La Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación exigieron la liberación inmediata y sin condiciones de cuatro funcionarios secuestrados en Arauca el año pasado por el Ejército de Liberación Nacional (Eln). Las entidades reiteraron que el respeto por la vida, la integridad y la libertad es un principio esencial del Estado Social de Derecho consagrado en la Constitución de 1991.
El pronunciamiento se refiere a los agentes de la Dirección de Protección y Asistencia del CTI, Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, así como a los integrantes de la Policía Franki Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza, secuestrados en mayo y junio de 2025. Ambas instituciones hicieron un llamado a garantizar su vida y libertad.
En su declaración, las entidades advirtieron que crimenes como el secuestro frustran los esfuerzos por superar la violencia. Además, recordaron que décadas de conflicto armado han demostrado que este delito deja graves consecuencias en las víctimas, sus familias y la sociedad.
“Los servidores judiciales y los agentes de la Policía Nacional, secuestrados por el denominado Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Arauca el año pasado, deben ser liberados sin condicionamiento alguno como muestra de voluntad de paz por parte de esa organización ilegal armada”, señalaron las autoridades.
En contexto: Eln propone canje humanitario de agentes del CTI y policías secuestrados en Arauca
El pasado 5 de mayo, el Eln publicó una serie de videos donde señaló haber realizado un “juicio” contra los cuatro agentes. El Eln indicó que se trata de una “sentencia condenatoria” y que no les impondrá una “pena capital”. En el video, el grupo armado “sentencia” a José Pacheco a “60 meses de prisión revolucionaria” y a Rodrigo López a 55 meses. En paralelo, los miembros de la Policía, fueron condenados a 36 meses por los supuestos “delitos” de espionaje “contra el Eln y la población civil”.
Asimismo, el grupo armado señaló: “Conceder, en favor de los condenados, la posibilidad de tramitar el mecanismo de canje humanitario con el Gobierno Nacional, de conformidad con los postulados políticos y humanitarios del Eln”. El Eln explicó que este canje se trataría del intercambio “de personas privadas de la libertad, ya sean presos bajo custodia del Estado o prisioneros de guerra del Eln. Este mecanismo aplica tanto a mandos como a combatientes y también a personas de cualquier edad, rango o condición de salud”.
Desde que se conoció el “juicio”, la Defensoría del Pueblo, liderada por Iris Marín Ortiz, reclamó al grupo armado la liberación inmediata de los cuatro funcionarios y de todas las personas retenidas en Arauca, y exigió garantías plenas para su vida, integridad y libertad. De igual forma, pidió al Gobierno reforzar las acciones encaminadas a lograr su regreso.
La defensora sostuvo que la liberación debió darse de manera inmediata y sin condicionamientos, y advirtió que la realización de un supuesto “juicio” no legitima la privación de la libertad. También señaló que, según ha conocido la entidad, las familias de los secuestrados no han percibido un acompañamiento suficiente por parte del Gobierno.
Otro pronunciamiento vino de parte del comandante de las Fuerzas Militares, el general Hugo Alejandro López, quien señaló que este caso es un crimen de lesa humanidad y va en contravía del Derecho Internacional Humanitario (DIH). El alto oficial declaró que las amenazas de un supuesto “juicio revolucionario” por parte del Eln “carecen de toda legitimidad, respaldo legal o reconocimiento nacional o internacional”.
Añadió que pretender arrogarse funciones judiciales sobre civiles busca encubrir o desnaturalizar un secuestro. En esa línea, el general López sostuvo que tanto el secuestro como la reciente propuesta de canje humanitario por parte del Eln “confirman su total desprecio por la ley, las autoridades y la dignidad humana”.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
