Bernardo Moreno y José Obdulio Gaviria exigían resultados en seguimientos a magistrados

Ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el exsubdirector de contrainteligencia del DAS, capitán Jorge Alberto Lagos León, manifestó que desde la Presidencia de la República se dio la orden de adelantar las averiguaciones sobre los presuntos nexos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el empresario Ascencio Reyes, señalado de tener vínculos con actividades relacionadas con el narcotráfico.

Mediante la Operación Paseo, explicó el testigo, se buscó información sobre un viaje que habrían realizado los magistrados a la ciudad de Neiva en el año 2006 por invitación del polémico empresario. “El doctor (Bernardo) Moreno le solicitó a la doctora María del Pilar (Hurtado) averiguar lo relacionado con el vuelo chárter”.

El testigo respondió ante las preguntas de la Fiscalía General que la persona que hizo dicha solicitud se encontraba en la sala de audiencias de la Sala Penal de la Corte Suprema, señalando al exsecretario general de Presidencia, Bernardo Moreno Villegas.

Después de un año de averiguaciones y recolección de información se pudo determinar la participación de un grupo de magistrados junto a sus familiares a dicho viaje. Hecho por el cual se ordenaron buscar las fotos del “jolgorio”.

“Se buscaba establecer si habían viajado los dignatarios de la Rama Judicial (…) Llamó mucha la atención que fueran acompañados por su señoras”, precisó el capitán Lagos al hacer referencia a los hechos que rodearon la primera fase de la Operación Paseo.

En este sentido señaló que se buscaban establecer las relaciones del empresario, quien ya había sido cuestionado en repetidas oportunidades por su presunta relación con los delitos de narcotráfico y lavado de activos con los magistrados y funcionarios de la rama judicial.

“En ese momento no me pareció descabellado, uno de los objetivos de contrainteligencia era verificar la infiltración a agencias del Estado. Eso fue plasmado en el plan de nacional de desarrollo de contrainteligencia plan de seguridad democrática”, precisó.

Las presiones

El testigo manifestó que en diferentes oportunidades recibieron llamados de atención por parte de la entonces directora del organismo de inteligencia, María del Pilar Hurtado por no conseguir resultados en la búsqueda de información.

Lagos narró que la directora del DAS llegaba “muy golpeada” después de sostener reuniones en el Palacio de Nariño. “Yo recuerdo esa época porque fue bastante presión para el DAS, llegaba se ubicaba detrás del escritorio, prendía un cigarrillo, decía que venía muy golpeada y trapeada, y que la trataba muy mal el doctor Bernardo Moreno y el doctor José Obdulio Gaviría por el caso de no conseguir resultados".

Igualmente manifestó que recibió fuertes reclamos por parte del secretario general de la Presidencia y el asesor presidencial por las fotos de la reunión del “agazapo” en Neiva, momento en el cual se les indicó que en el Gobierno si la habían obtenido.

“Ella (María del Pilar Hurtado) me llamó a mí y me dijo: ‘Lagos ¿qué pasó con la información que usted no pudo conseguir?, me dice el doctor Bernardo y el doctor José Obdulio que por qué ellos si pudieron consiguieron esa información".

En este punto, el entonces subdirector de contrainteligencia del DAS le surgieron varias dudas puesto que no entendía la necesidad de entregarle dicha información a esos dos funcionarios, ya que todo el manejo de esos documentos debe cumplir con una serie de requisitos.

En la misma diligencia, el magistrado presidente de la Sala Penal de la Corte, Fernando Castro Caballero, solicitó a la Procuraduría General investigar disciplinariamente al director de la Cárcel La Picota, por los continuos retrasos en el traslado del capitán Jorge Lagos, testigos de la Fiscalía en este proceso.

Estas declaraciones se hicieron en el marco del juicio que se le adelanta a la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado y el exsecretario general de Presidencia, Bernardo Moreno por su presunta participación en los seguimientos e interceptaciones ilegales a un grupo de magistrados, periodistas y defensores de derechos humanos.

Ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el exsubdirector de contrainteligencia del DAS, capitán Jorge Alberto Lagos León, manifestó que desde la Presidencia de la República se dio la orden de adelantar las averiguaciones sobre los presuntos nexos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el empresario Ascencio Reyes, señalado de tener vínculos con actividades relacionadas con el narcotráfico.

Mediante la Operación Paseo, explicó el testigo, se buscó información sobre un viaje que habrían realizado los magistrados a la ciudad de Neiva en el año 2006 por invitación del polémico empresario. “El doctor (Bernardo) Moreno le solicitó a la doctora María del Pilar (Hurtado) averiguar lo relacionado con el vuelo chárter”.

El testigo respondió ante las preguntas de la Fiscalía General que la persona que hizo dicha solicitud se encontraba en la sala de audiencias de la Sala Penal de la Corte Suprema, señalando al exsecretario general de Presidencia, Bernardo Moreno Villegas.

Después de un año de averiguaciones y recolección de información se pudo determinar la participación de un grupo de magistrados junto a sus familiares a dicho viaje. Hecho por el cual se ordenaron buscar las fotos del “jolgorio”.

“Se buscaba establecer si habían viajado los dignatarios de la Rama Judicial (…) Llamó mucha la atención que fueran acompañados por su señoras”, precisó el capitán Lagos al hacer referencia a los hechos que rodearon la primera fase de la Operación Paseo.

En este sentido señaló que se buscaban establecer las relaciones del empresario, quien ya había sido cuestionado en repetidas oportunidades por su presunta relación con los delitos de narcotráfico y lavado de activos con los magistrados y funcionarios de la rama judicial.

“En ese momento no me pareció descabellado, uno de los objetivos de contrainteligencia era verificar la infiltración a agencias del Estado. Eso fue plasmado en el plan de nacional de desarrollo de contrainteligencia plan de seguridad democrática”, precisó.

Las presiones

El testigo manifestó que en diferentes oportunidades recibieron llamados de atención por parte de la entonces directora del organismo de inteligencia, María del Pilar Hurtado por no conseguir resultados en la búsqueda de información.

Lagos narró que la directora del DAS llegaba “muy golpeada” después de sostener reuniones en el Palacio de Nariño. “Yo recuerdo esa época porque fue bastante presión para el DAS, llegaba se ubicaba detrás del escritorio, prendía un cigarrillo, decía que venía muy golpeada y trapeada, y que la trataba muy mal el doctor Bernardo Moreno y el doctor José Obdulio Gaviría por el caso de no conseguir resultados".

Igualmente manifestó que recibió fuertes reclamos por parte del secretario general de la Presidencia y el asesor presidencial por las fotos de la reunión del “agazapo” en Neiva, momento en el cual se les indicó que en el Gobierno si la habían obtenido.

“Ella (María del Pilar Hurtado) me llamó a mí y me dijo: ‘Lagos ¿qué pasó con la información que usted no pudo conseguir?, me dice el doctor Bernardo y el doctor José Obdulio que por qué ellos si pudieron consiguieron esa información".

En este punto, el entonces subdirector de contrainteligencia del DAS le surgieron varias dudas puesto que no entendía la necesidad de entregarle dicha información a esos dos funcionarios, ya que todo el manejo de esos documentos debe cumplir con una serie de requisitos.

En la misma diligencia, el magistrado presidente de la Sala Penal de la Corte, Fernando Castro Caballero, solicitó a la Procuraduría General investigar disciplinariamente al director de la Cárcel La Picota, por los continuos retrasos en el traslado del capitán Jorge Lagos, testigos de la Fiscalía en este proceso.

Estas declaraciones se hicieron en el marco del juicio que se le adelanta a la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado y el exsecretario general de Presidencia, Bernardo Moreno por su presunta participación en los seguimientos e interceptaciones ilegales a un grupo de magistrados, periodistas y defensores de derechos humanos.