Campañas políticas en Dagua (Valle del Cauca) se habrían financiado con recursos públicos
Entre los procesados se encuentran un asesor del Ministerio del Interior, un exalcalde municipal, un concejal y un contratista. Fueron enviados a la cárcel.
Redacción Judicial
Un juez de control de garantías de Bogotá cobijó con medida de aseguramiento en centro carcelario Rubiel Antonio Muñoz Corrales (actual asesor del Ministerio del Interior, exdiputado del Valle y excandidato a la Alcaldía de Dagua), Diego Fernando Solarte (exalcalde de Dagua en el periodo 2011-2015), Leandro Beltrán (actual concejal de Dagua) y Gloria Hernández (excontratista de la Alcaldía de Dagua).
Estos exfuncionarios son procesados por presuntamente hacer parte de una red de corrupción que habría financiado campañas políticas en el municipio con recursos públicos para los comicios celebrados en octubre de 2015. Por estos hechos el ente investigador les imputó los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, corrupción al sufragante, fraude en inscripción de cédulas y constreñimiento al sufragante.
Según la investigación, el entonces Alcalde de Dagua-Valle del Cauca en octubre de 2015, cuando presuntamente incurrió en conductas irregulares al apoyar, para dejar en su reemplazo, a un candidato de su simpatía (actual asesor del viceministro de relaciones políticas en el Ministerio del Interior y de Justicia), y a su coalición política de concejales. Para esto se hicieron maniobras dirigidas a presionar a los votantes.
El entonces alcalde habría financiado las campañas de este grupo político para lo cual realizó una adición presupuestal en el erario por un valor cercano a los 2.800 millones de pesos bajo la figura de subsidios de vivienda, entregando dinero en efectivo a las personas que se comprometieran a votar por los candidatos de su favoritismo; dichos pagos fueron materializados por los diferentes candidatos y funcionarios de la Alcaldía, quienes a su vez entregaban dádivas y elementos de construcción con el fin de comprar los votos.
Utilizando su cargo e influencias coordinó con funcionarios públicos de la misma entidad, como una Funcionaria de la alcaldía realizó gestiones de constreñimiento al personal vinculado bajo su cargo para que apoyaran junto con sus familias estos fines políticos. Los procesados se declararon inocentes de los hechos investigados.
Un juez de control de garantías de Bogotá cobijó con medida de aseguramiento en centro carcelario Rubiel Antonio Muñoz Corrales (actual asesor del Ministerio del Interior, exdiputado del Valle y excandidato a la Alcaldía de Dagua), Diego Fernando Solarte (exalcalde de Dagua en el periodo 2011-2015), Leandro Beltrán (actual concejal de Dagua) y Gloria Hernández (excontratista de la Alcaldía de Dagua).
Estos exfuncionarios son procesados por presuntamente hacer parte de una red de corrupción que habría financiado campañas políticas en el municipio con recursos públicos para los comicios celebrados en octubre de 2015. Por estos hechos el ente investigador les imputó los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, corrupción al sufragante, fraude en inscripción de cédulas y constreñimiento al sufragante.
Según la investigación, el entonces Alcalde de Dagua-Valle del Cauca en octubre de 2015, cuando presuntamente incurrió en conductas irregulares al apoyar, para dejar en su reemplazo, a un candidato de su simpatía (actual asesor del viceministro de relaciones políticas en el Ministerio del Interior y de Justicia), y a su coalición política de concejales. Para esto se hicieron maniobras dirigidas a presionar a los votantes.
El entonces alcalde habría financiado las campañas de este grupo político para lo cual realizó una adición presupuestal en el erario por un valor cercano a los 2.800 millones de pesos bajo la figura de subsidios de vivienda, entregando dinero en efectivo a las personas que se comprometieran a votar por los candidatos de su favoritismo; dichos pagos fueron materializados por los diferentes candidatos y funcionarios de la Alcaldía, quienes a su vez entregaban dádivas y elementos de construcción con el fin de comprar los votos.
Utilizando su cargo e influencias coordinó con funcionarios públicos de la misma entidad, como una Funcionaria de la alcaldía realizó gestiones de constreñimiento al personal vinculado bajo su cargo para que apoyaran junto con sus familias estos fines políticos. Los procesados se declararon inocentes de los hechos investigados.