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En medio de la operación llamada “Armagedón”, se logró la captura de nueve miembros del Clan del Golfo en zona rural de Valledupar (Cesar). Entre las personas capturadas están alias “Sombra” y alias “Lágrima”.
Esta operación se llevó a cabo en un trabajo coordinado por la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y el Ejército Nacional. Según las autoridades, el objetivo de esta organización era “expandir su accionar criminal en el Cesar”.
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También se incautaron siete armas de fuego, un mortero, una rampa artesanal, dos drones, seis proveedores, 188 cartuchos, 13 brazaletes, ocho metros de cordón detonante, 11 contenedores de pólvora, 50 fulminantes, dos radios de comunicación, dos binoculares, dos chalecos balísticos, siete equipos de campaña, cinco chalecos porta-proveedores, 18 prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares, 17 celulares, dos portátiles y una tablet.
#LoÚltimo | Golpe simultáneo al Clan del Golfo en el #Cesar.
— Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) July 27, 2025
En operación coordinada con @PoliciaColombia y @FiscaliaCol, tropas de @Ejercito_Div1 apoyaron la captura de nueve presuntos integrantes de este grupo armado organizado en el corregimiento La Mesa, de Valledupar. Entre… pic.twitter.com/Fr3gAKtQDH
Además, estas personas intimidarían a la población civil, especialmente a comerciantes y finqueros, mediante amenazas y cobros extorsivos. “También, serían los responsables de dirigir y realizar acciones terroristas contra la fuerza pública y la población civil y ordenar homicidios selectivos”, aseguró el director de la policía, el general Carlos Fernando Triana Beltrán, en redes sociales.
Otro caso relacionado con el Clan del Golfo
El pasado 24 de julio, el exconcejal de San Carlos (Córdoba), Lewis Joel Acosta Soto, aceptó, a través de un preacuerdo, su responsabilidad por proveer al Clan del Golfo los medios para ejecutar ataques contra uniformados y ciudadanos.
Acosta Soto era el encargado de alertar al grupo criminal sobre los movimientos de la fuerza pública, así como indicarles lo que debían hacer contra los comerciantes y ciudadanos que no aceptaban sus amenazas.
Por lo tanto, Acosta Soto fue condenado a cuatro años de prisión por el delito de concierto para delinquir agravado y deberá cumplir esta pena en un centro de reclusión carcelario. Además, se le impuso una multa de 1.350 salarios mínimos, es decir, más de 1.921 millones de pesos, y quedó inhabilitado por 48 meses para ejercer funciones públicas.
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