En Barranquilla fue desmantelado un grupo delincuencial que presuntamente ofrecía “servicios” para obtener documentos de identidad colombianos fraudulentos a migrantes de República Dominicana y Venezuela. Durante el operativo fueron capturadas 31 personas, entre las que se encuentran tres funcionarios de la Registraduría y tres más de la Cancillería. Las autoridades plantean que el grupo es liderado por un ciudadano dominicano y una colombiana.
Con base en la información obtenida, la Registraduría decidió anular 344 cédulas falsas e identificó que 304 pasaportes fueron expedidos de formar irregular por esta red. Presuntamente, el grupo tenía presencia en otros departamentos del país, desde donde también se coordinaba el trámite y suministro de registros civiles de nacimiento, cédulas de ciudadanía y pasaportes fraudulentos.
Las autoridades reportaron que al menos 11 personas se encargarían de buscar a los migrantes para tramitar los documentos adulterados. Además, tres empleados y seis exfuncionarios de la Registraduría estarían encargados de ubicar registros civiles de personas no ceduladas para suplantarlas. Por otra parte, otros tres empleados y cinco extrabajadores de la Cancillería se encargarían de “formalizar”, por medio de los pasaportes, las identidades falsas.
Según la investigación, esta red cobraba entre 2000 y 4500 dólares americanos a cambio de entregar documentos falsos a los migrantes, quienes aparentemente utilizaban estas identidades colombianas para viajar a México o Guatemala y posteriormente poder llegar a Estados Unidos. Por otra parte, algunos de ellos se habrían dirigido a Europa con la intención de quedarse allí o buscar otras rutas para ingresar a Norteamérica.
La Fiscalía plantea que esta red criminal estaría funcionando desde 2021, dirigida presuntamente por un ciudadano dominicano y una colombiana, los cuales tendrían a su vez un número considerable de colaboradores y tramitadores que apoyaban la operación ilegal. Las capturas se dieron en Bogotá, Amazonas, Bolívar, Caquetá, Casanare, Córdoba, Cesar, La Guajira y Sucre. Finalmente, estas personas fueron presentados ante un juez de control de garantías y próximamente se les imputarán cargos relacionados con tráfico de migrantes, concierto para delinquir, falsedad ideológica en documento público y enriquecimiento ilícito.
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