo tiene sus problemas. Sabemos que hay mucha resistencia por los prejuicios. Muchos de estos nuevos fiscales ven este tema como muy ligero o lo estigmatizan, como si dijeran que ser LGBT es malo y vincularse en ese tema pusiera en duda alguna parte de su identidad. Además los cambian mucho entonces no hay ninguna continuidad en las investigaciones.

¿Cuáles son las recomendaciones que presenta el informe de este año?

Hay muchas para cada entidad. Al Gobierno le pedimos que expida una política pública que lleva encajonada muchos años y nada que la sacan. Ahora con la coyuntura de la paz será más difícil. Pero lo tienen que hacer. Al Ministerio de Salud, por otra parte, le pedimos que investigue temas que están relacionados con el trabajo sexual y sus impactos. A Medicina Legal, que es importantísimo en estos informes, le recomendamos que siga implementando la variable que tienen cuando una persona LGBT muere, pero es importante que especifique la orientación sexual de las personas trans. Por ejemplo, hay mujeres trans lesbianas, bisexuales y heterosexuales. Hay que hacer la diferencia por identidad de género y orientación sexual.

Usted habla de la letalidad de los prejuicios. ¿Qué se puede hacer al respecto?

Lo primero que se podría hacer es cambiar la idea de que todo se tiene que trabajar después de una muerte. Hay que trabajar las etapas previas. No estamos pensando, por ejemplo, por qué a las trans las molesta más la Policía. No tenemos en cuenta su exclusión y lo que les ha tocado vivir. Necesitamos políticas públicas para que esto no pase; apoyo de universidades y las empresas privadas para vincular a los más excluidos. Pero lo más urgente es más representación en todos los espacios de la sociedad, en particular de las personas trans. Mientras veamos este problema como un problema ajeno que solo le incumbe a algunas personas, estamos perdidos. La sociedad tiene que entender que sus prejuicios son letales para nosotros.

¿Cómo nace la iniciativa de hacer un informe anual sobre la violencia hacia personas LGBT en Colombia?

Esto empezó hace unos años. Las organizaciones que trabajamos con comunidades LGBT teníamos la intuición de que estaban matando a personas de esta población pero cuando íbamos a hacer la denuncia, no había datos suficientes para presentarla. El problema fundamental radicaba en que el Estado no tenía las variables para registrar este tipo de violencia. En 2006, Colombia Diversa empezó a hacer una base de datos muy simple basada en datos de prensa. Después presentamos varios derechos de petición a Medicina Legal, Fiscalía y Defensoría para cruzar las cifras. En los últimos años, se unieron a este trabajo grupos como Caribe Informativo, en la Costa, y Santamaría Fundación, en Cali, quienes han sido fundamentales para darle un enfoque nacional y más completo a estos informes.

¿Cuál es el objetivo del informe este año?

Hay varios. Uno de ellos es que necesitamos que se escuche con toda la fuerza posible el discurso que ya llevamos unos años diciendo: a las personas LGBT las matan por el hecho de ser LGBT. En el informe que presentamos hoy, reportamos básicamente homicidios, violencia policial y amenazas. En cada caso, revisamos los motivos para clasificar si los crímenes se motivaron por un prejuicio ante esta población o no. Tenemos que reiterar que aún vivimos en un país donde el prejuicio mata.

Usted habla de varios objetivos. ¿Cuáles más?

El primero es que con esta entrega pretendemos generar en el Estado mecanismos para reducir los niveles de violencia con un enfoque que hemos llamado el de las Tres P: prevención, protección a víctimas y persecución penal. Y el segundo es resaltar que con las cifras y los casos que reportamos el año pasado, encontramos que hay un vínculo entre exclusión y violencia.

¿Podría explicar ese vínculo?

Desde hace un tiempo, teníamos la intuición de que las personas LGBT más marginadas socioeconómicamente, las más excluidas por la sociedad, eran las más vulnerables a ser víctimas de cualquier tipo de violencia. En otras palabras, es más probable que un policía te requise o te arreste si eres una trans. Esto nos permite hablar de una nueva historia: la relación que hay entre exclusión y violencia. Antes solo hablábamos de qué era lo que debíamos hacer cuando a las personas las mataban. Llevamos muchos años diciendo que la Policía tiene que investigar los casos.

¿Qué cambia ahora? ¿Cuál es la propuesta?

Esta nueva historia del vínculo entre exclusión y violencia nos permite poner un lente preventivo. No solo decir qué es lo que hay que hacer cuando matan a personas LGBT, sino investigar por qué las están matando, a quiénes están violentando y qué se puede hacer para prevenirlo. No hay que olvidar que las que más sufren de violencia policial, por mucho, son las mujeres trans (57 %, ver gráfico). Como no tienen un espacio que las represente, siempre terminan excluidas y obligadas a trabajar en economías altamente criminalizadas, donde comparten espacio físico con mafias de drogas, por ejemplo, o se dedican al trabajo sexual. Por eso es que son mucho más vulnerables. Siempre tienen más riesgo.

A partir de ese lente preventivo que propone este nuevo informe, ¿cuáles son sus recomendaciones para que se aplique en todos los sectores de la sociedad?

Por una parte, creo que es importante que busquemos alternativas a la cárcel para solucionar los problemas de violencia. No queremos que cuando un juez condene a una persona por haber matado a una persona LGBT por el simple hecho de ser gay o lesbiana, se la aplique la pena más fuerte y dure muchos años en prisión. Queremos concentrarnos, por ejemplo, en el derecho a la verdad de las víctimas. En vez de pasar años de prisión, que el criminal diga y explique por qué lo mató. No creemos que la cárcel sea la solución para eliminar este tipo de violencias. Queremos hacer un cambio de chip. En Colombia no podemos ser así de irresponsables de decir que todo el castigo es cárcel. Tenemos que buscar otras formas y entender, desde antes, por qué están matando a las personas LGBT.

¿Qué propone el informe para que el derecho a la verdad sea una prioridad?

Creo que en este tema, el trabajo de la Fiscalía es fundamental. Ahí tenemos muchos retos. Ellos han trabajo de forma muy seria. Sabemos que está nombrando fiscales especializados en temas LGTB y esa medida es fundamental para lograr ese derecho a la verdad. Pero todo tiene sus problemas. Sabemos que hay mucha resistencia por los prejuicios. Muchos de estos nuevos fiscales ven este tema como muy ligero o lo estigmatizan, como si dijeran que ser LGBT es malo y vincularse en ese tema pusiera en duda alguna parte de su identidad. Además los cambian mucho entonces no hay ninguna continuidad en las investigaciones.

¿Cuáles son las recomendaciones que presenta el informe de este año?

Hay muchas para cada entidad. Al Gobierno le pedimos que expida una política pública que lleva encajonada muchos años y nada que la sacan. Ahora con la coyuntura de la paz será más difícil. Pero lo tienen que hacer. Al Ministerio de Salud, por otra parte, le pedimos que investigue temas que están relacionados con el trabajo sexual y sus impactos. A Medicina Legal, que es importantísimo en estos informes, le recomendamos que siga implementando la variable que tienen cuando una persona LGBT muere, pero es importante que especifique la orientación sexual de las personas trans. Por ejemplo, hay mujeres trans lesbianas, bisexuales y heterosexuales. Hay que hacer la diferencia por identidad de género y orientación sexual.

Usted habla de la letalidad de los prejuicios. ¿Qué se puede hacer al respecto?

Lo primero que se podría hacer es cambiar la idea de que todo se tiene que trabajar después de una muerte. Hay que trabajar las etapas previas. No estamos pensando, por ejemplo, por qué a las trans las molesta más la Policía. No tenemos en cuenta su exclusión y lo que les ha tocado vivir. Necesitamos políticas públicas para que esto no pase; apoyo de universidades y las empresas privadas para vincular a los más excluidos. Pero lo más urgente es más representación en todos los espacios de la sociedad, en particular de las personas trans. Mientras veamos este problema como un problema ajeno que solo le incumbe a algunas personas, estamos perdidos. La sociedad tiene que entender que sus prejuicios son letales para nosotros.