Cae red dedicada a la venta de pensiones falsas

Son cerca de 100 los afectados por esta red de falsos abogados. / Archivo El Espectador.

En las últimas horas fueron capturados Amanda Almonacid Gómez, Francisco Jair Martínez, Néstor Raúl Romero y Jeferson Stiven Reyes, sindicados de montar una oficina de abogados, sin título profesional, para vender pensiones falsas. Los capturados habrían estafado a cerca de 100 personas que necesitaban adelantar trámites ante Colpensiones y deberán responder por el delito de estafa agravada, fraude procesal, falsedad en documento privado y concierto para delinquir.

“Los presuntos estafadores llegaban al sitio de trabajo de sus víctimas o las contactaban vía telefónica para encontrarse con ellas en un sitio público y ofrecerles sus servicios. Una vez las convencían, atendían solicitudes para traslado de los fondos privados a Colpensiones, y les ofrecían la posibilidad de beneficiarse con el régimen de prima media sin el cumplimiento de los requisitos legales; entre otras cosas, porque estaban a menos de 10 años de lograr la pensión, por lo que era improcedente el traslado”, señaló la vicefiscal María Paulina Riveros.

Por estos trámites fraudulentos, los supuestos abogados cobraban entre $10 y $15 millones, con lo que habrían logrado apoderarse de más de $800 millones. “Los supuestos abogados radicaban documentos falsos ante Colpensiones, entidad que detectó la irregularidad y negó las solicitudes presentadas; sin embargo, lograron mantener engañados a los clientes y jamás les devolvieron el dinero”, agregó Riveros.

Frente a esta estafa, Colpensiones hizo la correspondiente denuncia ante la Fiscalía, por lo que se adelantaron las respectivas investigaciones y se dio con la captura de los cuatro falsos abogados. Estas personas habrían operado en ek Valle del Cauca, especialmente en Palmira, Santander, Antioquia y el Eje Cafetero.

En el listado de personas estafadas se encuentra la actual ministra de Trabajo, Griselda Restrepo, que habría recurrido al servicio cuando se desempeñaba como superintendente de Subsidio Familiar. El Espectador intentó comunicarse con ella: su oficina de prensa indicó que no se iba prenunciar, pero informó que fue la misma funcionaria la que puso la denuncia.

Al final de la tarde, el juez que legalizó las capturas de los cuatro investigados determinó que ellos debían seguir detenidos mientras la investigación continuaba. Ninguno de los señalados aceptó cargos.

Nota de la Editora: este artículo fue actualizado luego de que se conociera que a las cuatro personas investigadas les dictaron medida de aseguramiento.