Entre los fugitivos estuvo Jorge Luis Ochoa Vásquez, quien junto a sus hermanos Juan David y Fabio emigró a Panamá, donde también estuvieron escondidos Pablo Escobar, Carlos Lehder y Gonzalo Rodríguez Gacha, entre otros. Desde este país quisieron negociar con el gobierno Betancur su rendición.
Semanas después, cuando se volvió escándalo la fórmula planteada por los narcos de entregarse a la justicia a cambio de no ser extraditados, además de otras gabelas judiciales, los evadidos empezaron a regresar a Colombia para librar su guerra contra el Estado y la sociedad. Sin embargo, Jorge Luis Ochoa Vásquez prefirió trasladarse a Madrid (España), no sólo para alejarse aún más de los operativos de las autoridades colombianas, sino para consolidar sus negocios en el mundo del narcotráfico.
Siete meses más tarde, el 15 de noviembre de 1984, Jorge Luis Ochoa fue capturado en España. En el momento de su detención estaba acompañado por Gilberto Rodríguez Orejuela, cabeza visible del Cartel de Cali. En ese momento, las autoridades españolas reportaron que Ochoa y Rodríguez estaban montando una red para la distribución de cocaína en Europa, razón por la cual comenzaron a ser investigados y le fueron incautados dinero en efectivo además de varios bienes escriturados a sus nombres.
La justicia norteamericana, que de tiempo atrás consolidaba un amplio prontuario contra ambos individuos por temas de narcotráfico, de inmediato solicitó al gobierno español la extradición de Ochoa y Rodríguez. Pero sobrevino lo increíble. De Colombia, a pesar de que ya se libraba una guerra por cuenta de la extradición de nacionales a Estados Unidos, también llegó una solicitud a España para que los dos detenidos fueran remitidos al país con el argumento de que allí era donde supuestamente habían delinquido.
Al tiempo que los carteles de la droga avanzaban en su guerra en Colombia, algunos abogados a su sueldo libraban una pelea aparte por conseguir que Jorge Luis Ochoa y Gilberto Rodríguez fueran extraditados a Colombia desde España. Con diferencia de algunas semanas, a mediados de 1986, uno y otro lograron su cometido. Tras su llegada a Colombia, por señalamientos de narcotráfico Gilberto Rodríguez fue puesto a órdenes de un juez de Cali y Jorge Luís Ochoa a disposición de un juez de Cartagena.
A pesar de que un fiscal del Estado de Lousiana (Estados Unidos) documentó que Rodríguez Orejuela era requerido por la justicia de su país bajo el argumento de ser “la cabeza de la mayor organización para el tráfico de drogas en el mundo”, al momento de ser interrogado por un juez de Cali, observó que efectivamente él sí conocía la cocaína pero porque su profesión era la de farmaceuta. Con este tipo de circunstancias, el procesamiento de Rodríguez se convirtió en el sainete de una absolución anunciada.
Por lo demás, en ese momento Gilberto Rodríguez Orejuela y su hermano Miguel eran acreditados hombres de negocios en el Valle del Cauca. Además de posar como propietarios de los laboratorios Kressford y de la cadena de farmacias Drogas La Rebaja, habían sido accionista del Banco de los Trabajadores, del Grupo Radial Colombiano, y públicamente eran conocidos como principales accionistas del equipo profesional de fútbol América de Cali, que ganaba títulos en forma consecutiva.
A su vez, Jorge Luís Ochoa Vásquez, también extraditado de España a Colombia, comenzó a ser procesado por un juez de Cartagena que lo sindicaba de contrabando de reses de lidia. En ese momento, contra Ochoa no existía un solo requerimiento judicial por temas relacionados con el narcotráfico. El juez de Cartagena Fabio Pastrana lo condenó a 20 meses de prisión pero para sorpresa del país, le concedió el beneficio de la libertad bajo fianza. Como era de esperarse, Ochoa no volvió a presentarse a la justicia.
A pesar del antecedente de impunidad en el caso Ochoa Vásquez, que le costó procesos al juez de Cartagena, la situación de Gilberto Rodríguez Orejuela no fue muy distinta. En julio de 1987, por supuesta falta de pruebas y en aplicación del principio in dubio pro reo, el juez 11 penal de Cali Tobías Iván Posso le otorgó la libertad. La noticia se convirtió en escándalo y provocó la apelación del caso. En segunda instancia, el Tribunal de Cali repitió la sentencia favorable al capo del narcotráfico. Tanto el juez como los magistrados fueron objeto de investigaciones posteriores.
De esta manera, los dos primeros capos que cayeron presos luego de la declaratoria de guerra de los carteles de la droga contra el Estado y la sociedad a partir del crimen del ministro Rodrigo Lara, pudieron seguir en sus andanzas amparados por decisiones de la justicia. Sólo años después, tanto Jorge Luís Ochoa Vásquez como Gilberto Rodríguez Orejuela volverían a ser procesados, pero mientras el primero saldó sus deudas con la justicia con escasos meses de cárcel, el segundo pagó pena en Colombia y luego, en 2004, fue extraditado a Estados Unidos, donde aún sigue preso.