Los exministros de Hacienda e Interior, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, son ahora los primeros exjefes de cartera del gobierno del presidente Gustavo Petro en ser llamados a juicio por su presunta participación en el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y el Instituto Nacional de Vías (Invías).
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La Fiscalía acusó a los exfuncionarios ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, por su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos. Al parecer, habrían intentado comprar al Congreso con coimas por COP 612.000 millones.
La diligencia, que se adelantó ante el despacho del magistrado Jorge Emilio Caldas Vera, inició en la mañana del miércoles 29 de abril y se extendió hasta pasado el mediodía del jueves. Durante dos jornadas, los delegados de la Fiscalía sustentaron, en contravía de los argumentos de los exministros y de sus abogados, cómo entre mayo de 2023 y febrero de 2024, al parecer, funcionó la “empresa criminal” de la que habrían hecho parte.
Su objetivo, según los investigadores del búnker, habría sido comprometer la voluntad de los congresistas de las comisiones Primera, Tercera, Cuarta y Séptima del Senado, y de la Tercera y Cuarta de la Cámara de Representantes y la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP).
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El escrito de acusación en contra de Bonilla y Velasco, conocido por El Espectador, muestra cómo Andrea Ramírez, exasesora del Ministerio de Hacienda, antes de salir a una licencia de maternidad, le habría dicho a la funcionaria María Alejandra Benavides “que para mantener la gobernabilidad era necesario direccionar a favor de congresistas proyectos para las regiones que se denominaban ‘cupos indicativos’, que eran autorizados por el ministro Ricardo Bonilla”.
De ese modo, según la Fiscalía, se habrían direccionado “74 proyectos radicados en el Invías por COP 571.701 millones y cinco proyectos en la Ungrd por COP 40.536 millones para un total de COP 612.237 millones, de los cuales se concertaron siete proyectos”.
Sobre Velasco, la Fiscalía expuso que le habría ordenado en junio de 2023 a Olmedo López, exdirector de la Ungrd y hoy en la cárcel por este caso, asistir a un debate de la Comisión Séptima del Senado “con el fin de entregar contratos a ciertos parlamentarios para seguir ampliando las mayorías”. El objetivo, según el investigador, era destrabar los proyectos del Ejecutivo que estaban varados en el Congreso, como las reformas pensional, a la salud y varios créditos para la Nación.
Los parlamentarios que al parecer estarían involucrados son Martha Peralta, Berenice Bedoya, Julio Elías Chagüi, Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo, Julián Peinado y el excongresista Juan Diego Muñoz. También Wadith Manzur, Karen Manrique, Iván Name y Andrés Calle, estos últimos hoy tras las rejas.
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“Lideraron, promovieron, dirigieron y encabezaron la organización criminal; impulsaron el desarrollo de la empresa delictiva, dando órdenes, coordinaron reuniones y supervisando las gestiones ilícitas de los trámites necesarios al interior del Invías y de la Ungrd, con el fin de cumplir con los compromisos delictivos previamente adquiridos con los congresistas”, dice la acusación en contra de los exministros.
Y agrega: “Se concertaron entre sí y con otras personas conocidas y desconocidas, para cometer delitos contra la administración pública, con el fin de asegurar las mayorías parlamentarias que les permitieran la aprobación de proyectos de ley del Gobierno Nacional y la tramitación exitosa de créditos de la Nación”.
Bonilla y Velasco, que desde que estalló el escándalo de presunta corrupción han defendido su inocencia, intervinieron también durante la audiencia para argumentar, entre otras cosas, que no tenían el rol de ordenadores del gasto en la Ungrd y en el Invías, y que algunos de los proyectos fueron pactados y celebrados antes de que ellos fueran ministros. Bonilla, por un lado, cuestionó el conocimiento de la Fiscalía sobre la forma en la que funcionan las discusiones económicas entre el Ejecutivo y el Legislativo.
“Nunca han examinado cómo es el procedimiento de discusión del Presupuesto General de la Nación, cómo los congresistas hacen proposiciones, unas públicas y otras no tan públicas, pero todas terminan apareciendo”, expresó Bonilla.
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Sobre María Alejandra Benavides, testigo clave del caso, Bonilla agregó que ha entregado “información imprecisa” a la justicia, lo que ha hecho creer que los exministros incurrieron en los delitos que siempre han negado. Por su parte, Velasco señaló que la Fiscalía ha sido incoherente entre la imputación y la acusación.
Según él, ha modificado algunos hechos de la investigación y no ha indagado lo suficiente a Olmedo López con un solo objetivo: “Que no se caiga uno de sus testigos”. Agrego: “Es una acusación construida sobre generalidades, sobre supuestos que nunca se concretan. Uno no puede defenderse de insinuaciones que no aterricen en cosas reales. No acepto cargos ni tengo nada qué negociar con la Fiscalía”.
Aunque los abogados de Bonilla y Velaso le pidieron a la Fiscalía ajustar el escrito de acusación para corregir “errores e incongruencias”, el fiscal Gabriel Fernando Sandoval sostuvo que la información que ha presentado ha sido clara y que los hechos siempre han sido los mismos.
Después de dos días de una audiencia con prolongadas suspensiones en las que la Sala discutió cosas como el reconocimiento de la Ungrd, el Invías y la Contraloría como presuntas víctimas, los exministros quedaron formalmente acusados. Ahora sigue el juicio en su contra, que es solo un capítulo de este caso que incluye a congresistas presos, exfuncionarios prófugos y miles de folios por resolver sobre presuntos desvíos millonarios de dineros del Estado.
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Por Gustavo Montes Arias
