Buenaventura, con 320.000 habitantes, es el principal puerto colombiano en el Pacífico, y por allí pasa el 40% del comercio internacional del país. Además es una codiciada ruta del narcotráfico hacia Centroamérica y México.
Barrio por barrio, Shottas y Espartanos van ganando terreno a balazos. Datos recopilados por la Fundación Pares indican que casi un 40% de las 576 personas asesinadas entre 2017 y 2021 tenían entre 14 y 28 años.
El año pasado también se denunciaron 50 casos de desaparición forzada, el doble que en 2020. Algunos bares, marisquerías y un parque de diversiones frente al mar le dan una apariencia de normalidad. Pero caída la tarde los comercios cierran y las calles se vacían.
Existen “fronteras invisibles” que Shottas y Espartanos han trazado, con una advertencia de muerte para quien las cruce. Ambas bandas han desarrollado identidades culturales con propias canciones, códigos y mártires.
Los primeros prestan sus servicios a una disidencia de las FARC, la guerrilla que firmó la paz en 2016, mientras sus enemigos trabajan para el Clan del Golfo, la mayor organización de narcotráfico del país.
Militares y policías patrullan día y noche. Pero hay una extensa red de vigilantes conocidos como “moscas” que les advierten a los delincuentes de su presencia. Los pobladores perciben que los dos grupos son más fuertes que el Estado.
El 6 de septiembre, el presidente Gustavo Petro lanzó en Buenaventura su programa de “paz total”, a través del cual busca extinguir el último conflicto armado interno del continente. Petro se propone negociar la paz con el Ejército de Liberación Nacional, la última guerrilla reconocida en Colombia, y al mismo tiempo otorgar beneficios penales a los narcos a cambio de que renuncien a su actividad. El mandatario reveló que Shottas y Espartanos manifestaron por escrito su “voluntad de negociar (...) y someterse a la justicia”.
