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Al Tribunal Superior de Medellín llegaron 27 familias del corregimiento de Damasco del municipio de Santa Barbara (Antioquia) para pedir que se tumbe una reciente decisión de la Fiscalía General. A través de su abogado, esta población pide tumbar una orden de embargo de unos predios que, según la Fiscalía, pertenecieron a una finca que perteneció a dos cabezas del paramilitarismo: Vicente Castaño y Jesús Ignacio Roldán Pérez, más conocido como Monoleche.
Los terrenos donde están ubicadas las 27 viviendas de los campesinos pertenecieron a la finca los Pirineos, pero que, según el abogado de los campesinos, fueron donados antes de que pasaran a manos del paramilitarismo. “Estos terrenos fueron donados en diciembre de 1993, antes de que la dueña de Los Pirineos pasara el bien a Vicente Castaño. Ellos (los campesinos) lograron acceder a estos predios como parte de una donación hecha de la mano de la Alcaldía de ese momento y la Iglesia Católica”.
Juan Bolaños, abogado de las familias, dijo ante el Tribunal que tiene pruebas para demostrar que sus clientes fueron beneficiados por ser población vulnerable, “que viven en condiciones de pobreza y no tuvieron acceso a educación. Demostraré que son ocupante de buena fe y que, además, esta medida de la Fiscalía es revictimizante, ya que varios de ellos están acreditados como víctimas del conflicto”. Es decir, que nunca tuvieron vínculos con los paramilitares y que no fungieron como testaferros de ninguna mafia.
Dentro de las pruebas que Bolaños dice va a entregar al Tribunal están documentos que acreditarían que sus clientes accedieron a subsidios entregados durante los años noventa por parte del gobierno para que los campesinos accedieran a viviendas rurales. Además, aportará los testimonios de varias cabezas de familias que darían cuenta cómo fueron seleccionadas varias familias que para ese momento vivía en difíciles condiciones por cuenta de varios motivos, entre ellos, el conflicto armado colombiano.
(En contexto: Recapturan a “Monoleche” en investigación por asesinato de reclamante de tierras)
¿Quién es Monoleche?
El prontuario de Jesús Ignacio Roldan, más conocido por su alias de la guerra, Monoleche, está ligado directamente con el de la historia de la cruenta guerra que vivió el país desde finales de los años 80 por cuenta de la confrontación entre paramilitares y guerrilleros. Fue el jefe de seguridad y hombre de total confianza de los hermanos Castaño y, como nadie, conoce las entrañas de la expansión paramilitar y de sus estrategias sanguinarias, especialmente en el norte del país. Hoy, vuelve a ser noticia por cuenta de su captura, durante la noche del pasado 17 de marzo, durante un concierto en Bogotá. La Fiscalía lo vinculó oficialmente al asesinato de la líder campesina, Yolanda Izquierdo, en 2007.
Durante la madrugada de este sábado, Roldán fue trasladado al búnker de la Fiscalía, a donde llegó fuertemente custodiado por hombres del CTI. La imagen trajo a la memoria escenas de finales de 2004, cuando se desmovilizó con el bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y entró al sistema de Justicia y Paz, donde compareció en varias ocasiones ante jueces, igual de protegido que esta mañana. Lo que podía contarle a las autoridades (y todavía puede), fueron detalles claves de los movimientos de la cúpula del grupo paramilitar y de cómo se perpetraron cientos de crímenes, durante al menos los 16 años en los que estuvo como hombre armado.
Ingresó al clan de los Castaño en 1988 y, según el mismo lo reveló, fue uno de los fundadores de las AUC. Su cercanía con los hermanos líderes de la organización criminal, así como la confianza que ellos depositaron en él, lo llevó a convertirse en el administrador de las haciendas de los Castaño, y miembro de las juntas directivas, muchas veces a la sombra, de las empresas que idearon los paramilitares para despojar a los campesinos de sus tierras. Por su confianza con los hermanos Castaño, la Fiscalía siempre lo señaló como uno de los hombres que más podía contarte a la justicia los datos claves de cientos de masacres, homicidios selectivos y desapariciones, perpetradas por las AUC.
Monoleche y los hermanos Castaño
Jesús Ignacio Roldán le contó a las autoridades los antecedentes del asesinato de Carlos Castaño, en 2004, y de Vicente, en 2007, una declaración en la que quedó en evidencia la cercanía de las autodefensas con capos del Cartel del Valle. En 2006, cuando Monoleche se desmovilizó, en los expedientes judiciales trascendió que se trataba del hombre que, supuestamente, había empuñado el arma que mató a Carlos Castaño, por orden de su hermano Vicente, por supuestamente tener diferencias irreconciliables y porque, al parecer, el primero tenía intenciones de entregarse a las autoridades de Estados Unidos, que ya lo habían pedido en extradición, e, incluso, se había reunido con agentes de la DEA.
Pero más allá de lo que pudo contar Monoleche de hechos violentos y de la muerte de sus compañeros, sus versiones fueron claves para que la justicia esclareciera cómo funcionó el aparato criminal de las autodefensas para perpetrar miles de despojos de tierras. Además, para entender la manera en que se creó una fachada empresarial para que millonarios bienes permanecieran durante décadas en manos de exparamilitares como él. En esa estrategia criminal fue clave Sor Teresa Gómez, hermana de crianza de los hermanos Castaño, quien estuvo al frente de la Fundación para la Paz en Córdoba, más conocida como Funpazcor, de la que fue miembro de la junta directiva, Jesús Ignacio Roldán.
(En contexto: Un doloroso despojo en camino a la reparación de víctimas)
La justicia ya logró comprobar que esa supuesta oenegé, que fue creada bajo la falacia de contribuir con el acceso justo de campesinos a tierras para poder cultivar, sirvió de fachada para a consolidar el plan criminal de los Castaño: captar la mayor parte del territorio en Córdoba y el Urabá para fortalecer económica y militarmente a los paramilitares. Grandes extensiones de tierra de la Casa Castaño permitieron afianzar el proyecto ganadero de las autodefensas y manejar las rutas del narcotráfico que salían por el Golfo de Urabá. Para lograrlo, los hermanos Castaño y Sor Teresa Gómez crearon crear un programa social ficticio llamado “Programa de Reforma Agraria, Vivienda y Educación para los Campesinos”.
Fue entonces cuando inició la masiva entrega de predios entre dos y 11 hectáreas –algunos llegaban a ser de 50– a distintas familias de Córdoba. Los hermanos Castaño habían destinado más de 13 fincas ubicadas en los municipios en Córdoba y Montería. Según la Fiscalía, “lo que anunció en la reforma agraria no fue más que una falacia toda vez que las tierras fueron escrituradas, pero no entregadas a los campesinos y siguieron siendo administradas por el clan Castaño”. Aunque la cara visible de esta estrategia fue la de Sor Teresa Gómez, detrás de la dinámica violenta estuvo Monoleche, como el encarado de amenazas a los campesinos para que salieran de la tierra que pensaban era suya. Para todo este plan criminal, fue clave el papel del Fondo Ganadero de Córdoba, especialmente, para la compra de irregular y la legalización de tierras en la región de Las Tulapas, en Necoclí, Turbo y San Pedro de Urabá.
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Por David Escobar Moreno
