Un operativo de las autoridades en los departamentos de Putumayo, Antioquia y Cundinamarca permitió la captura de seis personas señaladas de participar en el robo de $2.418 millones de una de las cuentas de la Gobernación de Putumayo, a través de suplantación y fraude bancario.
Según la investigación liderada por una fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Informáticos, los hechos se remontan a 2022. En ese entonces, Mauricio Portilla Chindoy, contratista de la entidad territorial, presuntamente accedió de manera irregular a la cuenta bancaria de la gobernación.
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José Alexander Otálvaro Carmona, Álvaro Raúl Echeverry Jaramillo, Juan David López, Lucila de Jesús Osorno Orozco y Cateri Gómez Osorio, sus presuntos cómplices, habrían facilitado sus cuentas bancarias para la transferencia de los dineros.
La tesorera de la gobernación notó movimientos de grandes montos sin su autorización, por lo que contactó a la entidad financiera para reportar la situación irregular e intentar revertir algunas de las transacciones. Fue allí cuando se dieron cuenta de que habían sido objeto de un robo.
La Fiscalía General de la Nación imputó a los capturados los delitos de hurto por medios informáticos, acceso abusivo a un sistema informático, utilización ilícita de equipos transmisores o receptores y violación de datos personales. Otálvaro Carmona fue el único de los acusados que aceptó los cargos.
Otro caso similar
El 11 de mayo de este año, la Fiscalía confirmó que un juez de control de garantías impuso medida privativa de la libertad a cuatro personas que, presuntamente, realizaron un millonario robo a la Alcaldía de Cáchira (Norte de Santander).
Según la investigación, los capturados habrían suplantado la identidad del alcalde, Hernán Fernando Jaime Mora, y la de su tesorera municipal. De esta forma, lograron acceder a la información confidencial de las cuentas que contenían dinero destinado a la financiación del programa Colombia Rural.
Este grupo, integrado por dos hombres y dos mujeres, habría robado un total de $1.400 millones. Los señalados fueron capturados el pasado tres de mayo y deberán responder por el delito de hurto por medios informáticos agravado, cada vez más común en contra de entidades públicas.
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