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Charles William Schultz Navarro, exsenador del Partido de la U, fue capturado este jueves 5 de junio a las 4:00 de la tarde, para que cumpla la condena que le impuso la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia por los delitos de tráfico de influencias y concusión, en concurso heterogéneo y sucesivo.
Desde el pasado 5 de septiembre de 2024, el alto tribunal había emitido la condena de ocho años y seis meses de prisión en contra del excongresista que ocupó un asiento en la cámara alta entre 2006 y 2010. Sin embargo, la captura se hizo efectiva ocho meses después.
El expediente en contra del exsenador está relacionado con las influencias irregulares que habría ejercido como funcionario público sobre personas que trabajaban en la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
Las pesquisas del alto tribunal arrojaron que el entonces congresista intervino para que se expidiera la Resolución 7755 de 25 de noviembre de 2009, con la cual dejaba sin efecto un acto administrativo que había establecido la no renovación de la licencia de funcionamiento de la empresa de vigilancia Cooperativa Nacional de Reservistas. Su intermediación permitiría que a esa empresa le renovaran por dos años más.
“Se indica que concomitante al trámite que se surtía ante la Superintendencia, el gerente y subgerente de la citada cooperativa, Miller Avendaño Campos y Germán Mauricio Pardo Jiménez, contactaron al entonces senador y le solicitaron su intermediación ante el superintendente de la época, en aras de concretar una cita que les permitiera exponer la problemática de la empresa para que se reconsiderara la negativa de renovar la licencia de funcionamiento”, se lee en el fallo de ese entonces.
El asunto, sin embargo, no se quedó ahí. El alto tribunal encontró que, además, Schultz Navarro realizó una exigencia económica a la Cooperativa por su intervención ante la Superintendencia. Ese dinero, asegura la Corte, tenía como destino el financiamiento de su campaña política. También habría solicitado porcentajes de los nuevos contratos suscritos por la compañía.
El alto tribunal logró probar que el entonces senador de la U habría utilizado la posición de su cargo para cumplir con intereses particulares y llevar a cabo las solicitudes que le habrían requerido desde la cooperativa.
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