La Corte Constitucional continuará este miércoles, 29 de abril, con el análisis del expediente de emergencia económica. Esto se da en el marco de la decisión del alto tribunal de declarar como infundados los impedimentos que presentaron los magistrados y magistradas para apartarse del estudio de esa declaratoria que presentó el gobierno de Gustavo Petro para hacerle frente a la crisis invernal que se dio a principios de año.
Durante la Sala Plena extraordinaria que se celebró este martes participaron los magistrados Héctor Alfonso Carvajal Londoño, Jorge Enrique Ibáñez Najar, Juan Carlos Cortés González y los conjueces y conjuezas Juanita Durán Vélez, Hernando Herrera Mercado, Carlos Pablo Márquez Escobar, Roberto Jesús Núñez Escobar y Gustavo Quintero Navas.
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En la sesión, se declararon infundados los impedimentos presentados por los magistrados y magistradas para el estudio de la suspensión de tres decretos expedidos por el Gobierno para atender a ocho departamentos del Caribe. Esto quiere decir que ya no estará frenado el avance del análisis y los magistrados Lina Escobar, Vladimir Fernández, Miguel Polo Rosero, Natalia Ángel Cabo y Paola Meneses podrán participar en la discusión y tomar una decisión de fondo.
Los impedimentos de los magistrados se centraron en la posibilidad de un interés en la decisión. Esto debido a que varias universidades, de las que hacen parte, tendrían que pagar el impuesto que analizan dentro del decreto de emergencia.
En ese contexto, el magistrado Polo Rosero señaló: “Actualmente me desempeño como profesor de cátedra en pregrado y posgrado de la Pontificia Universidad Javeriana, y concluí hace unos días unas clases de hora cátedra de posgrado en la Universidad Católica”. Y agregó que la decisión sobre lo que propone suspender provisionalmente el pago de una cuota del tributo “podría impactar en las instituciones educativas en las que ejerzo docencia”.
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Por su parte, la magistrada Lina Marcela Escobar también presentó el impedimento con la misma base. «Aunque el nuevo impuesto al patrimonio no me cobija directamente, sí impacta en la institución universitaria en la que ejerzo la docencia», explicó. Lo mismo alegó el magistrado Vladimir Fernández, quien trabaja como docente en la Universidad Externado; la magistrada Natalia Ángel es docente de la Universidad de Los Andes; y el magistrado Carlos Camargo, señaló que es docente de la Universidad Sergio Arboleda.
La magistrada Paola Meneses agregó que su cónyuge, Luis Fernando Lizcano Zea, es Jefe Jurídico Administrativo y de Servicios de Ecopetrol S.A., que debería pagar el impuesto que contempla el decreto. Además, dijo que es profesora de la Pontificia Universidad Javeriana y mencionó que esa institución tendría que pagar cerca de $9.115 millones por el tributo.
Sin embargo, sus impedimentos se declararon infundados y tendrán que participar en la discusión de la emergencia económica que presentó el gobierno Petro a inicios de este año.
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