Capitán del Ejército se declaró inocente por “falso positivo”

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La Fiscalía General le imputó los delitos de homicidio agravado en persona protegida y falsedad en documento público al capitán del Ejército, Jimmy Fernando Cepeda Maldonado por su responsabilidad en los hecho que rodearon la ejecución de un joven de 20 años quien fue presentado como guerrillero de las Farc abatido en combate.

El fiscal del caso aseguró que el oficial hizo parte de la denominada ‘Operación Ojiva’ que se adelantó en el municipio de Sogamoso (Boyacá) con el fin de fortalecer la seguridad en la zona y prevenir un ataque de los grupos guerrilleros del ELN y las Farc que delinquen en el sector ante una visita del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez.

En el informe oficial aseguraron que cuando transitaban por una vereda en el municipio de Pesca fueron atacados por un hombre con una granada, hecho por el cual reaccionaron y atacaron al agresor antes que emprendiera la huida. Al supuesto guerrillero le incautaron una pistola, unas granadas y munición.

El primer respondiente del CTI de la Fiscalía General pudo identificar casi de inmediato que la escena que tenía frente a sus ojos no correspondía con un acto de combate. Los informes de Medicina Legal también concluyeron que el guerrillero abatido no había portado o accionado un arma de fuego antes de su muerte.

“La víctima del homicidio agravado fue declarada como NN y hasta la fecha no ha sido posible su identificación”, precisó el fiscal al detallar que las causas de la muerte fueron un “shock neuroclínico secundario a trauma craneoencefálico por herida con arma de fuego. Tiene una herida con siete por cinco en la región izquierda de su cabeza”.

Es decir, fue la herida causal fue hecha a corta distancia. El capitán, quien hacia parte del Batallón de Artillería No. 1, firmó el documento oficial. Sin embargo, él mismo les manifestó poco tiempo a las autoridades que la información ahí contenida no correspondía a la verdad de los hechos.

Tres soldados profesionales y un subteniente les manifestaron a las autoridades que tal combate nunca existió, y mucho menos fueron atacados con arma de fuego. La investigación concluyó que “no fue un hecho accidental o repentino, el crimen requirió cuidadosa preparación y una coordinación. No dependió de la voluntad de una persona”.  

Para la Fiscalía General esta acción tuvo como objetivo demostrar resultados operacionales, para la satisfacción de sus superiores y la obtención de reconocimiento en sus carreras profesionales y la consecución de permisos. “Se trató de un grupo militar fuertemente armado contra una persona sin medios para defenderse”.

El Ejército tiene el deber constitucional de proteger la vida e integridad de los civiles pero este grupo de militares –señaló el fiscal- procedieron en contra de este mandato. “Todos ellos estaban investidos de autoridad por hacer parte de las Fuerzas Militares, tienen un estatus distinto y superior a la mayoría de los colombianos”.

En la imputación de cargos resaltó el hecho que la víctima era un sujeto de especial protección por normas internacionales. “No era un combatiente”, precisó el delegado del ente investigador al asegurar que la normatividad establece una protección para los países que están en conflicto armado interno.

El militar activo no aceptó su responsabilidad en los hechos y se declaró inocente. La Fiscalía General le solicitó a una jueza de control de garantías que lo cobije con medida de aseguramiento en centro carcelario.