Miguel Antonio Partidas Morell, alias 'Catire', jefe de sicarios de una organización narcotraficante con influencia sobre el Golfo de Maracaibo, fue detenido por la Policía en la Guajira, donde había establecido una alianza con la banda criminal de "Los Rastrojos".
Según informó el director de la Dijin, general Ramiro Mena, este ciudadano venezolano es señalado del asesinato de un fiscal del vecino país que adelantaba una investigación de cerca de 16 pistas clandestinas para el envío de droga desde Venezuela a Centro América.
"Alias 'Catire' es requerido mediante Circular Roja de la Interpol por el homicidio del fiscal Carlos Enrique Lugo Meléndez, asesinado en mayo 2008. El funcionario era responsable de investigar el uso de al menos 16 pistas clandestinas al servicio del narcotráfico en el vecino país, proceso que permitió además la destrucción de más de 4 toneladas de cocaína", dijo el alto oficial al señalar que Partidas será deportado en los próximos días.
Partidas Morell se había refugiado en Maicao, huyendo de la presión de las autoridades venezolanas, allí logró establecer una alianza con "Los Rastrojos" para la exportación de estupefacientes desde El Zulia, así como en el ajuste de cuentas mediante la comisión de homicidios selectivos en la zona de frontera.
El general Mena señaló que esta captura es resultado de la cooperación que existe con las autoridades venezolanas.
"Precisamente en la reunión de este viernes de los ministros de Defensa de Colombia y Venezuela se van a acordar entre otros aspectos, se va a establecer cuál sería el plan de acción y las estrategias diseñadas para la lucha contra el narcotráfico en la frontera. Estamos completamente aliados con las autoridades del vecino país y hoy después de esta reunión tendremos un camino diseñado para la lucha contra el terrorismo en la frontera", puntualizo.
Finalmente, confirmó que alias 'Catire' fue puesto a disposición de la Unidad de Asuntos Internacionales de la Fiscalía, a fin de que se adelanten los trámites necesarios para su entrega a las autoridades venezolanas, ante las cuales tendrá que responder por homicidio intencional calificado, delito que supone una pena de hasta 26 años de prisión en ese país.
Por El Espectador
