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Cuatro personas fueron capturadas en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, en el marco de la Operación Valquiria, que adelantan el Ejército y la Fiscalía General de la Nación, por presuntamente hacer parte de una red de suministro ilegal de combustible para la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, que delinque en el suroccidente del país.
La información fue confirmada en la mañana de este jueves 26 de junio, por parte del director especializado contra las Organizaciones Criminales de la Fiscalía, Nelson Andrés Escobar; y el jefe de Operaciones del Ejército Nacional, mayor general Royer Gómez. Tres de los capturados tenían orden judicial y el otro fue detenido en flagrancia.
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Los capturados fueron identificados como Dairo Segura Díaz, señalado de ser el articulador principal de esa red criminal al servicio de las disidencias; Faber Gabriel Noguera Castillo, socio de Segura Díaz; Cris Johanna Madroñero Guzmán, encargada financiera de la estructura; y Doris Rodríguez Villota, quien al momento de la captura tenía en su poder un arma de fuego ilegal.
Según informó el delegado del ente investigador, los tres primeros ya fueron puestos a disposición de la justicia e imputados por los delitos de concierto para delinquir agravado, fraude procesal, falsedad ideológica en documento público, enriquecimiento ilícito y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. Rodríguez Villota, por su parte, aún no ha sido procesada.
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El funcionamiento de la red ilegal
Según las investigaciones adelantadas por la Fiscalía y el Ejército, la red criminal usaba estaciones de servicio como fachada para comprar combustible en altas cantidades y luego transportarlo hacia zonas en las que las disidencias de las Farc lo usaban para el procesamiento de drogas y la minería ilegal.
Ninguno de los capturados tenía antecedentes judiciales, por esa razón operaban desde la legalidad tres estaciones de servicio en las que adquirían grandes cantidades de gasolina y ACPM. Según la Fiscalía, estas personas se sirvieron de “maniobras fraudulentas y falsedades” entre los años 2024, para acceder a volúmenes de gasolina incoherentes con la demanda de Jamundí, donde estaban ubicadas las gasolineras, y “superiores al promedio registrado por otros establecimientos similares que funcionan en ciudades como Cali y Popayán”.
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“Las evidencias indican que las dos gasolineras ubicadas en Jamundí, separadas por tan solo 700 metros, registraron la compra de 1’176.774 galones de combustible, a pesar de que la población local en esa área no supera los 800 habitantes. Igualmente, se constató que desembolsaron 18.373 millones de pesos por el hidrocarburo adquirido”, señaló la Fiscalía.
La tercera estación, ubicada en el municipio de Morales (Cauca), está ubicada en una vereda que, según la Fiscalía, no tiene más de 600 habitantes y, pese a ello, accedió a más de un millón de galones de combustible. La compra de gasolina y ACP habría alcanzado un costo de $6.408 millones, según señalaron las autoridades. Tras esa compra en apariencia legal, el combustible iba a parar a las zonas en las que delinquen las disidencias de las Farc.
Los perfiles de los capturados
Pese a que fueron cuatro las personas capturadas, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales presentó a tres de ellos ante un juez de control garantías, para ser procesados por su presunta vinculación a la red criminal.
Dairo Segura Díaz, uno de los imputados, es señalado por las autoridades como el representante legal de las dos estaciones de servicio ubicadas en Jamundí y el “presunto articulador principal de todo el andamiaje ilegal”. Según la Fiscalía, accedía a documentos oficiales falsos en los que se autorizaba a empresas legalmente constituidas para comprar el combustible que luego era desviado a las actividades ilícitas de las disidencias de las Farc.
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El segundo imputado es Faber Gabriel Noguera Castillo, quien sería el dueño de la estación de servicio ubicada en la vereda San Isidro, del municipio de Morales. Además, sería el principal socio de Segura Díaz. “Estaría involucrado en la utilización de vehículos cisterna para transportar el combustible a zonas de influencia de la estructura Jaime Martínez”, reseñó la Fiscalía.
Finalmente, el ente investigador agregó a la red criminal a Cris Johanna Madroñero Guzmán, “quien sería la encargada del manejo financiero y administrativo de la red”. Según la Fiscalía, contrataba a los trabajadores que desempeñaban sus labores en las tres estaciones de servicio usadas por las disidencias de las Farc como fuente de recursos para sus actividades ilícitas.
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Durante los operativos, las autoridades incautaron $150 millones en efectivo, un camión cisterna, un vehículo tipo campero, un arma de fuego, cuatro computadores portátiles, 12 celulares y memorias de almacenamiento digital, una tarjeta de circuito electrónico de surtidor de combustible, documentos contables y financieros sobre el funcionamiento de las tres estaciones de servicio.
Estas cuatro capturas se dan justo en medio de la compleja situación de seguridad y orden público que atraviesan los departamentos del suroccidente del país, por cuenta de las acciones armadas que adelantan las disidencias de las Farc, comandadas por alias “Iván Mordisco”. También al tiempo que se conocen otros resultados importantes de la Fuerza Pública en la región, como la captura en Jamundí de cuatro integrantes de ese grupo ilegal, relacionados con al menos cinco de los 24 ataques terroristas del pasado 10 de junio.
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