Bienes del narcotraficante Evaristo Porras Ardila y sus socios, avaluados en más de 5.000 millones de pesos, fueron sometidos a extinción de dominio por parte del Juzgado Tercero Penal Especializado de Descongestión de Bogotá.
Se trata de 11 inmuebles en Leticia, Amazonas; tres sociedades comerciales; tres embarcaciones y otro predio en Bogotá, que fueron sometidos a transacciones efectuadas por él y varios de sus familiares y allegados.
Según el concepto Tribunal Nacional en 1994, para eludir los controles fiscales que pusieran en evidencia la procedencia ilícita de sus caudalosos bienes, el líder mafioso se hizo al premio gordo de la lotería en 1981 y 1983, que obtuvo tras la compra del billete a sus genuinos ganadores.
Esta conclusión se deriva de un informe publicado en 2008 por la Unidad de Información y Análisis Financiero, Uiaf, en el que se explica esta modalidad de lavado, que terminaba en la compra de bienes que, generalmente, eran enajenados rápidamente, como lo hizo Porras con el Hotel Villa Vista, de San Andrés Islas, que vendió en el mismo año en el que lo adquirió.
Además de sus relaciones con los carteles de Cali y Medellín, Porras construyó un nexo con el Frente 55 de las Farc, que derivó de un acuerdo pactado con los insurgentes para entregarles mensualmente una cantidad de armamento, alimentos, equipos electrónicos y 30 millones de pesos en efectivo, como la ganancia de su actividad narcotraficante que se extendía hacia el Perú y Brasil.
En suelo inca, el capo fue apoderado por Vladimiro Montesinos, asesor del ex presidente peruano, Alberto Fujimori, ambos capturados y condenados por la Justicia de ese Estado suramericano.
Se dice de Montesinos, recordado en Colombia por haber suministrado armas a las Farc, que fue el principal gestor de la fuga del capo, cuando fue recluido en un hospital de El Callao, en calidad de detenido.
El protuberante historial delictivo de Evaristo Porras comenzó con su participación en el traslado de 60 kilos de cocaína al Perú en 1978, hecho que motivó el requerimiento de extradición de las autoridades de ese país en 1990. Como respuesta, la Corte Suprema de Justicia conceptuó desfavorablemente la solicitud, tras hallar irregularidades en la resolución de acusación, fechada en octubre 31 de 1978.
Aunque las autoridades peruanas ya estaban tras su caza desde 1979, sólo en 1992 la Dirección de Policía Antinarcóticos empezó a seguirle la pista, hasta reconocerlo como uno de los más grandes traficantes de estupefacientes del país.
Un informe de las Fuerzas Militares colombianas del 20 de diciembre de 1995 dejó al descubierto la actividad delictiva que ejercía Porras desde 1978, cuando fue detenido en Lima, Perú, junto a seis colombianos más, en posesión de cerca de 30 kilos de pasta básica de coca.
El documento también pone de manifiesto que esta aprehensión fue el preludio de sucesivas órdenes de captura emitidas por autoridades incas, como el Sexto Tribunal Correccional de Lima, en 1984, y el Segundo Juzgado Penal de Maynas, en 1994.
Así mismo, se puso al descubierto que Evaristo Porras había sido detenido en el vecino país en más de una ocasión por su activo ejercicio en el tráfico de estupefacientes, tanto así que el diario limeño El Comercio publicó su foto en la edición del 3 de octubre de 1989, presentándolo como un líder narcotraficante que acababa de ser repatriado del Ecuador.
Fue entonces cuando empezó a crecer la certeza entre las autoridades de que se trataba de un poderoso capo que controlaba el tráfico de narcóticos en el Amazonas y sus alrededores.
En 2006, el Juzgado Tercero Penal Especializado de Bogotá condenó al narcotraficante a cinco años de prisión y al pago de más de 850 millones de pesos, como culpable de enriquecimiento ilícito, decisión que fue ratificada en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá y, finalmente, por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema.
Cuatro años atrás, la misma Sala había confirmado la decisión del Tribunal Nacional, que lo había encontrado culpable de narcotráfico, pero que había anulado la condena por el cargo de rebelión, que también integraba la sentencia del juez de primera instancia, un Juzgado Regional de Bogotá, que emitió el fallo en 1997.
El condenado es hermano de Iván Porras Ardila, quien fue diputado del Amazonas en 1992 y presidente de la Asamblea Departamental hasta 1994, y también resultó afectado, en menor grado, por le medida de extinción de dominio aplicada por la Justicia.
El dirigente dijo no haber recurrido a auxilios financieros de Evaristo ni haberle prestado su nombre para figurar como propietario de sus bienes, aún cuando figura como titular de dos de ellos, incluyendo un crédito hipotecario.
No obstante, el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, CTI, estableció que Iván Porras llegó a tener incrementos patrimoniales sin justificar durante diez períodos, entre 1984 y 1998, que suman más de 406.000 millones de pesos.
En 1978, al lado de su otro hermano, Henry, administró un establecimiento público denominado "Bodegas El Triunfo", una firma comercial de su propiedad, dedicada a la distribución de pescado y víveres desde Leticia, en el cual fue hallada una maleta con cocaína que llevó al último de ellos a prisión.
Por Giovanni González Arango
