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¿Ayudaron las Farc en política?

La unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía pidió que se investigue si Álvaro Cruz y Pablo Ardila, actual gobernador y exgobernador de Cundinamarca respectivamente, pidieron ayuda a las Farc para hacer campaña en 2000.

Redacción Judicial

19 de abril de 2012 - 06:15 p. m.
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“En enero del año 2000 el doctor Álvaro Cruz Vargas, haciendo campaña para la gobernación de Cundinamarca, tuvo una reunión con Antonio campesino y el comandante del frente 42, Giovanny, en una vereda llamada Puerto Brasil del municipio de Viotá, con el fin de que lo apoyaran”. Esa fue la versión que, ratificada bajo la gravedad de juramento, entregó recientemente ante una fiscal de Justicia y Paz Luis Carlos Chaparro Uribe, un desmovilizado del frente 42 de las Farc.

Chaparro, conocido entre las filas de la guerrilla como Arsecio, narró en la Fiscalía que los miembros del frente 42 le exigieron a Cruz Vargas $500 millones. Con ellos le permitirían entrar a las áreas donde el grupo armado ilegal hacía presencia; asimismo, dos líderes políticos de las Farc acordaron con él que le indicarían a la gente por quién votar. “Para esa época era muy fácil porque la población preguntaba (...) por quién debían votar para alcaldías o gobernaciones”, relató Arsecio.

Según la versión del desmovilizado, la exigencia de la guerrilla era que Cruz, quien ya había aspirado a la gobernación en 1994 y 1997, no incrementara ni el pie de fuerza ni los operativos en la zona en que desarrollaban sus actividades los frentes 42 y 22. Arsecio mencionó más de una reunión entre Cruz y la guerrilla, y aseguró que vio el primer desembolso del político liberal: $150 millones. “El día que la guerrilla aceptó ayudarle, manifestó Arsecio, hubo fiesta en la casa de una miliciana, con whisky aportado por Cruz”.

El político habría buscado a las Farc antes de que el Partido Liberal hiciera la consulta para escoger su candidato a la gobernación de Cundinamarca, contienda en la que compitió con Pablo Ardila. Pero Cruz, aseveró Arsecio, no fue el único. De acuerdo con el desmovilizado, Ardila siguió los mismos pasos: “El frente 42 le pidió $1.000 millones (...). De igual manera no se le iba a colaborar porque ya se había llegado a acuerdos con Álvaro Cruz”.

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Las Farc, sin embargo, consideraron que apoyar a Ardila igual podría convenirles en caso de que ganara la consulta. Según Arsecio, Ardila podría pagar los $1.000 millones sin problemas “porque él tenía mucha plata”. Ardila, expresó el desmovilizado, nunca se reunió personalmente con los subversivos, sino que envió a dos delegados, quienes, 15 días antes de la consulta, le habrían dicho a la guerrilla que Ardila les pagaría $500 millones y si la ganaba “hacían un nuevo acuerdo”. Ardila, añadió Arsecio, también hizo lobby con whisky.

“No se volvió a saber de ese señor porque no ganó la consulta, no dio los $500 millones, no mandó nada. A esas dos personas yo no las conocía y no volví a saber nada de ellos”, expresó el exintegrante de las Farc en Justicia y Paz. Sobre Cruz, al contrario, afirmó que permaneció en contacto una vez fue elegido gobernador, y que incluso en una ocasión los guerrilleros le reclamaron por haber creado unas patrullas motorizadas, a lo que Cruz Vargas habría respondido que su misión era sólo cuidar las carreteras los fines de semana o festivos.

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Ardila recuperó su libertad en 2010, luego de pasar dos años y 10 meses en la cárcel tras ser condenado por enriquecimiento ilícito. Desde entonces, supo El Espectador, vive fuera del país. Cruz, por su parte, fue elegido nuevamente mandatario de Cundinamarca en las elecciones de octubre pasado. Sobre la versión de Arsecio le dijo a este diario: “Nunca he acudido a solicitar apoyo de personas al margen de la ley. En 2001 la situación era muy dificil, debimos adelantar acciones contundentes con el Ejército y el Gobierno una vez posesionado el presidente Uribe”.

Y añadió: “Cundinamarca fue escogido piloto para la ‘Operación Libertad I. Hubo muchas capturas y seguramente, muchos resentidos. Yo incluso fui objeto de amenazas y atentado. Estoy dispuesto a acudir a los organismos competentes”. Como es su deber, la unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía envió la declaración de Arsecio a la Procuraduría y a la unidad de fiscales delegados ante la Corte Suprema. Estas entidades determinarán si el exguerrillero dijo la verdad o, como supone el gobernador Cruz, habló con el resentimiento en la boca.

Por Redacción Judicial

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