El pasado jueves 5 de septiembre, la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a siete exintegrantes del antiguo Bloque Noroccidental de las Farc por crímenes de guerra relacionados con tomas de rehenes, privaciones de la libertad, tortura, desaparición forzada, tratos crueles e inhumanos. Ante esa decisión, los miembros del bloque emitieron una comunicación en la que señalan que analizarán los hechos de la imputación y manifiestan algunas preocupaciones.
El comunicado, firmado por los siete firmantes de paz del extinto Bloque Noroccidental, indica que, con la ayuda de su equipo de defensa, los imputados realizarán un “estudio jurídico” de las imputaciones que realizó la Sala, “para dar respuesta a las mismas en el término establecido; por supuesto, apoyados en las versiones y aportes voluntarios de verdad amplia y exhaustiva que hemos ofrecido en diferentes audiencias, como parte de nuestro irrenunciable compromiso con el Acuerdo Final de Paz donde la centralidad son las víctimas, asegurando así, nuestra comparecencia efectiva basada en el respeto a los afectados del conflicto social y armado y donde, en igual modo esperamos que se materialicen nuestras garantías, derechos procesales y constitucionales”.
Así mismo, los firmantes señalan una preocupación que, a su juicio, se produjo durante la rueda de prensa que anunció la imputación de los siete excombatientes. Según el comunicado, durante ese espacio, se “expuso innecesariamente a varios firmantes y comparecientes que no fueron imputados”, lo que podría generar a futuro “nuevas situaciones de amenazas y persecuciones por parte de diferentes actores armados ilegales”. Bajo ese argumento, los siete imputados solicitaron tanto a la JEP como a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que se brinden garantías para su seguridad y protección. “(...) a la fecha, han sido asesinados 434 firmantes en proceso de reincorporación”, añaden.
El Bloque Noroccidental, según los registros de la JEP, se convirtió en la segunda estructura guerrillera que más secuestros perpetró en el país, después del Bloque Oriental. Durante el conflicto, operaron en Antioquia, norte del Chocó, el sur de Córdoba, Caldas y Risaralda. Además, entre sus filas, llegaron a tener una suma de 3.145 combatientes y 923 milicianos. Un total de 314 personas fueron víctimas de secuestro, presuntamente, bajo el liderazgo de estos siete comparecientes. De ese número, 142 son víctimas directas, 147 son familiares y allegados de los secuestrados y 25 más son familiares de víctimas asesinadas o dadas por desaparecidas después de haber estado cautivas.
Para llegar a esta imputación, la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción revisó informes, escuchó versiones voluntarias de 40 comparecientes; a 211 víctimas a través de sus abogados y, de forma directa, a 91 víctimas que tenían observaciones a las versiones voluntarias, y memoriales escritos. “Después de contrastar toda la información, la Sala seleccionó a estos siete antiguos comandantes de Frentes del Bloque Noroccidental como los máximos responsables de los secuestros de la región”, determinó la JEP.
Los siete imputados por la Sala de Reconocimiento
Luis Óscar Úsuga (alias Isaías Trujillo o el Viejo) fue comandante del frente 34 del Bloque Noroccidental, entre 1987 y 2008. Fue integrante del Estado Mayor del Bloque Noroccidental desde 1993. A partir del 2008 comandó todo el bloque. Operó en el centro de Antioquia, en municipios como Caicedo y Dabeiba.
Jesús Mario Arenas (alias Marcos Urbano): Fue comandante del frente Urbano Jacobo Arenas entre 1993 y 2006. Integró el Estado Mayor del Bloque Noroccidental, desde 1993 hasta 2006. Entre 1998 y 2006, fue el coordinador de los frentes ubicados en Medellín y el Oriente antioqueño, con una agrupación conocida como el “bloquecito”.
Rodolfo Ruíz Restrepo (alias Víctor Tirado): Fue comandante del frente 57 entre 1993 y 1998. Fue integrante del Estado Mayor del bloque, entre 1993 y 2000. Operó Gran Urabá y Córdoba.
Martín Cruz Vega (alias Rubín Morro): Fue comandante del frente Aurelio Rodríguez entre 2000 y 2014. Fue integrante del Estado Mayor del Bloque, entre 2003 y 2014. Ejerció como segundo al mando del frente 5º, entre 1996 y el año 2000. Operó Gran Urabá y Córdoba y en el Suroriente de Chocó, occidente de Caldas y Risaralda.
Ovidio Antonio Mesa Ospina (alias Anderson o Carranza): Fue comandante del frente 36, entre el 2003 y 2017. Comandante del Frente Aurelio Rodríguez, entre 1997 y 2000 y segundo de este mismo frente, entre 2000 y 2003. Además, fue suplente del Estado Mayor del bloque, entre 2000 y 2017. Operó en Chocó, occidente de Caldas y Risaralda. También en Norte, Nordeste y Bajo Cauca antioqueños.
Pedro Baracutao: Fue comandante del frente 34, entre 2008 y 2017. También, integró el Estado Mayor del Bloque, entre 2014 y 2017. Operó en el centro suroccidente de Antioquia. Fue elegido para el periodo 2022-2026 por el Partido Comunes.
Jhoverman Sánchez Arroyave (Rubén Cano o Manteco): Fue comandante del frente 58 desde 1998 hasta el 2017. Así mismo, fue suplente del Estado Mayor del Bloque Noroccidental, entre 2003 y 2017. Operó en el Gran Urabá y Córdoba.
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