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Cámara de Representantes no tendrá oficina de control disciplinario interno

Así lo decidió la Corte Constitucional, luego de tumbar el artículo 340 del nuevo Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Gustavo Petro. Estas son las otras dependencias que perdieron autorización.

Redacción Judicial

06 de septiembre de 2024 - 08:31 a. m.
Elección de la nueva Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, en la Cámara de Representantes.
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos
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La Corte Constitucional le tumbó el artículo 340 al nuevo Plan Nacional de de Desarrollo al gobierno de Gustavo Petro, el cual creaba una serie de dependencias y estructuras en la Cámara de Representantes. Entre los despachos que no verán la luz está la oficina de control interno disciplinario de esa corporación del Congreso.

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La alta corte declaró contrario a los deberes, derechos y garantías de la Constitución ese artículo, debido a que “no presenta conexidad directa e inmediata con los objetivos del plan nacional de desarrollo, los programas y proyectos de inversión”. En palabras de derecho, que el artículo no guarda unidad con la ley que la contiene.

El magistrado ponente de la decisión es Jorge Enrique Ibáñez, secundado por la Sala Plena de la Corte Constitucional. El artículo 340 buscaba, según el PND, “modernizar y fortalecer” los servicios administrativos y técnicos de la Cámara de Representantes, lo cual incluía la creación de más cargos.

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La oficina de control interno disciplinario buscaba investigar la conducta de funcionarios y exfuncionarios de la Cámara. El jefe de la oficina iba a ser un funcionario de nivel directivo, grado 13, de libre nombramiento y remoción.

Asimismo, el artículo tumbado buscaba la creación de una subdirección administrativa de la Cámara, que iba a estar a cargo del "desarrollo y ejecución de políticas, planes, proyectos, actividades, operaciones y procedimientos administrativos y presupuestales que sean asignadas y delegadas por el Director Administrativo”.

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Otras de las dependencias que ya no tendrá lugar es la División de Tecnologías de la Información y la Comunicación, y la División de Gestión Documental y Calidad. Se suponía que la misma Cámara iba a ajustar la planta de personal, pero la Corte Constitucional no lo permitió.

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