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El abogado Hugo Quintero, quien defiende los intereses de un grupo de víctimas de las denominadas ‘chuzadas’, aseguró que se estudiará la presentación de un recurso para garantizar el regreso de la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado para que enfrente en Colombia el juicio que se le adelanta por las denominadas ‘chuzadas’.
El jurista manifestó que no se puede hablar de deportación en este caso puesto que la exdirectora del organismo de seguridad ingresó legalmente a Panamá, hecho por el cual no le aplica esta figura que solamente hace referencia a “la expulsión de un territorio nacional cuando esa persona ha entrado ilegalmente”.
En este sentido aseguró igualmente que el Gobierno panameño fue el que le otorgó el asilo territorial el cual la protegía “de la petición de extradición (…) Caído el asilo no significa que tenga que irse del territorio panameño ni que la expulsen”.
Para Quintero, la procesada tiene su pasaporte colombiano hecho por el cual tiene una legalidad para seguir allá ya que Panamá no les exige visa a los colombianos. “Ella se puede estar en Panamá si quiere porque igualmente el Gobierno la puede invitar a abandonar el territorio nacional”.
El abogado de las víctimas calificó esta decisión como “irrelevante” ya que el juicio en su contra en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se ha adelantado dos años y medio sin su presencia ya que ella manifestó por medio de su defensa que no tenía ningún interés de hacerse presente en el proceso penal.
“El hecho que el asilo se le haya caído no la pone automáticamente en manos de la justicia colombiana, sino que tiene que reactivarse la petición de extradición, para que eventualmente la puedan capturar y la puedan poner a disposición de la república de Colombia, y a disposición de la Corte Suprema de Justicia”, explicó.
Finalmente manifestó que solamente se presentará un recurso ante una eventual condena con el fin de que cumpla su pena. Hurtado, quien se encuentra asilada en Panamá desde noviembre de 2010, es procesada por haber ordenado seguimientos e interceptaciones ilegales a magistrados de las altas cortes, defensores de derechos humanos, periodistas y políticos de oposición del Gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
Por El Espectador
