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Procuraduría prorrogó por tres meses más la suspensión provisional que tiene el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva. El funcionario fue sancionado el pasado 24 de enero, debido a las presuntas irregularidades que se presentaron durante el proceso para la licitación del contrato para la creación de pasaportes. Según el Ministerio Público, las condiciones por las cuales se ordenó la medida aún no han desaparecido y, por este motivo, no puede reintegrarse aún a su cargo.
Según informó el ente de control, el canciller presuntamente cometió dos falta disciplinarias, las cuales fueron calificadas como gravísimas. La primera de ellas habría sido declarar desierta la licitación de pasaportes sin tener los fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos para tomar esta decisión, con esto habría ido en contra de los principios que rigen la contratación estatal. En segundo lugar, está el hecho de haber declarado urgencia manifiesta sin que supuestamente existieran causales para adoptar esta medida.
Actualmente, el Ministerio Público adelanta un juicio disciplinario en contra del funcionario y aseguran que hasta el momento no se han entregado pruebas suficientes que puedan desvirtuar el proceso. Además, consideran que si el canciller vuelve a su cargo podría volver a cometer la falta e interferir en el proceso debido a la influencia que tendría sobre servidores públicos que fueron llamados como testigos para el caso. Por este motivo, la suspensión fue extendida hasta el próximo 24 de julio.
Cuando la Procuraduría llamó a juicio a Leyva, además, lo suspendió de su cargo durante tres meses, sin derecho a remuneración. Aseguró que era una medida proporcional para evitar un peligro futuro, dado que según las pruebas recaudadas, Leyva actuó contrario a lo que le pedía su propio comité de contratación, la Contraloría y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
Durante el proceso, el abogado Yefferson Dueñas, defensor de Leyva, presentó una carta en la que pedía que se revocara la decisión, ya que los cargos por los que fue llamado a juicio disciplinario, según dicen, no estaba bien fundamentados e incluso, pondría en riesgo la seguridad del Estado. Además, pidió a la jefe del ente de control, Margarita Cabello, declararse impedida dentro del caso. Ambas peticiones no prosperaron.
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