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Diez periodistas de diferentes países que se aliaron con el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) - que usted dirige -, armaron un reportaje con datos precisos sobre los bombardeos de Estados Unidos a lanchas en el Caribe y Pacífico. Se sabe que el gobierno Trump no reconoce leyes internacionales ni revela sus planes. Entonces, ¿cómo consiguieron cifras tan puntuales sobre resultados de esas operaciones como, por ejemplo, “casi 200 bombardeos, 58 embarcaciones explotadas y 179 personas muertas”?
Esas cifras puntuales resultaron de la base de datos que armamos con registros desde el 2 de septiembre de 2025 cuando empezaron los bombardeos, hasta el 5 de mayo pasado, fecha en que cerramos este trabajo. El número de lanchas explotadas fue tomado de los propios anuncios del gobierno de Estados Unidos (58). La cuenta de 179 personas muertas corresponde a la cifra oficial de 177, más dos náufragos que fueron rescatados en la costa Pacífica de Costa Rica y que el gobierno estadounidense había dado como sobrevivientes, pero quienes, en realidad, murieron antes de llegar a tierra, según pudimos constatar con fuentes costarricenses.
Ha sido muy difícil para medios y periodistas de los países involucrados, verificar las identidades de los ocupantes de las lanchas, pues, el Departamento de Defensa del gobierno Trump se ha limitado a revelar los videos del momento en que explotan las lanchas y a dar números de muertos. Por eso, uno de los aspectos más valiosos de la investigación del CLIP, es que ustedes humanizan el relato poniéndole rostro e historia personal a 16 hombres, junto con sus fotografías, lugares de vivienda, familiares, etc. ¿Cuál método utilizaron para individualizar a las víctimas?
Nosotros juntamos los nombres que ya habían sido verificados por gobiernos o prensa. Para esta investigación, los colegas de la Alianza Rebelde (de los medios El Pitazo, Runrunes, Tal Cual) de Venezuela, pudieron verificar otros nombres con familiares en Güiria, Sucre (Ven.); el medio colombiano 360 identificó otros, con fuentes en Guajira; otros más se conocieron en redes sociales y constatamos su veracidad con los autores de los mensajes. En total, tenemos 16 identificados con nombre; de uno, solo supimos el apodo; de otros dos, la nacionalidad; y sobre otros tres: un dominicano, un guajiro y Robert Palmar, sabemos que salieron en lanchas y sus familias los buscan, pero aún no están seguros de que cayeran en los ataques estadounidenses.
¿Cuántos, entre los identificados, siguen desaparecidos y cuántos sobrevivieron?
Hubo tres sobrevivientes: el ecuatoriano Andrés Tufiño y los colombianos Jonathan Obando y José David Torres. Las autoridades de Estados Unidos han informado de 12 desaparecidos, es decir, de personas que supuestamente sobrevivieron al bombardeo pero que no fueron rescatadas. Obviamente, no dicen sus nombres. En suma, sobre la gran mayoría de los ocupantes de las lanchas, no conocemos su identidad.
Con indagaciones mayores o con el paso del tiempo, ¿será posible identificar a las aproximadamente 150 personas restantes que pudieron morir en esos ataques o cree usted que, dado el secretismo estadounidense, terminaran en una cifra de “desaparecidos”?
Va a ser imposible identificarlos a todos. Pero creo que, si las personas de esas costas se animan a contar, a denunciar que perdieron a un familiar o a un amigo; si las fiscalías y los médicos forenses intentan identificar los restos de quienes han llegado hasta ellos; y los gobiernos, por lo menos revelan las coordenadas en donde cayeron, se podrán identificar más personas. En esta alianza periodística con el CLIP, estamos atentos a recibir más pistas para investigar. (Si hay información sobre otras personas que hayan caído en los bombardeos, favor escribir a: investigaciones@elclip.org o info@elclip.org).
¿De cuáles nacionalidades eran los identificados? ¿Venían de situaciones socio-económicas similares y de historias personales de privaciones? Es decir, la gente que ha caído en los bombardeos, ¿es humilde y sin recursos o hay impactos entre los grandes capos del narcotráfico?
Encontramos dominicanos, ecuatorianos, colombianos, trinitenses, santalucenses. Entre las historias que reconstruimos, todos vienen de pueblos muy pobres en donde no hay trabajo y sus familias viven en casas humildes o no tienen casa. Un lanchero guajiro que conoce, dijo que ninguno es dueño de droga, a veces ni de lanchas. Solo los contratan por el viaje. Como dijo la esposa de un hombre muerto en un bombardeo: “Donald Trump no se puso a pensar: está matando a un padre de familia; y no sabe por qué este hombre se montó en ese bote”.
Se sabe, por los cambios drásticos en su cotidianidad, que los pescadores tradicionales y, con mayor razón, los familiares de los muertos, se han abstenido o han limitado sus salidas al mar porque tienen miedo de que los confundan con narcotraficantes. Tampoco acceden a hablar con periodistas. ¿Qué hicieron los reporteros para vencer el temor de los parientes y amigos de las víctimas?
Algunos de los aliados de esta investigación colaborativa han construido confianza con comunidades en esas costas. A la gente sí le daba miedo hablar porque muchos habitantes están advertidos por los criminales de su región y temen represalias. A otros familiares, que conocían que su hijo o esposo estaba transportando droga ilegal, les da vergüenza y callan. Organizaciones afro e indígenas, en el Pacífico colombiano, y también sacerdotes, le contaron a Verdad Abierta (medio digital de periodismo de investigación) sobre el impacto que tuvo el bombardeo en esa región: pescadores que no salieron al principio por temor, o pueblos que se quedaron sin con qué comer.
¿Estados Unidos, iniciador de la estrategia de bombardear sin procesos ni juicios previos, ¿no ha abierto, que ustedes sepan, ninguna investigación judicial respecto de estos casos o en contra de algunos sobrevivientes?
Sabemos por una publicación de Bloomberg de hace unos días, que el controlador interno del Pentágono va a investigar si los golpes a las lanchas de la Operación Southern Spear cumplieron con directrices internas para este tipo de operaciones. Por otro lado, congresistas demócratas han realizado varios debates para preguntarle al gobierno Trump por la legalidad de esta campaña de bombardeos. Que sepamos, la justicia estadounidense no ha iniciado ninguna investigación contra los sobrevivientes, sino que se los entregaron a la justicia de Ecuador y de Colombia. Como se divulgó, los fiscales los dejaron ir por falta de pruebas. Dos familias de bombardeados de Trinidad y Tobago interpusieron una demanda en una corte federal: apelaron a la ley del almirantazgo para solicitar compensación de daños por muertes por negligencia. Y también invocaron la prohibición de cometer ejecuciones extrajudiciales.
¿Usted cree que el hecho de que algunos de los ocupantes de las embarcaciones bombardeadas sí tuvieran antecedentes penales, demuestra que explotar lanchas en el marco de su “lucha contra el narcotráfico”, le da la razón a la administración Trump?
El propio gobierno Trump les reconoció a congresistas que no conocía la identidad de las personas a bordo de las lanchas bombardeadas, reportó la prensa. Entonces, no podía saber si tenían antecedentes o no. El Comando Sur explicó que, por información de inteligencia, sabían que las lanchas llevaban drogas ilegales y las atacaron para proteger a sus ciudadanos. Varias fuentes que consultamos, aseguraron que esa justificación no es legalmente sostenible y consideran que tales actos constituyen ejecuciones extrajudiciales. Aunque las lanchas sí llevaran la cocaína –y hay dudas de que todas la transportaran, como dije antes – los delincuentes tenían derecho al debido proceso y a defenderse ante la justicia.
En todo caso, la opacidad en las informaciones oficiales es notable. ¿Ustedes encontraron, o les proporcionaron, datos sobre resultados totales en cuanto a cantidades de droga destruida o incautada, reducción comprobada de las actividades de narcotráfico en el área u organizaciones “narcoterroristas” desmanteladas?
El Comando Sur no nos dio información sobre la cocaína incautada o destruida en estos bombardeos cuando se la pedimos. Tampoco se la ha dado a alguien más. El almirante Nathan Moore, del Guardacostas de Área Atlántica de Estados Unidos, defensor de usar todos los métodos incluidos los bombardeos, reconoció, en noviembre de 2025, que no han visto ninguna diferencia notable en el flujo de cocaína. Funcionarios de otros gobiernos, como México o Ecuador que realizaron rescates de restos que quedaron de bombardeos, han revelado poco. En Colombia solo se sabe lo que dijo públicamente el presidente Petro. Pero, en general, obtuvimos respuestas parcas a las peticiones que hicimos.
¿Por cuánto tiempo y en cuántos países hicieron reportería directa en el terreno de los hechos, con búsqueda documental o con la ayuda de otras herramientas?
Esta investigación empezó en diciembre pasado. Colaboramos con siete medios de prensa de Colombia, Venezuela y de Trinidad y Tobago, además de periodistas freelance (independientes) en Ecuador, México, Costa Rica y República Dominicana. También tuvimos el apoyo técnico de la organización británica Airwars (centro de investigación que documenta impactos de guerra aérea y daños a civiles). Algunos reportaron, desde el terreno, en Sucre, Venezuela, y, otros, en La Guajira y Tumaco, Colombia. Enviamos decenas de peticiones de información a varios países, revisamos redes sociales y prensa en diversos idiomas y hablamos con expertos y funcionarios públicos. Además, usamos herramientas digitales de búsqueda de barcos, como Global Fishing Watch.
Con el uso de esa herramienta, ¿cuáles hallazgos obtuvieron sobre barcos y cercanía de estos con las lanchas bombardeadas? Las naves grandes que ubicaron en el área, ¿también fueron consideradas sospechosas de transportar droga?
Esa herramienta no sirve específicamente para ubicar las lanchas “go-fast” porque, por lo general, ellas no tienen el sistema de seguimiento automático (AIS) que sí llevan los barcos más grandes, que transmiten una señal que permite ubicarlos. Con esa herramienta y otras parecidas pudimos situar otros barcos que llevaban droga y que pasaron por los mismos mares y en el mismo período de los bombardeos. Solo que a estos no los hicieron explotar sino que fueron abordados por autoridades de diversos países, con inteligencia estadounidense, como suelen hacerlo tradicionalmente en esos operativos: les incautaron la cocaína y detuvieron a los tripulantes.
Si se compara el plan estadounidense de bombardear lanchas con seres humanos en ellas, con la estrategia multinacional o binacional de operar conjuntamente en la interceptación de embarcaciones con su abordaje, incautación de cargamentos de droga y detención de los involucrados, ¿cuál ha demostrado ser más eficiente en el combate al narcotráfico, según su investigación?
Hicimos un rastreo de incautaciones regulares de cocaína por seis meses desde que comenzaron los ataques. En acciones conjuntas, la DEA y la Fuerza de Tarea Interadministrativa del Sur, bajo la dirección del Comando Sur, y países de América Latina y Europa contra varias embarcaciones en el Atlántico y Pacífico, se incautaron 140 toneladas de cocaína y se detuvo a 160 tripulantes vivos. Barcos que pasaron en el mismo período y en lugar cercano a las lanchas explotadas, no fueron atacados. Mientras tanto, en los bombardeos hubo cero detenidos, y cero cocaína incautada. Al Comando Sur le preguntamos ¿por qué atacaron unos barcos y otros no? Sólo nos respondieron que sus operaciones son legales.
Entonces, ¿cuáles pueden ser las razones de fondo que – según su análisis -, tiene el gobierno Trump para atacar a sangre y fuego, lanchas que circulan en los mares de Centro y Suramérica?
Analistas que consultamos nos dijeron que la explicación estaba en que el gobierno Trump quiere dar la sensación de mayor eficacia frente al viejo problema del narcotráfico, contra el cual Estados Unidos lleva luchando más de medio siglo sin poder resolverlo. De otro lado, también puede contar que así despliega su poderío y proyecta la idea de que su guerra contra las organizaciones terroristas va en serio, como si con cada bomba matara a un Pablo Escobar o a un Chapo Guzmán. La realidad que encontramos es que mueren hombres pobres que son fácilmente reemplazables por otros mientras los narcos siguen con su negocio intacto.
En su opinión – y se lo pregunto como periodista de gran experiencia en cubrimientos informativos que es usted -, esta ola de bombardeos en los mares americanos ¿permanecerá como método de lucha contra el narcotráfico o desaparecerá de manera tan rápida como apareció?
No sé, Cecilia. Está de moda la crueldad y la gente aplaude estos despliegues desproporcionados de fuerza. Espero que se den cuenta, pronto, de que estos ataques no atajan la droga y que, en realidad, dejan a Estados Unidos más desprotegido frente al crimen, porque no conducen a capturar a los grandes narcos y, en cambio, sí han fragmentado la cooperación internacional contra el delito. Europa y el Reino Unido han dicho que no compartirán con los estadounidenses inteligencia que se vaya a usar para esos ataques. Es lo más trágico después de todas estas muertes.
Este trabajo y otros del CLIP, son poco usuales con la crisis financiera y de credibilidad del periodismo continental. ¿Cómo se sostienen ustedes? Y, cuáles otras investigaciones de la dimensión de la que comentamos aquí, han publicado?
El CLIP está integrado por un equipo muy apasionado, que suma esfuerzos del periodismo investigativo de la región, para hacer que quienes abusen de su poder les rindan cuentas a los ciudadanos. Nuestra organización se sostiene, en mayor medida, con donaciones de la filantropía internacional y, en menor proporción, con recursos que ganamos con talleres que dictamos, con la venta de herramientas tecnológicas y con asesorías digitales. Algunas de nuestras investigaciones que han tenido impacto son Mercenarios Digitales, El Negocio de la Represión, Carbono Opaco, El Otro Río de la Plata. Con Trailers, trampa para migrantes que realizamos con Telemundo, ganamos el premio Global Shinning Light Award el año pasado (galardón patrocinado por la Red Global de Periodismo de Investigación), a uno de los mejores trabajos investigativos en el mundo.
Una alianza periodística poderosa
¿Cuál es el eje de acción del Centro Latinoamericano de Investigación de Periodismo, (CLIP)? ¿Periodistas de cuántas nacionalidades trabajan para esta alianza y cuándo se fundó?
El CLIP lidera y participa en investigaciones transfronterizas y colaborativas: en cada investigación, articula a los aliados, brinda guía editorial, poder investigativo, herramientas y procesamiento de datos; respalda la producción y distribución. Los abogados colombianos de El 20 hacen la revisión legal de nuestras historias. Hemos realizado unas 48 investigaciones con casi 150 medios aliados y organizaciones especialistas de América Latina y de otros países. Nacimos en Costa Rica, en agosto de 2019, de la mano de Emiliana García (investigadora y productora argentina), Giannina Segnini (costarricense, de investigación), Andrés Bermúdez Liévano (colombiano, experto en temas de conflicto, paz y medio ambiente), Marina Walker-Guevara (investigadora argentina, Premio Pulitzer) Rigoberto Carvajal (tecnología de bases de datos y coautor de los Panama Papers), Natalia Viana (periodista investigadora brasileña) y la mía (María Teresa Ronderos, investigadora de Colombia y directora del CLIP).
* (La dirección del CLIP: es www.elclip.org. La URL de la investigación es https://www.elclip.org/los-bombardeados-sin-derecho-a-la-defensa/)
