Capturan 11 personas por irregularidades en contratos en Sucre

La Fiscalía General, con apoyo del CTI y la Policía Nacional, capturaron 11 personas entre funcionarios públicos, exfuncionarios y contratistas de los municipios de Coveñas, Betulia y Santiago de Tolú, en el departamento de Sucre. Estas personas, capturadas en la última semana, son investigadas por irregularidades en contratación.

En Coveñas, la Fiscalía inició una investigación por las irregularidades cometidas por el alcalde de Coveñas, Nilson Manuel Navaja Olivares, quien habría liquidado y pagado el contrato de implementación de un programa de bilingüismo en las instituciones educativas en ese municipio.  Lo que las autoridades investigan es que este contrato, presuntamente, no se cumplió a cabalidad.

Este convenio  había sido suscrito por la administración anterior, en cabeza de César Augusto Serrano Romero, con la Fundación Integral Nueva Esperanza. Según la Fiscalía, Serrano Romero suscribió el contrato –en vigencia de la Ley de Garantías– cancelando el anticipo y dos pagos parciales sin que estuviese acreditado el cumplimiento del contrato.

De acuerdo con las investigaciones, en la primera administración se habrían perdido dineros públicos por un valor aproximado de $1.900 millones, más $284 millones que fueron cancelados por la segunda administración municipal. Por estos hechos, las autoridades capturaron a Navaja Olivares; y el secretario de Educación, Iván Darío Berrocal Álvarez.

Asimismo, fueron capturados la interventora Zahelis María Buelvas Tobías; y la representante legal de la fundación, Luis Mercedes Núñez. En cuanto al exmandatario Serrano Romero, quien también está siendo investigado en otro caso, está pendiente la audiencia de imputación de cargos ante un juez de garantías.

Luego de que la Fiscalía les imputara los delitos de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público, un juez ordenó que el actual alcalde, el secretario de Educación y la interventora fueran a prisión. La contratista, por su parte, recibió el beneficio de casa por cárcel luego de aceptar su responsabilidad.

Entre tanto, en el municipio de Betulia, la Fiscalía puso la lupa a la administración municipal por posibles irregularidades en el proceso contractual para la atención a personas de la tercera edad. Según la investigación, el alcalde Fernel Antonio Aviles Tovar contrató en tres ocasiones, con la Fundación Feysalud, la atención de estas personas sin tener que en convenio no fue el más idóneo, pues, según la Fiscalía, no tenía la capacidad técnica ni administrativa y sin autorización  para prestar el servicio de salud que ofertaban.

Además, los contratos se habrían pagado sin haberlos cumplido y cuya defraudación, dice la investigación, asciende a $700 millones. Además de imputarle cargos a Aviles Tovar por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público, también tendrán que responder por los mismos delitos a Marco Tomás Arrieta, tesorero del municipio; y Eider Manuel Moreno Arias, secretario de asuntos sociales.

Por último, en el municipio de Santiago de Tolú, la investigación tiene que ver con la posible apropiación irregular y fraudulenta de remanentes a unos extrabajadores de la alcaldía. Esta defraudación, según las investigaciones, asciende a $400 millones. Por estos hechos fueron capturados los exasesores Luis Ernesto García Baiz y Liliana María Céspedes Peñeres, a quienes un juzgado les concedió casa por cárcel por el delito de peculado por apropiación. Asimismo, Luis Ariel Alvarado Montes, alcalde de municipio para el periodo 2012-2015, también fue capturado y será investigado por el mismo delito.  

La Fiscalía General, con apoyo del CTI y la Policía Nacional, capturaron 11 personas entre funcionarios públicos, exfuncionarios y contratistas de los municipios de Coveñas, Betulia y Santiago de Tolú, en el departamento de Sucre. Estas personas, capturadas en la última semana, son investigadas por irregularidades en contratación.

En Coveñas, la Fiscalía inició una investigación por las irregularidades cometidas por el alcalde de Coveñas, Nilson Manuel Navaja Olivares, quien habría liquidado y pagado el contrato de implementación de un programa de bilingüismo en las instituciones educativas en ese municipio.  Lo que las autoridades investigan es que este contrato, presuntamente, no se cumplió a cabalidad.

Este convenio  había sido suscrito por la administración anterior, en cabeza de César Augusto Serrano Romero, con la Fundación Integral Nueva Esperanza. Según la Fiscalía, Serrano Romero suscribió el contrato –en vigencia de la Ley de Garantías– cancelando el anticipo y dos pagos parciales sin que estuviese acreditado el cumplimiento del contrato.

De acuerdo con las investigaciones, en la primera administración se habrían perdido dineros públicos por un valor aproximado de $1.900 millones, más $284 millones que fueron cancelados por la segunda administración municipal. Por estos hechos, las autoridades capturaron a Navaja Olivares; y el secretario de Educación, Iván Darío Berrocal Álvarez.

Asimismo, fueron capturados la interventora Zahelis María Buelvas Tobías; y la representante legal de la fundación, Luis Mercedes Núñez. En cuanto al exmandatario Serrano Romero, quien también está siendo investigado en otro caso, está pendiente la audiencia de imputación de cargos ante un juez de garantías.

Luego de que la Fiscalía les imputara los delitos de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público, un juez ordenó que el actual alcalde, el secretario de Educación y la interventora fueran a prisión. La contratista, por su parte, recibió el beneficio de casa por cárcel luego de aceptar su responsabilidad.

Entre tanto, en el municipio de Betulia, la Fiscalía puso la lupa a la administración municipal por posibles irregularidades en el proceso contractual para la atención a personas de la tercera edad. Según la investigación, el alcalde Fernel Antonio Aviles Tovar contrató en tres ocasiones, con la Fundación Feysalud, la atención de estas personas sin tener que en convenio no fue el más idóneo, pues, según la Fiscalía, no tenía la capacidad técnica ni administrativa y sin autorización  para prestar el servicio de salud que ofertaban.

Además, los contratos se habrían pagado sin haberlos cumplido y cuya defraudación, dice la investigación, asciende a $700 millones. Además de imputarle cargos a Aviles Tovar por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público, también tendrán que responder por los mismos delitos a Marco Tomás Arrieta, tesorero del municipio; y Eider Manuel Moreno Arias, secretario de asuntos sociales.

Por último, en el municipio de Santiago de Tolú, la investigación tiene que ver con la posible apropiación irregular y fraudulenta de remanentes a unos extrabajadores de la alcaldía. Esta defraudación, según las investigaciones, asciende a $400 millones. Por estos hechos fueron capturados los exasesores Luis Ernesto García Baiz y Liliana María Céspedes Peñeres, a quienes un juzgado les concedió casa por cárcel por el delito de peculado por apropiación. Asimismo, Luis Ariel Alvarado Montes, alcalde de municipio para el periodo 2012-2015, también fue capturado y será investigado por el mismo delito.